Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0171/2026-RCA Sucre, 28 de abril de 2026
Expediente: 83516-2026-168-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 11 de 25 de febrero de 2026, cursante de fs. 279 a 280, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Antonio Durán Solares contra Yoany Karen Ojeda Gabriel, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera; José Orlando Rojas Baspineiro, Juez de Instrucción Penal Primero, ambos de Cotoca; Gary Porras Patzi, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero todos del departamento de Santa Cruz; Ricardo Zegarra Coca, "juez de San Julián"; Jessyca Ruth Chávez Veneros, Ángela Rocío Medrano Urizar, Luis Alberto Torres Ramos, Fiscales de Materia; Grover Mamani Villca y Juan Carlos La Fuente Cabrera ambos funcionarios policiales.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 27 de enero, 24 y 25 de febrero de 2026, cursantes de fs. 221 a 229; 245 a 254; y, 268 a 278, el accionante manifestó que el 30 de julio de 2025, un contingente de siete funcionarios policiales y Jessyca Ruth Chávez Veneros, Fiscal de Materia -ahora demandada-, exhibiendo un mandamiento de allanamiento otorgado por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz se apersonaron a su domicilio, para efectuar el allanamiento, requisa y secuestro de vehículos, actos que jamás fueron puestos a conocimiento del Juez de la causa. Alega que, el mandamiento de allanamiento de domicilio fue emitido de forma ilegal y sin competencia; pues, correspondía ser emitido por un juez de instrucción y debía ser ejecutado por la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) y no por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), en el bien inmueble ubicado en el barrio Santa María y no en el barrio Nuevo Amanecer como ocurrió.
Refiere que, al momento del allanamiento y requisa de su vivienda los funcionarios policiales sustrajeron las llaves de su vehículo, procedieron a su detención y requisa personal, secuestrando su teléfono celular, para posteriormente trasladarlo al galpón donde tiene su procesadora de alimentos balanceados, manifestado que procederían al secuestro de todas las motocicletas robadas que se encontrarían al interior, una vez al interior del galpón, al no encontrar ninguna motocicleta procedieron a desmontar la memoria de sus cámaras y su posterior secuestro, le trasladaron al municipio de Cotoca, procediéndose al inicio de investigación en el Juzgado de Instrucción Penal Primero del citado municipio, el cual fue ampliado por un plazo de sesenta días; sin embargo, éste declinó competencia remitiéndose el legajo procesal ante el "Juez de San Julián". Asimismo, el 2 de diciembre de 2025, se emitió el requerimiento conclusivo de rechazo de la denuncia, el cual fue puesto en conocimiento del Juez de la causa quien "hasta la fecha" no habría emitido pronunciamiento homologando el rechazo; por cuanto, su persona continúa sometido a un proceso penal y sus bienes permanecen secuestrados.
Refiere que, ante las vulneraciones al debido proceso vinculado a la privación de su libertad, persecución indebida y el sometimiento ilegal a un proceso penal, el 22 de enero de 2026 interpuso acción de libertad contra los funcionarios policiales, Fiscales de Materia y Jueces; la cual, debía ser conocida por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera del departamento de Santa Cruz; sin embargo, al encontrarse la referida Jueza con baja médica, su acción de defensa fue remitida ante el Juez de Sentencia Penal Primero del mismo departamento, quien, mediante Auto "09/26" remitió a su vez, la acción de libertad ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Cotoca, autoridad judicial que emitió el mandamiento de allanamiento que habría dado origen al allanamiento de su domicilio, su aprehensión, persecución indebida y sometimiento ilegal al proceso penal; por cuanto, una vez notificado con el referido Auto se trasladó al municipio de Cotoca, lográndose comunicar con el Secretario de dicho Juzgado, quien le informó que no recibieron ninguna acción de libertad.
I.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerado
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