Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 26758-2018-54-AL Departamento: La Paz Partes: Jaime Edmundo Palacios Salas contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, Elba Geovana Sanjinez Bernal, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirma la Resolución 115/2018 de 30 de noviembre, pronunciada por el Tribunal de garantías y deniega la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada; adoptando criterios que restringen el derecho de acceso a la justicia constitucional del accionante; y, desconociendo que goza de un trato preferencial y prioritario de forma reforzada en la atención de sus derechos fundamentales, toda vez que, se encuentra sometido a un doble factor de vulnerabilidad, por su condición de adulto mayor y de privado de libertad, tal cual se analizará en el presente Voto Disidente.
En todo caso, considero que debió REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto a la autoridad judicial demandada y DENEGAR con relación a la Fiscal de Materia codemandada, por falta de legitimación pasiva; conforme a los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante señaló como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, "a la seguridad", al debido proceso, a la igualdad y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, la autoridad judicial demandada, dispuso su detención preventiva con argumentos fútiles y deleznables, inobservando los principios in dubio pro reo, de favorabilidad y la jurisprudencia constitucional sobre el trato preferente de las personas adultas mayores; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo la restitución de su derecho a la libertad.
En consecuencia, correspondía determinar en revisión, si tales extremos denunciados eran evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, la debió analizar los siguientes aspectos:
- a)Presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo la subsidiariedad excepcional;
- b)La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores;
- c)Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional;
- d)Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores; y,
- e)Análisis del caso concreto.
II.1. Presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo la subsidiariedad excepcional
La jurisprudencia constitucional estableció la posibilidad de presentación directa de las acciones de defensa, tratándose de grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, mujeres embarazadas, pueblos indígenas originario campesinos, discapacitados, niños, niñas y adolescentes. Así, respecto a los primeros, debe considerarse que las personas adultas mayores gozan de una protección reforzada, conforme lo manda el art. 67 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que además de los derechos reconocidos en la Norma Suprema, tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Por su parte, el art. 68 de la misma Ley Fundamental, refiere que:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores (las negrillas son nuestras).
Cabe mencionar a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su artículo quinto señala:
Artículo 5.- Igualdad y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
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