Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2026-S1 Sucre, 25 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de Libertad
Expediente: 80753-2026-162-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 21/2025 de 18 de diciembre de 2025, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosita Illescas Noriega en representación de sin mandato de AA y BB contra Dally Teresa Guzmán Montero, Responsable; "Rozana" Méndez Lijerón y David Carreño Alpire, funcionarios, todos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante por memorial presentado el 15 de diciembre de 2025, cursante de fs. 7 a 9 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de tía paterna -hermana del padre de las menores de edad AA y BB- las llevó a vivir con ella al municipio de San Ignacio de Velasco del departamento Santa Cruz, contando con el consentimiento del hermano de la madre fallecida y de la pareja del nombrado, manteniéndolas bajo su tutela y cuidado sin conflictos previos; y, a pesar de ello, la Responsable hoy accionada, ejecutó medidas de hecho consistentes en la retención de las menores de edad dentro de las instalaciones de la dicha entidad municipal, sin contar con facultad legal para ello.
Relató que, tomó conocimiento de la existencia de una denuncia por la presunta comisión del delito de sustracción de menor o incapaz presentada por David Carreño Alpire; por lo que, la tía paterna de la menores de edad se apersonó junto a sus sobrinas ante la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, y sostuvo entrevista con la Responsable ahora accionada, quien -según afirmó- de manera arbitraria e ilegal dispuso que las menores de edad permanecieran dentro de las instalaciones de la referida entidad municipal, impidiendo su salida y exigiéndole que abandonara el lugar bajo amenaza de llamar a la Policía Boliviana a efectos de proceder a la entrega de las niñas al funcionario ahora coaccionado. Indicó que, consultó si existía orden judicial o fiscal que respalde la retención, recibiendo como respuesta verbal que se hubiese comunicado con la familia y que debía entregar a las menores de edad AA y BB a otro tío; no obstante, aproximadamente a las 10:00 horas se apersonó, junto a su abogado a dependencias de la DNA para solicitar la entrega inmediata de las referidas menores y exigir que se abstuvieran de ejecutar medidas de hecho sin sustento legal; sin embargo, afirmó que no obtuvo respuesta coherente ni lícita, siendo impedida de ingresar o comunicarse con sus sobrinas.
Señaló que la Responsable ahora accionada mantuvo retenidas a las menores de edad desde las 16:00 horas del 11 de diciembre de 2025, sin contar con orden judicial ni fiscal que justificara dicha actuación, alegando falsamente haber coordinado con la Fiscal de Materia, cuando en realidad solo existirían medidas de protección dentro de un proceso penal ajeno a la guarda o tenencia, materia que -según sostuvo- correspondía exclusivamente al "Juez de la Niñez y Adolescencia", finalmente manifestó que esas actuaciones constituyeron medidas de hecho destinadas a la entrega de las niñas al funcionario hoy coaccionado.
I.1.2. Derechos, principio y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso, a la integridad física y psicológica, a la protección de la familia y a la prohibición de separación arbitraria, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a la igualdad y no discriminación, así como la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 14, 15, 23, 58, 59, 60 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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