0173/2019-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0173/2019-CA Sucre, 23 de julio de 2019

Expediente: 25160-2018-51-CCJ Conflicto de competencias jurisdiccionales Departamento: Chuquisaca

El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Genaro Mamani Ibarra, Cacique del Concejo de Caciques y Ayllus San Lucas-Payaqullu, Comisión Tierra y Territorio de la provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca; y, el Juez de Sentencia Penal Primero -ahora Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal- de Camargo del mismo departamento.

I. SÍNTESIS DEL CONFLICTO

I.1. Argumentos jurídicos del conflicto

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2018, cursante de fs. 104 a 110; y, de 15 de mayo de 2019 de fs.205 a 206 vta., Genaro Mamani Ibarra, Cacique del Concejo de Caciques y Ayllus de San Lucas- Payaqullu, Comisión Tierra y Territorio de la provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca, refiere que el 4 de julio de 2017, Eva Avila Oropeza, interpone querella y acusación particular contra Gumercinda Maraza Bautista, por la supuesta comisión del delito de daño simple, aduciendo que la querellante y su conviviente Miguel Maraza Bautista, adquirieron pequeños terrenos ubicados en "Huerta Cucho", "Llacta Chimpa" y "Calbaroyoc Pampa", de la comunidad Tambo "Mok'o", sembrando ciento cuarenta plantas de pino y setecientos cincuenta de durazno, manzana y maíz, habiendo la denunciada estropeado setenta plantines y sus ovejas dañaron la totalidad de los arbolitos de manzana y durazno, hechos que se habrían suscitado en los periodos de septiembre de 2016 a enero de 2017; y, del 7 al 27 de junio de 2017. Radicada la causa en el Juzgado de Sentencia Penal Primero -ahora- Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del nombrado departamento, el 9 de agosto del señalado año, se llevó a cabo una audiencia de conciliación, en la que se indicó en sus partes más importantes que el asunto debía ser solucionado al interior de la comunidad Tambo "Mok'o".

El 26 de junio de 2018, solicitó al Juez de la causa la declinatoria de competencia; alegando que el terreno de "Huerta Cuchu", al que hace referencia la querellante como bien ganancial, fue objeto de una demanda de nulidad del documento respecto a dicho predio ante el Juez Agroambiental de Nor y Sur Cinti del aludido departamento; a pesar de ello, faltando a la verdad y con deslealtad Eva Ávila Oropeza inició la demanda penal en cuestión; puesto que, no tomó en cuenta que el asunto de "Huerta Cucho" fue solucionado mediante las actas de 10 de agosto de 2015, 10 de junio, 29 de julio y 25 de agosto todos de 2016, celebradas por las autoridades indígenas de la comunidad Tambo "Mok'o", conflicto que fue solucionado de acuerdo a sus normas internas, que son irrevisables y de cumplimiento obligatorio reconociéndose como poseedores a Sabina Torres e Ilarión Gómez Bautista. En cuanto al conflicto de los terrenos de "Llacta Chimpa" y "Calbaroyuc Pampa", fue sometido a conocimiento de las autoridades indígena originario campesinas de la nombrada comunidad.

El proceso penal de daño simple, es una cuestión que desde tiempos inmemoriales se resolvió dentro la nombrada Comunidad, debiendo considerar que los terrenos en cuestión corresponden a tierras comunitarias de origen; es así que el 25 de junio de 2018, Gumercinda Maraza Bautista, pidió que sea sometido el asunto a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC). Con relación ámbito territorial, los hechos que sirvieron de base para el inicio del proceso penal, tiene que ver con el dominio ancestral de su territorio, el cual se produjo dentro de su jurisdicción; en cuanto al ámbito personal tanto la demandante como la denunciada, son integrantes de la nombrada comunidad indígena de Tambo "Mok'o", Zona Llacta Chimba, Ayllu Llacta Yucasa, Marca Payaqullu, Nación Qhara Qhara, municipio de San Lucas del departamento de Chuquisaca; y, respecto al ámbito material, el supuesto hecho de daño simple, está vinculado únicamente al proceso de hacer prevalecer los derechos colectivos de los ayllus, es decir los conflictos de sembradíos, plantaciones y cosecha de maíz, históricamente fueron solucionados al interior de la Comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres, cumpliendo de esa manera con el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-.

I.2. Petitorio