Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0170/2019-CA Sucre, 22 de julio de 2019
Expediente: 29784-2019-60-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución Disciplinaria 057/2019 de 3 de julio, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Gustavo Iván Espejo Espejo, demandando la inconstitucionalidad del art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por ser presuntamente contrario al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 24 de junio de 2019, cursante de fs. 14 a 17, el accionante argumentó que, el 12 de octubre de 2018, dentro del proceso extraordinario de interdicto de obra nueva perjudicial, los demandados Lucio Paz Huanca y Plácida Chuquimia Meave demandaron la sustracción de un documento presentado por los demandantes David Chuquimia Chávez y Norah Tomasa Quicaña Patiño; por lo que, emitió el proveído de 15 de igual mes y año, transcurriendo aproximadamente seis meses desde que su persona tomó conocimiento de lo sucedido. En enero de 2019, David Chuquimia Chávez formuló denuncia disciplinaria en su contra ante la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, concluyéndose de la investigación realizada que su persona cometió la falta inserta en el art. 187.2 de la LOJ, y no promovió acción disciplinaria contra el Secretario-Abogado de su despacho estando presuntamente en conocimiento de una falta grave cometida por el mismo; sin embargo, no puede identificar al personal subalterno responsable, debido a que este aspecto fue corroborado recién el 5 de junio de igual año por el actual Secretario-Abogado, existiendo falta de precisión en la norma señalada para determinar el tiempo en el que puede efectuar la correspondiente denuncia, debiendo en todo caso, tomarse en cuenta el plazo de dos años para la prescripción de la acción disciplinaria estipulada en el art. 207.I de la indicada Ley.
El art. 187.2 de la LOJ, refiere que: "Son faltas graves y causales de suspensión cuando: (...) No promueva la acción disciplinaria contra su personal estando en conocimiento de alguna falta grave..." (sic); tipificación que no resulta completa; dado que, si bien el artículo menciona en su contenido el verbo nuclear no denunciar, no es claro ni preciso respecto a la temporalidad en la que se debe promover la aludida acción disciplinaria; por lo que, no cumple con los elementos de la tipicidad que toda norma jurídica debe contener para ser materializada, tal como la conducta sancionable descrita de forma específica y precisa que determine el momento en el que se perfeccionaría la nombrada falta disciplinaria, lo que no permite una correcta correlación entre la conducta y la sanción.
En ese sentido, el artículo impugnado no observa los principios de legalidad, taxatividad y tipicidad; así, respecto al primer principio, la , indica que está conformado por varios sub principios como el de taxatividad que implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas, y el de tipicidad, que conlleva la obligación que tienen los jueces y tribunales de aplicar la ley sustantiva, enmarcando la conducta del imputado en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en una calificación errónea que afecte el debido proceso y devenga en un defecto absoluto e insubsanable; asimismo, la con relación a la , en cuanto a los principios de taxatividad y tipicidad, refiere que el primero emerge del principio de legalidad y exige que las conductas tipificadas como faltas disciplinarias sean descritas de forma que generen certeza sobre el acto o conducta sancionada y la sanción impuesta, caso contrario, implicaría que las autoridades encargadas de aplicar el precepto creen el tipo para adecuarlo a la conducta procesada, lo que no coincide con los principios de:
- a)Legalidad, entendido como un principio fundamental del Derecho Público, según el cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley, constituyéndose Bolivia como un Estado social, unitario y de derecho plurinacional; enfatizando la SC "0062/2002" -lo correcto es 0060/2015 que cita a la - que: "...el carácter material del principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos y las ciudadanas por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas o sanciones ya sean privativas de la libertad o administrativas o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades respectivas (, )" (sic); y,
- b)Debido proceso que se encuentra garantizado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que estipula: "I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones".
En ese orden, la Ley del Órgano Judicial no establece -en el artículo impugnado- el límite de tiempo que se tiene para denunciar las faltas graves cometidas por el personal subalterno, resultando ser una norma incompleta la que motivó la apertura del proceso disciplinario seguido en su contra, pretendiéndose que "...este inconsulto texto..." (sic) sea aplicado al presente caso, pero su consecuencia será nefasta por lesionar derechos constitucionales.
Razones por las cuales pide que la acción de inconstitucionalidad concreta planteada contra el art. 187.2 de la LOJ, sea admitida, promovida y remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo correrse traslado a "...la representación Distrital Consejo de la Magistratura..." (sic) de La Paz.
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