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TCP

0170/2019-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de junio de 2019
Resumen del caso

Auto 0170/2019-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0170/2019-RCA Sucre, 10 de junio de 2019

Expediente: 28996-2019-58-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 119 de 17 de abril de 2019, cursante de fs. 173 a 174 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abel Ibarra Anachuri contra José Luis Eder Ávila Pérez, Juez Público de Familia Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 16 de abril de 2019, cursante de fs. 168 a 171 vta., el accionante señala que, durante veintitrés años, quedó inactiva una demanda de asistencia familiar seguida en su contra por Dora Valencia Condori a favor de su hijo Luis Fernando Ibarra Valencia, quien transcurrido ese tiempo ya contaba con veinticuatro años de edad, con suficiente capacidad para obrar por sí mismo, habiendo cumplido la mayoría de edad el 3 de noviembre de 2010, el mismo no se apersonó ni prosiguió con la demanda de asistencia familiar, sino hasta el 3 de octubre de 2017, pidiendo a través de su madre la readecuación del proceso y la prosecución del mismo.

Posteriormente, se dictó la Sentencia 150/17 de 12 de diciembre de 2017, disponiendo la cancelación de Bs200.- (doscientos bolivianos) desde el 7 de enero de 1994 al 19 de noviembre de 2014, y a partir de dicha fecha la suma de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) hasta el 3 de noviembre de 2017, a favor de su hijo.

Agrega que, por Auto de 14 de agosto de 2018, fue intimado a cancelar la suma de Bs61 679.- (sesenta y un mil seiscientos setenta y nueve bolivianos), por lo que se encuentra privado de libertad en la Cárcel Pública de Montero.

Resalta que, en la Sentencia 150/17, dictada por el Juez de la causa, se omitió realizar una pormenorizada valoración de la prueba, transgrediendo flagrantemente el debido proceso, por cuanto, no estableció de oficio la concurrencia de la prescripción de asistencia familiar, apartándose de los lineamientos de la . Además, de no considerar que Luis Fernando Ibarra Valencia adquirió la mayoría de edad el 3 de noviembre de 2010 y que el cómputo de la prescripción empezó la indicada fecha, determinándose que la obligación de pago de asistencia familiar prescribió el 3 de noviembre de 2015, haciendo viable sancionar la inacción de la parte a quien le correspondía accionar.

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