0168/2020-S3

Además, la autoridad hoy demandada, al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico 005/19 lesionó sus derechos:

1. a)A ser oído por una autoridad competente, encontrándose viciado de nulidad todo el proceso por actuar las autoridades administrativas sin competencia, puesto que en su recurso jerárquico señaló haber cumplido con normalidad su jornada laboral, sin que en ese periodo se produzca falta disciplinaria alguna, en razón que no existía prueba que indique que su persona condujo el motorizado del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes. En ese sentido, no correspondía una sanción administrativa al no adecuarse el hecho a una tipificación en esa materia; empero, la autoridad ahora demandada no aplicó correctamente la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y demás normativa vigente, que determinan que existe responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta del servidor público, y no así el área, penal, civil o ejecutiva, que tienen mecanismos propios; así también, omitió sus argumentos, indicando que los descargos presentados no eran suficientes para desvirtuar los documentos emitidos por la Policía Boliviana, pese que los hechos fueron suscitados en horarios no laborables, razón por la que no se adecúan a responsabilidad administrativa disciplinaria; por ende, la Alcaldesa hoy demandada debió revocar la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 01/19 y ordenar la remisión de antecedentes al Ministerio Público por la presunta comisión de un delito;
2. b)Al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, puesto que:
3. 1)En su recurso jerárquico señaló doce agravios contra la citada Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa; sin embargo, la autoridad ahora demandada, respecto a los "incs. a), b),
4. c)y d)" de ese recurso, indicó que la falla mecánica del vehículo con placa de control 3766-RXR no se constituye en fundamento de inicio para el proceso administrativo interno, por lo que la valoración de la prueba presentada al respecto no es pertinente; consiguientemente, no consideró que esos incisos forman parte de sus denuncias contra la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 01/19, lesionando con ello su derecho a la defensa, debido a que justamente denunció la falta de correcta valoración de las pruebas aportadas en función al principio de verdad material; y, 2) Respecto a los "incs. e), f), g) y h)" de su recurso jerárquico, que versaban sobre la inconsistencia e ilegalidad de los documentos emitidos por la Dirección Regional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de El Alto del departamento de La Paz dependiente de la Policía Boliviana, solicitados por el Asistente Legal del Área de Mantenimiento de Parque Automotor del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la Alcaldesa hoy demandada indicó que la prueba presentada no desvirtuaba los cargos determinados por la Autoridad Sumariante con relación a la documentación emitida por la referida institución policial. En ese sentido, no es viable que su persona pueda desvirtuar documentos e informes de la Policía Boliviana, puesto que el proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que se vio limitado a remitirse a los hechos, solicitando que con base en la sana crítica, las autoridades administrativas consideren las irregularidades denunciadas por su persona; sin embargo, transgrediendo su derecho a la presunción de inocencia, estas dieron por bien hechas las actuaciones policiales, limitándose a señalar que no logró desvirtuar los mencionados documentos, desconociendo las atribuciones del Ministerio Público; c) Al "principio de congruencia" y preclusión; primero, al señalar en cuanto a los "incs. i), j) y k)" de su recurso jerárquico, que no evidenció daño económico a la entidad pero sí moral, en virtud a la transmisión emitida por la Red UNITEL el 8 de octubre de 2019, contraviniendo el art. 104 inc. g) del Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Respecto a ello, si no existía daño económico no podía señalarse la existencia de uno civil. Igualmente, denunció que el criterio de daño moral era subjetivo, por ende, al utilizar ese razonamiento para sancionarlo, se incurrió en la vulneración al principio de seguridad jurídica, al margen de no haberse considerado la legalidad o no del video, puesto que meses después, el Ministerio Público recién realizó un examen pericial. La autoridad ahora demandada tampoco emitió pronunciamiento alguno con relación a que dicha Red televisiva es un medio "amarillista" y, por consiguiente, no podría considerarse esa prueba para imponerle una sanción que transgrede su derecho al trabajo. En ese orden, también existe falta de tipicidad respecto a la acción u omisión administrativa de la que se lo acusa, al reiterarse el contenido del fallo impugnado por recurso jerárquico, basándose la Resolución de última instancia, únicamente en el art. 104 inc. g) del citado Reglamento Interno, sin especificar qué norma en concreto hubiera infringido. En conclusión, no fueron considerados cada uno de los agravios expuestos, sino que la autoridad hoy demandada transcribió los antecedentes, asumiendo la decisión de revocatoria de la Resolución impugnada sobre la base de criterios subjetivos alejados de la verdad material. Segundo, de manera totalmente atentatoria a sus derechos y aplicando incorrectamente el ordenamiento jurídico vigente, la Alcaldesa ahora demandada revocó la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 01/19, que lo sancionaba con una suspensión de treinta días hábiles, confirmando la destitución dispuesta por la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/249/18, con el argumento que la sanción impuesta por el último fallo emitido, no era proporcional a la falta cometida por su persona;
5. d)A la presunción de inocencia por sancionarlo directamente, considerándolo en todo momento culpable del delito que se le imputa, el cual aún se encuentra en etapa de investigación;
6. e)Al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, considerando que mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2019, ofreció seis pruebas para ser consideradas por la autoridad jerárquica, quien decidió no tomar en cuenta la documental descrita en el numeral 1, al no constituirse en un nuevo elemento, argumentando que ya fue valorada dentro del proceso administrativo interno. Sobre las pruebas consignadas en los numerales 2 y 3 del indicado memorial, señaló que no son pruebas idóneas para desvirtuar la documentación proporcionada por la Policía Boliviana respecto al hecho ocurrido;
7. f)A la defensa, en virtud a que al momento de interponer su recurso jerárquico, se basó únicamente en los argumentos agraviantes de la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 01/19; empero, la autoridad hoy demandada confirmó la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/249/18, dejándolo en estado de indefensión al crear confusión e incertidumbre por retrotraer el proceso a una etapa que ya fue resuelta por la autoridad competente, privándolo de presentar descargos o pruebas contra ese fallo, e imponiéndole una sanción más gravosa e incumpliendo lo establecido por el art. "64.II" de la LPA; y,
8. g)Al trabajo y derechos conexos como ser, a la alimentación, a los servicios básicos, a la seguridad social y a la educación, por agravar la sanción de suspensión por treinta días hábiles, modificándola a destitución del cargo, por lo que se encuentra sin una fuente laboral que le brinde estabilidad, tanto a él como a su familia. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia:

1. i)Se anule la Resolución de Recurso Jerárquico 005/19 de 6 de mayo de 2019, disponiendo que la autoridad ahora demandada pronuncie una nueva que cumpla las garantías constitucionales y sea en función al contenido del recurso jerárquico presentado por su persona; y,
2. ii)Se ordene el pago de costas.