Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0171/2019-CA Sucre, 22 de julio de 2019
Expediente: 29798-2019-60-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca
En consulta la Resolución 196/2019 de 1 de julio, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Julián Laime Flores, Vicente Flores Romero y Vicente e Hilarión ambos Zamata Velásquez, demandando la inconstitucionalidad del art. 10.II inc. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, por ser presuntamente contrario a los arts. 13.I, 14.II y III, 120, 179.II, 191.I y II.2, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3.1, 8.1, 9.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; 8.1, 24 y 29 la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, XXI.2, XXII.1 y 2 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 17 de junio de 2019, cursante de fs. 9 a 16 vta., los accionantes refieren que interponen la acción de inconstitucionalidad concreta dentro del proceso penal instaurado en su contra, en el cual formularon apelación incidental contra las Resoluciones del Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de Chuquisaca, que denegó su pedido de declinatoria de competencia en razón de territorio a favor de la justicia indígena originario campesina de la Nación Qhara Qhara, Marka Quila Quila, Ayllu Licopaya Talula, del mencionado departamento, recurso que estaría pendiente de sorteo y resolución, el cual dependerá de la inconstitucionalidad del art. 10.II inc. a) de la LDJ.
Señalan que, el art. 179.II de la CPE, establece que la justicia indígena originario campesina y la jurisdicción ordinaria gozan de igual jerarquía, pero la utilización del art. 10.II inc. a) de la LDJ, vulnera el mencionado precepto constitucional, al excluir una cantidad de delitos del conocimiento de la justicia indígena originario campesina, poniendo por encima a la justicia ordinaria, afectando esa igualdad constitucionalmente ordenada, generando e introduciendo en la legislación este procedimiento diferente absolutamente contrario a la Norma Suprema, cuando la misma prohíbe taxativamente ese tipo de tratamiento, conforme a los arts. 14.II y III, y, 256 de la CPE; y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Indican que, la utilización del art. 10.II inc. a) de la LDJ, es contraria al art. 191.I y II.1 de la CPE, ya que la misma prevé que la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sin exclusiones relativas a la naturaleza de los delitos, aspecto inconstitucionalmente introducido por la norma infra constitucional contenida en el artículo impugnado, impidiendo que la JIOC juzgue determinados delitos, sin considerar que por primacía constitucional establecida en el art. 410 de la Norma Suprema, todas las personas, órganos públicos y funciones públicas se encuentran sometidos a la Constitución Política del Estado que goza de primacía frente a cualquier otra disposición infralegal.
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