Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2019-S3 Sucre, 16 de abril de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 25896-2018-52-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/18 de 5 de octubre de 2018, cursante de fs. 370 vta. a 374, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María José Cabrera Antelo en representación legal de la empresa Agropecuaria El Encanto Sociedad Anónima (S.A.) y Aldo David Alvarado Roca contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la acción Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 186 a 203; los accionantes a través de su representante señalaron que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del procedimiento de saneamiento efectuado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del predio "El Encanto", se dictó la Resolución Suprema 18328 de 10 de mayo de 2016, contra la cual Adolfo Efner Cerruto Salazar y Osvaldo Ribera Gutiérrez interpusieron demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, una vez admitida la misma se apersonó la empresa Agropecuaria El Encanto S.A., poniendo en conocimiento de ese Tribunal su derecho propietario sobre el predio "Santa Elena" de 2139,7400 ha, que adquirió de Donald Justiniano Alcántara, mediante minuta de compra venta de 8 de mayo de 2009, quien a su vez compró de Salvador Zarzar Sabja por contrato de 7 de agosto de 1990, beneficiario inicial y primigenio del Título "380266" dentro del expediente de dotación agraria signado con el número 15414, que quedó anulado ilegalmente mediante la Resolución Administrativa impugnada en la demanda contenciosa administrativa. Posteriormente se emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 05/2018 de 27 de marzo, que declaró probada en parte la demanda; en consecuencia, nula la Resolución Administrativa impugnada; sin embargo, no tomó en cuenta y pasó por alto sin fundamentación ni criterio congruente la ilegal anulación del Expediente 15414 "Santa Elena", que es la base de las 2139,7400 ha que compró la empresa Agropecuaria El Encanto S.A. y no consideró el derecho posesorio que le asiste a Aldo David Alvarado Roca, quien obtuvo el predio "San Ramón" de una persona distinta a Osvaldo Ribera Gutiérrez; ambas fracciones se encuentran comprendidas dentro del terreno "El Encanto" que abarcó en su análisis la Resolución Suprema impugnada. La Sentencia cuestionada determinó claramente que el Informe Técnico Legal JRLL-SCN-INF-SAN 121/2015, fue elaborado al margen de toda competencia por lo que fue anulado; empero, los defectos de dicha anulación benefician únicamente al Expediente 17301, antecedente agrario de la parte que correspondía a Freddy Chávez Landa y no así al Expediente 15414 con antecedente en la Resolución Suprema 14776 de 23 de octubre de 1968, por tratarse de un antecedente agrario de Osvaldo Ribera Gutiérrez, de quien se evidenció el incumplimiento de la Función Económica Social (FES) y falta de posesión por este mismo o de manera conjunta con Freddy Chávez Landa; en esa circunstancia, las autoridades codemandadas no encontraron vulneración de la Disposición Final Décima Cuarta de la Ley 1715, modificada por el art. 42 de la Ley 3545, de los arts. 320.I, 321.I, 331.I inc. c) y 334 del Decreto Supremo (DS) 29215, sobre nulidades relativas y absolutas de los títulos ejecutoriales. El INRA, durante el proceso de saneamiento en ningún momento identificó a Osvaldo Ribera Gutiérrez como beneficiario del Expediente 15414, ya que el titular de tal título era Salvador Zarzar Sabja, que después vendió a Donald Justiniano Alcántara y este posteriormente transfirió el predio a Agropecuaria El Encanto S.A., actual propietario; por lo que, aducir que en dicho predio no se identificó la FES ni posesión por parte de Osvaldo Ribera Gutiérrez, resulta una incongruencia total, ya que dicha persona nunca podría haber acreditado posesión y cumplimiento de la FES sobre un terreno que no era suyo, según la documentación ofrecida, por lo que la anulación efectuada recaía en una ilegalidad que abarca también los intereses de la agropecuaria, debiendo el Tribunal Agroambiental pronunciarse de manera fundamentada y congruente sobre este aspecto omitido o confundido en la sentencia agroambiental y conforme a una racional valoración probatoria que se extrañó en el fallo ahora impugnado. Por otra parte Aldo David Alvarado Roca, se apersonó al proceso contencioso, acreditando su derecho propietario sobre el predio "San Ramón", comprendido dentro de una fracción inmensa de "El Encanto", demostrando que ese derecho adquirió mediante la venta efectuada por persona distinta a Osvaldo Ribera Gutiérrez, y "Leigue" en calidad de vendedor, transfirió su derecho posesorio hace veinticinco años atrás a la fecha de transferencia, lo cual no fue valorado en absoluto, denotando una incongruencia omisiva que adquiere relevancia constitucional, ya que se deja en total desamparo sobre su predio, por un aspecto no considerado y en base a un error de derecho fundamental que hace a la falta de valoración de la prueba que presentó. Interpuesta la demanda contenciosa administrativa, la Sala "Segunda" -lo correcto es Primera- del Tribunal Agroambiental, era la llamada a velar por el control de legalidad y principalmente a ponderar y considerar todos los vicios de nulidad denunciados en la demanda a la cual se adhirieron los terceros interesados; empero, de forma incongruente y sesgada declararon probada en parte dicha pretensión, con fundamentos legítimos para una parte, los que no se cuestionan en la presente acción tutelar y lesivos en cuanto a sus derechos. En la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 05/2018, se señaló que Aldo David Alvarado Roca no efectuó mayores fundamentos limitándose a sostener su calidad de sub adquiriente, cuando de los documentos que arrimó se verifica que habría adquirido una fracción de la posesión de José Luis Leigue Hurtado, siendo ambas transferencias el 24 de julio de 2008 y 9 de mayo de 2009, en el fallo se indicó que con carácter previo a aprobar el informe de evaluación técnico jurídico se proceda a notificar a Freddy Chávez Landa, para realizar una inspección ocular únicamente en la superficie de 5733 ha, con el objeto de verificar la implementación de mejoras y el desarrollo de actividades productivas y en definitiva continuar con el proceso de saneamiento, lo que significa que a tiempo de reconducir solo se considere lo expresado, desconociendo otras áreas y propietarios o poseedores que cumplieron la FES, su condición de tercero interesado fue reconocido por el Tribunal Agroambiental, resultando incongruente señalar que las fechas de transferencia efectuadas no pueden generar derechos de acuerdo a lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), sin considerar:
- a)Que conforme a las declaraciones contenidas en las transferencias señaladas se determinó que la posesión del vendedor se habría iniciado por lo menos el año 1993 y conforme al art. 309.III del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, se considera la sucesión de la posesión a objeto de establecer la antigüedad, retrotrayendo a la del primer ocupante acreditado en documentos de transferencia de mejoras o de saneamiento; y,
- b)La arrogación de atribuciones de las autoridades hoy demandadas, considerando que de acuerdo a los arts. 64, 65 y 66 de la LSNRA, el saneamiento es el procedimiento administrativo destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria a cargo del INRA, sujeto a las regulaciones contenidas en el DS 29215 en cuanto a su ejecución, determinando las finalidades del mencionado procedimiento, siendo justamente que la legalidad o ilegalidad de las posesiones debe ser determinada dentro del proceso de saneamiento llevado a cabo por el INRA y no así dentro de un proceso judicial, si bien en función al control de legalidad que efectúa en ejercicio de sus atribuciones, puede efectuarse una labor interpretativa de las normas concernientes al caso puesto en su conocimiento, debiendo remitirse única y exclusivamente a las cuestiones planteadas en el proceso ni de forma ultra petita como en el presente, determinando la ilegalidad de la posesión, negando la posibilidad de intervenir dentro del proceso de saneamiento como corresponde, haciendo valer sus derechos y sea dentro de éste procedimiento que se determine su situación legal con referencia al predio denominado "San Ramón", vulnerando sus derechos. La empresa Agropecuaria El Encanto S.A., adjuntó documentación acreditando su calidad de propietario sub adquirido del predio "Santa Elena", que se encuentra dentro de "El Encanto" objeto de saneamiento, y que previa valoración de la documentación y argumentos expuestos se determinó su integración en el proceso contencioso administrativo como tercero interesado, y lo dispuesto en el fallo judicial, significaría que a tiempo de reconducir el proceso de saneamiento solamente se considere la implementación de mejoras y desarrollo de actividades productivas en una parte del mismo, desconociendo la existencia de otras áreas y otros propietarios o poseedores, que se encuentran desarrollando actividades productivas que hacen el cumplimiento de la FES y que debe ser considerada en el proceso de saneamiento por el INRA, el cual de asumir lo dispuesto en el fallo ahora impugnado excluiría la posibilidad de verificar la implementación de éstas, lo cual debió ser tomado en cuenta. De la lectura y revisión de los fundamentos del fallo emitido, se advierte que se debió anular todo el proceso de saneamiento hasta pericias de campo, a efecto de lograr una valoración integral de los expedientes y actores, al advertirse vicios insubsanables que afectan a todos los involucrados, y en el caso particular sobre la fracción comprada de Donald Justiniano Alcántara, ya que los demandados avalaron sin efectuar una valoración razonable, una anulación del expediente agrario primigenio por causales improcedentes no contempladas en la norma, incurriendo en "...irracionalidad de valoración probatoria..." (sic) haciendo caso omiso a la obligatoriedad legal y jurisprudencial de que prevalezca la verdad real y material frente a formalidades excesivas que restrinjan de manera sesgada dentro de un saneamiento viciado, siendo por ello una decisión judicial arbitraria que vulnera el derecho a una sentencia fundamentada y motivada. I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
La parte accionante por intermedio de su representante legal, consideró como lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes, congruencia, motivación, fundamentación de las resoluciones judiciales, valoración razonable de la prueba y aplicación objetiva de la ley, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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