Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2019-S4 Sucre, 25 de abril de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 25911-2018-52-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 06/2018 de 3 de octubre, cursante de fs. 85 a 96 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fely Marizol Pinto Gonzáles por sí y en representación legal de Nereo Pinto Muñoz contra Pio Gualberto Peredo Claros Vocal de la Sala Civil Segunda y Elisa Sánchez Mamani, Vocal de la Sala Mixta, Civil y Familiar, Niñez y Adolescencia ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 25 de julio de 2018, cursante de fs. 9 a 18, la parte accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su padre, de buena fe, permitió que Osvaldo Alfredo Lavayen Mendoza y Ana María del Carmen Pinto de Lavayen, vivieran en un inmueble de su propiedad; sin embargo, extrañamente el mismo apareció como transferido en su favor mediante una supuesta escritura de 8 de mayo de 1993, otorgada por el Notario de Fe Pública, Iván Decker Molina y aparentemente registrado en Derechos Reales (DD.RR.) de Cochabamba, a fojas y partida 1140 de 18 de igual mes y año; por lo que, en uso de los derechos que les asisten, por memorial de "...17 de mayo de 2017..." (sic), impetraron a la autoridad jurisdiccional la tramitación de una diligencia preparatoria de demandada; pretensión que obedeció principalmente, por una parte, a la certificación emitida por la Notaria de Fe Pública 13, María Rosario Foronda de Trigo, el 28 de junio de 2016, señalando que la escritura de 8 de mayo de 1993, no se encontraba a su cargo; y por otra, a que la oficina de DD.RR.; respondiendo a la orden judicial de extender copia legalizada o segundo testimonio del documento convertido a escritura, se negó a hacerlo, toda vez que el archivo, correspondía a una escritura y no a un documento público; de donde se infiere que no se tenía conocimiento certero e indubitable de las condiciones en las cuales los poseedores ostentaban un registro de propiedad.
En tal sentido, en la diligencia preliminar se solicitó expresamente que los precitados:
- a)Prestaran declaración jurada sobre los hechos referidos a su personalidad;
- b)Expresaran a qué título poseían el inmueble 211 tipo C y el lote de terreno de 312,87 m2, ubicados en la integrante del Plan 64, manzana H, urbanización "SARCO" de la ciudad de Cochabamba; y,
- c)Exhibieran y presentaran ante la autoridad jurisdiccional todos los títulos, planos, registros catastrales, documentos privados o minutas originales, que acrediten su supuesto derecho propietario o posesorio; sin embargo y no obstante a la claridad de los argumentos expuestos, la Jueza a cargo del procedimiento, requirió que previamente se diera cumplimiento a lo previsto por el art. 110 numerales 3 y 4 del Código Procesal Civil (CPC), estableciendo con exactitud el domicilio de la parte actora y generales de los demandados, así como la identificación de la futura demanda civil que se pretendería, debiendo señalar la declaración jurada con términos claros y positivos, indicando cuál hecho relativo a la personalidad requería aclaración.
El "...5 de junio de 2017..." (sic), mediante memorial de la fecha, se subsanaron las observaciones formuladas por la Juzgadora; empero, por Auto de 14 de igual mes y año, a través de una equivocada apreciación, la autoridad jurisdiccional, tuvo por no presentada la demanda, argumentando que no se habían cumplido a sus exigencias y que el argumento de la petición, no se adecuaba a la esencia de la medida preparatoria intentada; decisión contra la cual, al ser escasa en su fundamentación, contradictoria e ilegal en la apreciación y aplicación de la norma, formuló recurso de apelación el 27 del referido mes y año, argumentando que la determinación objetada, fundó su rechazo en una de las medidas solicitadas, omitiendo considerar y pronunciarse respecto a las otras diligencias impetradas que formaban parte de su pretensión, vulnerándose sus derechos de acceso a la justicia pronta y oportuna, a la petición, a las decisiones judiciales congruentes y fundamentadas, al debido proceso y a la seguridad jurídica; sin embargo, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 23 de enero de 2018, incurrió en los mismos yerros.
La indicada Resolución, no reunió las condiciones de validez de una decisión debidamente fundamentada y motivada, puesto que no se emitió criterio respecto a los derechos alegados como lesionados, así como tampoco sobre los agravios denunciados en apelación, referidos a que la inferior, omitió manifestarse sobre dos de las medidas preparatorias; introdujo elementos y valoraciones antojadizas sobre la aclaración de la personalidad y no consideró todas las pretensiones formuladas; además, el Tribunal de alzada tampoco señaló la norma expresa que posibilitaba el rechazo de la totalidad de las medidas impetradas, incurriendo en incongruencia al no haberse pronunciado sobre otros aspectos que no fueron parte de la impugnación, intentando por el contrario, subsanar la deficiencia motivación de la Jueza de la causa, sin motivar su determinación en derecho y estableciendo conclusiones improcedentes y contradictorias que no guardan relación con los antecedentes de la demanda y los presupuestos señalados por las partes.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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