Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0175/2019-S4 Sucre, 25 de abril de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 25885-2018-52-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 005/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 205 vta. a 216, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amalia Cruz Vera contra José Ramiro Guerrero Peñaranda, ex Fiscal General del Estado y Roger Fred Encinas Schoster, Autoridad Sumariante de la Fiscalía General del Estado-Fiscalía Departamental de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 31 de agosto de 2018, cursante de fs. 3 a 10 vta., la accionante, alegó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por cite FGE/DPVTMMP 436/2017 de 21 de agosto, el Director de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, efectuó la inspección del caso signado con el FISCBBA1500883 vinculado al proceso penal seguido contra Pacífico Zúñiga Romero, hoy tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, en el que hubiera identificado la comisión de faltas disciplinarias de su parte en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de Materia, en mérito de lo cual el Director del Régimen Disciplinario de dicha institución, por decreto 1084/2017 de 23 de agosto, remitió los antecedentes de solicitud de procesamiento ante Roger Fred Encinas Schoster, Autoridad Sumariante de la Fiscalía General del Estado, -hoy codemandado-, quien mediante Auto de Apertura de Proceso Disciplinario de 28 de agosto del mismo año, determinó el inicio de proceso sumario de oficio en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias graves previstas en los arts. 120.1 y 18; y, muy graves normadas en el 121.18 y 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-.
En el período de investigación del proceso disciplinario referido, Pacífico Zúñiga Romero, se apersonó ante la referida Autoridad, quien rechazó tal calidad bajo el argumento de que el proceso se había iniciado de oficio; sin embargo, el 29 de noviembre de 2017, se apersonó nuevamente y formalizó denuncia en su contra por las mismas faltas disciplinarias descritas; pretensión que fue admitida mediante decreto de 30 del mismo mes y año, resolviéndose acumular ambas denuncias -la de oficio y la de parte-, con el argumento de que no podría seguirse contra la misma Fiscal de Materia dos procesos por los mismos hechos en procura de evitar un doble juzgamiento, decisión que le fue notificada personalmente el 1 de diciembre de 2017; es decir, que se puso a conocimiento suyo la denuncia de parte, dos minutos antes de iniciarse la audiencia sumaria en su contra, acto en el que cuestionó dicho proceder; sin embargo, la Autoridad Sumariante se limitó a señalar que, de acuerdo al Reglamento del Régimen Disciplinario, no estaría previsto ningún recurso contra el Auto que admitió y acumuló la denuncia descrita y que la intención de la Autoridad Sumariante fue la de evitar "el non bis in ídem", por cuanto se dispuso que la nueva denuncia esté al estado del proceso sin que se modifiquen los hechos aperturados ni se amplíe la denuncia o se admita nueva prueba, procediendo a rechazar su solicitud, lo que lesionó su derecho a la defensa, en razón a que no se le dio la oportunidad de conocer los extremos de la denuncia de parte ni de interponer las excepciones que correspondían u ofrecer la prueba necesaria de descargo.
A través de Resolución Sumaria 40/2017 de 2 de diciembre, la Autoridad Sumariante la declaró:
- a)No responsable de la comisión de la falta muy grave prevista por el art. 120.1 de la LOMP, al no haberse demostrado "que el hecho no existió";
- b)Responsable por la comisión de la falta disciplinaria grave prevista por el art. 120.18 de la misma Ley, disponiendo la sanción del 7% de su haber mensual;
- c)No responsable por la comisión de la falta muy grave prevista por el art. 121.8 de dicha Ley, al no adecuar su conducta a todos los elementos constitutivitos del tipo disciplinario; y,
- d)Responsable por la comisión de la falta disciplinaria muy grave prevista por el art. "120.1" de la misma Ley -se infiere, art. 121.20 de la LOMP-, al haber subsumido su conducta a todos los componentes de la misma, disponiendo la sanción de destitución definitiva del cargo de Fiscal de Materia y su consiguiente retiro de la carrera fiscal.
En la citada Resolución, se expuso que, con relación a la falta disciplinaria muy grave prevista en el art. 121.20 de la LOMP, que sanciona la inactividad injustificada de actos investigativos por treinta días o más, que en el proceso penal de origen se dispuso requerimientos de designación de peritos a Lorena Cox Mayorga, el 11 de abril de 2016 y Gaby Torrico el 27 de junio de "2017" -se asume 2016-; por lo que concluyó que, no hubiere realizado ningún acto de investigación en el tiempo de cincuenta y cuatro días hábiles; por otro lado, de los testimonios de los testigos, aseveró que en el desempeño de sus funciones como Fiscal de Materia era muy responsable, eficiente y trabajadora, argumentos en mérito de los cuales se culminó sosteniendo que "no ha existido una fuerza sobrehumana que hubiese impedido que la investigación penal hubiese sido detenida" (sic); por ende, estaría demostrada la inactividad injustificada.
El 26 de febrero de 2018, interpuso Recurso Jerárquico contra dicha decisión ante el entonces Fiscal General del Estado, hoy demandado, denunciando no haberse emitido resolución enmarcada en la ley, en razón a que la Autoridad Sumariante no valoró ni realizó una verificación de todos los requerimientos emitidos durante el tiempo que supuestamente no se realizó actividad investigativa, centrándose dicha Autoridad únicamente a dos actos procesales como el de la designación de peritos, sin considerar los requerimientos a la FELCV EPI NORTE de 6 de mayo de 2016; el informe policial de 16 del mismo mes y año, que fue emitido como respuesta a su requerimiento verbal; y, la nota dirigida a Lorena Cox Mayorga, en calidad de perito, de 2 de junio de igual año, a objeto de que informe si la víctima se hizo presente en el gabinete psicológico, solicitando que, en función a lo previsto por el art 69 inc. d) del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, se determine la nulidad de la Resolución apelada.
A través de Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 041/2018 de 26 de marzo, el entonces Fiscal General del Estado, confirmó la Resolución del inferior, omitiendo pronunciarse sobre el motivo de agravio del Recurso Jerárquico, haciendo referencia únicamente a la denuncia de la falta descrita en el art. 121.20 de la LOMP; manifestando que la prueba presentada no fue convincente para que se constituya en justificativo de no haber promovido actos investigativos durante treinta días; es decir, que a criterio de la Autoridad Jerárquica no era idónea la prueba que señaló la carga laboral y que los informes de atención de casos no se encontraban respaldados por actuaciones procedimentales concretas; es decir, por resoluciones emitidas, actas de audiencias asistidas, declaraciones en comisión suscritas por autoridad fiscal jerárquica, certificados de incapacidad laboral por temas de salud, memorandos de designación de tareas específicas u otros que demuestren que durante el tiempo que se omitió realizar la actividad investigativa, materialmente se encontraba impedida de efectuar la misma; en consecuencia, a criterio de dicha autoridad, debió haberse encontrado imposibilitada de poder trabajar para justificar la no realización de actos de investigación, sin siquiera referir qué se entiende desde su perspectiva por acto de investigación cuando el rol de los Fiscales que representan al Ministerio Público, no se circunscribe única y estrictamente a la realización de actos de colección de elementos de prueba, sino también a la atención permanente y diaria de todo el despacho fiscal, extremo que también representa una forma de actuación y ejercicio de la acción penal pública, tales como requerimientos de informes verbales y escritos que solicitó al investigador asignado, a la FELCV EPI NORTE y Lorena Cox Mayorga como perito.
Los referidos extremos y actuaciones fueron fundamentados en el aludido Recurso Jerárquico; empero, conjuntamente la prueba y los antecedentes, no fueron analizados ni merecieron una respuesta en concreto, limitándose únicamente a exponer de manera retórica que la prueba no sería idónea para demostrar que existió impedimento; sin embargo, su intención no fue indicar ese aspecto, sino que siempre existió actividad investigativa, situación que fue radicalmente confundida por las autoridades disciplinarias; por ende, inobservaron el principio de congruencia externa como componente del debido proceso, al no haber resuelto los argumentos de la apelación, dejándole en estado de incertidumbre, por lo que, tomando en cuenta que el recurso jerárquico, conjuntamente la inicial decisión administrativa disciplinaria, se constituye en un mecanismo de defensa idóneo, la resolución del mismo no puede ser sustituido con la cita de supuestos subjetivos, ejemplos generalizados y argumentos que no fueron reclamados, conforme aconteció en el presente caso, provocando una motivación insuficiente que lesiona su derecho al debido proceso.
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