0176/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene:

1. a)Revoque la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR 168/20 de 20 de octubre de 2020 por existir falta de fundamentación motivación y congruencia;
2. b)La emisión de una nueva Resolución Fiscal disponiendo el cumplimiento de la SCP 0294/2019-S4 de 29 de mayo, ingresando al análisis de los elementos probatorios, además que se demuestre la prueba formalmente materializada "...con la verdad objetivamente judicialmente DE LA CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LAS FOTOCOPIAS LEGALIZADAS, que contenga una debida fundamentación, motivación y congruencia..." (sic); y,
3. c)La imputación formal del denunciado.

La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, y ampliándola manifestó que:

1. 1)Es importante tomar en cuenta de que la subsidiariedad dentro de esta acción tutelar fue cumplida, ya que interpusieron la misma contra la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR 168/20 que les fue notificado el 18 de noviembre de 2020, por lo que están dentro del término legal, considerando que dicha Resolución no deviene de ninguna clase de apelación o recurso de impugnación;
2. 2)De la lectura del informe del Fiscal Departamental de Santa Cruz así como de la presente acción de defensa, se pudo notar que existe tal vez una pretensión simple como es la entrega de una fotocopia, pero la misma es de vital importancia para el contribuyente que perdió su casa a través de la ejecución de una deuda Tributaria, por lo que se apersonó al Servicio de Impuestos Nacionales para solicitar mediante carta la entrega de fotocopias legalizadas de la documentación correspondiente a cincuenta y seis declaraciones juradas y cincuenta y seis folders;
3. 3)Se interpuso la acción de amparo constitucional por el incumplimiento del Servicio de Impuestos Nacionales, ya que en audiencia de 7 de noviembre del 2018 se concedió la tutela en cuya parte resolutiva establece: "...en consecuencia, se dispone de que Grandes Contribuyentes GRACO dependiente de Impuestos Nacionales en el plazo de tres días proporcione fotocopias legalizadas de la documentación solicitada correspondiente al contribuyente..." (sic);
4. 4)Como dice el Fiscal demandado, en la vía de la complementación se estableció de que los costos de esas fotocopias legalizadas corresponden al contribuyente, siendo cierto y evidente el mandato legal del Decreto Supremo 21113 que corresponde a la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que, ante la no entrega de esta documentación se interpuso una denuncia por el delito de incumplimiento a resoluciones de amparos constitucionales;
5. 5)Se agotó el Recurso de Queja para el cumplimiento del fallo constitucional ya que el Tribunal de garantías le denegó dicho recurso y les abrió la competencia para acudir a la Fiscalía Departamental, cuyo centro de la denuncia penal, fue que no le entregaron la documentación y que se pretendió hacer firmar a su apoderada un acta de entrega, sin embargo de la fundamentación de la autoridad demandada en ninguna de las partes se demostró que se les haya pretendido entregar las fotocopias legalizadas peticionadas en la acción tutelar;
6. 6)La Resolución del Fiscal Departamental pareciera ampulosa, siendo que la única parte que se hace mención al fondo dentro de "esta Acción" es en el acápite de fundamentación jurídica donde en un pequeño párrafo dice: "para aperturar la competencia de la denuncia de resoluciones contrarias, tendría que haberse realizado el Recurso de Queja ante el Tribunal Constitucional en su oportunidad" (sic) del cual se cumplió y de que "al tomar en cuenta que el dueño de la fotocopiadora Carlos Wilfredo Camacho Vega en representación de Impuestos Nacionales, señala de que las copias se encontraban dentro de una fotocopiadora, se da cumplimiento y por lo cual no existe la tipicidad o la materia aplicable dentro del proceso de incumplimiento" (sic), siendo que toda persona tiene la obligación de conocer a través de una fundamentación y motivación del porque se emite un fallo;
7. 7)En ningún momento la Resolución del Fiscal Departamental de Santa Cruz dio cumplimiento a las impugnaciones por las cuales pidió que se revoque esa Resolución, porque dentro de los actos investigativos pendientes cursa la propuesta de una auditoria o pericia para demostrar que esas copias que están en la fotocopiadora no corresponden al contribuyente o a otro, sobre el cual la autoridad demandada no respondió ni mencionó si era necesario la pericia; y,
8. 8)La entrega de fotocopias legalizadas jamás fue cumplida, porque en ninguna parte de la Resolución del Fiscal demandado así como de los informes de "Grandes Contribuyentes" dicen "legalizamos las copias para que recoja Felicidad Avalos de Michel" (sic), simplemente dicen "están las copias ahí que recojan" (sic), siendo que no pidió eso, sino fotocopias legalizadas, por lo que pide la concesión de la tutela y ordene a la autoridad demandada pronunciarse respondiendo a todas los cuestionamientos del memorial de impugnación a la Resolución de Rechazo.

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 30 de marzo de 2021, cursante de fs. 182 a 216 manifestó que:

1. i)Al emitir la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR 168/20 de 20 de octubre de 2020 se expresó los motivos de hecho y derecho que sustentan la decisión ya que luego de señalar los hechos, se realizó la fundamentación legal y la cita de las normas que sustentan la parte dispositiva, teniendo una estructura de forma y de fondo, prueba de ello es que en la mencionada Resolución en el parágrafo II se expuso los agravios expresados en los memoriales de objeción a la resolución de rechazo de denuncia, en el parágrafo III se efectuó el análisis de la Resolución Fiscal de Rechazo, en el parágrafo IV se expuso los fundamentos jurídicos del fallo y en el parágrafo V, los elementos probatorios acumulados en la etapa preliminar;
2. ii)Asimismo, en el párrafo VI se hizo un análisis del caso concreto (Síntesis de los hechos denunciados) llegando a la conclusión que, en el presente caso, una vez analizado el cuaderno de investigaciones se tiene que se expuso los motivos del porque se emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR 168/20;
3. iii)En ese entendido, se dictó una Resolución Fiscal Departamental aplicando la garantía y derecho al debido proceso que comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, es decir, que al haberse dictado la indicada Resolución, ineludiblemente se expuso los hechos y se realizó la fundamentación legal y la cita de las normas que sustentan la parte dispositiva;
4. iv)Por lo que, no existió la supuesta lesión del derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia, además el accionante no demostró cuál la relevancia constitucional que tenga el reclamo de una arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir que debió analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que está cuestionándose a través de esta acción de defensa;
5. v)El art 203 de la CPE determina que: "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno", por lo que en el caso de Autos, se evidenció que el Ministerio Público no fue en contra de la jurisprudencias citadas, siendo que dictó una resolución enmarcada a la Norma Suprema y las leyes, del cual forma parte el bloque de constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional;
6. vi)No existió la supuesta vulneración al derecho al debido proceso en sus vertientes precitados, por lo que el Tribunal de Garantías no debe dejarse sorprender con acusaciones y argumentos alejados de la realidad, máxime si el argumento de la supuesta afectación al principio del debido proceso quedó desvirtuado, cuya pretensión del accionante es desestabilizar y desacreditar la labor constitucional que cumple el Ministerio Público, toda vez que, la misma se maneja en el marco de la ética y transparencia, de ninguna manera es un instrumento o "botin político", mucho menos ejercerá presiones u hostigamientos que se encuentren alejados de los principios de independencia e imparcialidad;
7. vii)Respecto a la errónea valoración de la prueba, la SC 0157/2007-R de 21 de marzo, señala que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, menos puede atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran realizado; y,
8. viii)La SC 1718/2011-R de 7 de noviembre estableció tres presupuestos para la justicia constitucional de manera excepcional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria.

En audiencia a través de la Fiscal de Materia Vivian Milhdred Rivero Lazo de la Vega manifestó que:

1. a)En cuanto a la fotocopias, "...usted cuando va y saca fotocopias a un lugar no la puede legalizar o recoger las otras partes si la persona no cancela, entonces la señora Felicidad Avalos, canceló la suma de Bs.400, no era el total de las fotocopias, entonces como va a ir el Gerente de GRACO a recoger las fotocopias, legalizárselas, cancelárselas y entregárselas a las partes si ellos no cumplieron con lo que el Tribunal Constitucional le ordena..."(sic);
2. b)En este caso estamos hablando de una Resolución que nace a raíz de una acción de amparo constitucional presentada por la ahora accionante, siendo que "GRACO" no le otorgaba las fotocopias del proceso que tenía en contra de su papá; asimismo, al no existir los requisitos indispensables para el delito de incumplimiento a Resoluciones de amparo constitucional, no puede haber la supuesta vulneración de los derechos, como ser el debido proceso en su vertiente de fundamentación, congruencia y valoración;
3. c)Se recepcionó la denuncia del ahora impetrante de tutela para no limitar su derecho de acceso a la justicia que todas las personas tienen, en ese sentido no vulneraron su derecho a la defensa, por cuanto ya fue oída y escuchada y lastimosamente no cumplió con los requisitos del delito que se investiga;
4. d)El Fiscal Departamental de Santa Cruz después de hacer un análisis extensivo del cuaderno de investigación, ratificó la resolución de rechazo; toda vez que, cursa declaración de "Richard" (propietario de la fotocopiadora) que establece y dice que eran cincuenta y seis carpetas que recibió de "GRACO Contribuyentes" en la cual estuvo presente su apoderada y se negó a firmar la misma como si estuviera de testigo; y,
5. e)Asi mismo, señaló que la apoderada volvió en dos semanas y cancelo la suma de Bs400.- "...ella sabía que esos expediente estaban ahí, que tenían que ser recogidos y que tenían que ser cancelados por su persona, pero hasta la fecha esas fotocopias siguen ahí en la fotocopiadora sin ser recogidas y sin ser canceladas, causando un daño a una tercera persona..."(sic); por lo que, pidió denegar la tutela y sea con costas y multas.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz por Resolución 49 de 31 de marzo de 2021, cursante de fs. 221 vta. a 223 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Es necesario partir de cuál es la medida de lo determinado, o cuál es la obligación que se tiene que cumplir, lo cual en el presente caso emerge de la SCP 0294/2019-S4 que concedió a Kevin Wilfredo Escalante Claure -ahora accionante- que se le debió otorgar unas fotocopias legalizadas solicitadas al Servicio de Impuestos Nacionales;
2. 2)La medida de lo determinado es que: "...se concedió la tutela disponiendo que la parte demandada por la sección que corresponda, en el plazo de 72 horas extienda las fotocopias legalizadas solicitadas el 28 de septiembre de 2018, debiendo correr a cuenta y cargo del peticionante de tutela determinación asumida..."(sic); en consecuencia, el accionante debió correr con los gastos de la fotocopiadora, eso marca un hecho no controvertido y se planteó una denuncia penal aduciendo que no se le entregó las fotocopias solicitadas;
3. 3)Luego de concluida la investigación, se emitió la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia, al efecto el Fiscal Departamental de Santa Cruz en última instancia dictó la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR 168/20 en la cual establece lo siguiente: "...la señora Felicidad Avalos de Michel tenía conocimiento de que los expedientes fueron dejados por el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales en la fotocopiadora en fecha 08 de noviembre de 2018 y que su persona debía haber cancelado el importe de Bs.1.409.25 para recoger las mismas conforme se estableció en el acta de Amparo Constitucional, situación que lo aconteció ya que según la nota del dueño de la fotocopiadora de 14 febrero de 2019, indica que la señora Felicidad Avalos de Michel no ha recogido las fotocopias y que adeudo el monto antes mencionado, por lo que se puede observar que el Servicio de Impuestos Nacionales si cumplió con hacer la entrega de las carpetas para que se sacaran las fotocopias solicitadas, además que la presente investigación no cumplió con el Código Procesal Constitucional referido a la queja que podía haberse acudido ante el Tribunal Constitucional...." (sic);
4. 4)De la exposición realizada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, se evidenció que en uso de sus facultades hizo una valoración que la vía penal no se encuentra abierta, siendo que no encuentra elementos para considerar que se incumplió un fallo del Tribunal de garantías y que sería el marco del tipo penal de desobediencia a resoluciones de acción de libertad o habeas corpus o de amparo constitucional;
5. 5)En consecuencia si el Fiscal Departamental de Santa Cruz ya hizo esa valoración y análisis de que no se subsumen los hechos al tipo penal, cumplió con su trabajo y por lo tanto no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva porque no existiría una materia para poder ingresar al ámbito penal y eso mismo corresponde a los principios del Ministerio Público de oportunidad y de objetividad en la cual no solamente se tomarán en cuenta los parámetros para fundar una acusación, sino también los elementos que reduzcan o qué también eximan de responsabilidad;
6. 6)En cuanto al reclamó del debido proceso, la resolución está debidamente fundamentada porque expresó los razonamientos de que "...si acá la ahora accionante no cuenta las fotocopias es porque no las ha cancelado, no de parte del Servicio de Impuestos Nacionales, sino de la parte respecto de la fotocopiadora donde se dejó las carpetas y se adeuda la suma de Bs. 1.409 con 25 centavos" (sic);
7. 7)Si bien es cierto de que no se pudiera legalizar en la fotocopiadora, pero esos hechos si es que el Servicio de Impuestos Nacionales una vez recogidas las fotocopias y llevadas a dicha entidad no lo quisieran legalizar, ahí recién estuvieran incumpliendo la resolución del Tribunal de garantías, pero no puede pedírsele a la referida institución que vaya a legalizar a la misma fotocopiadora porque allí ellos no cumplen su función y eso emerge de la misma lógica;
8. 8)La lógica te hace ver que si no están cumpliendo con el fallo del Tribunal de garantías, se puede acudir ante "este ente jurisdiccional" el cual debe de valorar y considerar si es que se ha incumplido o no y todavía ello se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y son estas las instancias las que determinan en la medida si se cumplió o no el fallo; y,
9. 9)De manera abstracta se hizo ver que "...si no has recogido las fotocopias, hace ver que eso corre por cuenta de la misma parte accionante, por ello siendo que se trata de un ilícito penal que se rige bajo el principio de ultima ratio" (sic) y al haberse fundamentado la Resolución del Fiscal Departamental en derecho, no se advirtió la vulneración a derecho alguno.

"i) La Resolución objetada es un flagrante atentado contra la correcta administración de justicia en el entendido de que el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, desobediencia o incumplimiento a la Sentencia Constitucional SCP 0294/2019⁴ 29 de mayo, no está debidamente fundamentada ni motivada, es decir que falta fundamentación y motivación en la Resolución de rechazo;

1. ii)El Fiscal de Materia señala textualmente que se llevó a la audiencia las 300 carpetas de folder amarillo y dos carpetas Cóndor, alegando que no podían confiar las carpetas y que solo se sacaría cerca de las oficinas de GRACO, como cita en la acción de amparo constitucional, pretendiendo sorprender al Tribunal. Su apoderada Felicidad Avalos De Michel no es la que tenía que entregar la documentación para sacar las fotocopias sino la institución GRACO, el "Abogado Coca" pretendía que firme el Acta de entrega, como no quiso firmar, se violentaron con mi persona, de inmediato me dirigí al "Tribunal de la Sala Primera" a manifestarles este hecho, ya que no era procedente esta situación, no le resultó su estrategia, quien tiene que firmar y realizar su trabajo es el denunciado Richard Herbas Vaca, porque él las recibió para sacar las fotocopias, se demuestra que se canceló por 1.600 fotocopias "a 0.25" por hoja, existe los recibos, por lo que el demandado es calumnioso y falso, lo cierto es que no se dio cumplimiento a lo ordenado en la SCP 0294/2019-S4, toda vez que se quiere entregar otra documentación que no tiene nada que ver con lo solicitado, de ello tenía conocimiento el mencionado Tribunal;
2. iii)El Tribunal de la Sala Civil Primera, ordenó que se dé cumplimiento y realizó la identificación de la documentación solicitada, siendo puntual en su providencia de 07 de enero de 2019, donde se cita lo que debería entregárseme de acuerdo a lo peticionado, es decir que el demandado nunca le entregó nada porque no cursa nota o recibo de conformidad de su apoderada Felicidad Avalos de Michel que hubiera recibido dichas fotocopias legalizadas;
3. iv)Se ha solicitado una terma al Colegio de Auditores a efectos de la verificación de la voluminosa documentación que cursa en la fotocopiadora, "RICMAR", ya que en todos los fólderes existía actuaciones repetidas por tres o cuatro veces y documentación que no corresponde a lo solicitado, toda vez que al no ser auditora, es evidente que se tenía que verificar la documentación con un Licenciado en Auditoria para recibirla, ello en razón que el demandado sabe que con la verificación, será descubierto de sus actuaciones que realizó, habiendo planificado con anterioridad sus astutas maniobras, que no le dio resultado y no le dará, porque insistiremos hasta que se nos entregue la documentación solicitada, por ello se realizó la acción de amparo constitucional;
4. v)Señor Fiscal del "Distrito", hago ver a su autoridad la maniobra del demandado que pretende que acepte imponiendo su voluntad y se cancele por 5.637 fojas de fotocopias que no son expedientes, son folders amarillo de oficio con 5 a 7 fojas correspondientes a 56 Declaraciones Juradas, es imposible, inadmisible la exageración del demandado. Está la evidencia, en el Acta de entrega, presentado por ellos con CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/CC/AE 00160/2018, con su actuación del demandado, se tiene la evidencia de la corrupción que quieren encubrir al ex gerente de GRACO en el Remate del Bien Inmueble de propiedad de un menor de edad 16 años que tenía en esa oportunidad, hace aproximadamente cuatro años que se le viene pidiendo al denunciado que le entregue la documentación y usa toda las influencias con el fin de no dar cumplimiento, porque sabe que será descubierto, es la documentación la que dará el resultado esperado;
5. vi)Con relación a lo ordenado por el Tribunal de la Sala Primera de Justicia de Santa Cruz, hago énfasis que la SCP 0294/2019-S4 es clara y tacita, donde ordena que se entregue como se lo solicitó, el demandado alega situaciones falsas ya que no se me entregó nada pese a que se tiene canceladas, el demandado busca la manera y forma de no entregar lo peticionado alegando situaciones ajenas a la verdad;
6. vii)El demandante no se presentó a la audiencia de acción de amparo constitucional, tal como señala la SCP 0294/2019-S4 de 29 de mayo, envió a sus abogados de la Institución de GRACO con el fin de no explicar la negativa a la entrega de las fotocopias legalizadas, fue a raíz de ello que el Tribunal en su análisis observó y analizó que era verdad lo manifestado, ordenándole que en 72 horas entregue la documentación que en el presente caso no se cumplió por la mala interpretación de la Fiscal de Materia de la SCP 0294/2019-S4, toda vez que si se acudió al Ministerio Publico, fue con el fin de que se aplique lo que correspondía a derecho; y a un (1) año, seguimos luchando para que se dé estricto cumplimiento, no estuviéramos en este problema, si se hubiera cumplido la SCP 0294/2019-S4; y,
7. viii)Dentro de la materia no hay mucho que explicar, toda vez que se trata del cumplimiento a la SCP 0294/2019-S4 con el fin del desahogo judicial, se le pide a su autoridad que se demuestre la nota o recibo dónde su apoderada haya recibido satisfactoriamente la documentación ordenada. Con relación a los plazos procesales, mi persona ha actuado dentro los términos, su autoridad observó a la Fiscal de Materia, en cuanto a su proveído FD/SCZ/MSP 1090/2019 de 26 de septiembre, ello es de absoluta atribución de la Fiscal de Materia, mismo que debe verse la recepción de entrega y de la ampliación de la investigación, como se tiene la evidencia del memorial de 30 de agosto del 2019, teniéndose en cuenta también el problema de la pandemia del coronavirus, donde se suspende todas las actuaciones de acuerdo a la Circular 40/2020 de 18 de marzo y "decreto gubernamental" (sic).

"a) De lo descrito precedentemente, en función de los principios de legalidad y objetividad, establecidos en el art. 5 num.1) y 3) de la Ley 260, se advierte que la denuncia y admisión, se constituye en un elemento de convicción tendiente a la obtención de medios de prueba respecto a la presunta comisión del ilícito denunciado; sin embargo, no es suficiente por si sola para fundar una prueba y sostener una imputación, por cuanto se hace necesario contar con otros elementos o datos de prueba que acrediten el hecho;

1. b)De los antecedentes expuestos en la denuncia manifiesta que el denunciado en su condición de Gerente General de GRACO fue notificado con una acción de amparo constitucional, para la entrega de fotocopias legalizadas de un expediente, por lo que el Tribunal de garantías mediante Auto 023/2018, 1/2018 de 07 de noviembre de 2019, le concedió la tutela a Kevin Wilfredo Escalante Claure y ordenó que se haga la entrega de dichas fotocopias en un plazo de 72 horas; asimismo dispuso dar cumplimiento al Decreto Supremo 27113 que establece que las fotocopias debe correr a cuenta del administrado, sin que hasta la fecha se le hubiese hecho entrega de las mismas subsumiendo su conducta al tipo penal de incumplimiento a la Resolución de Constitucional previsto y sancionado en el art. 179 Bis del CP, al efecto se adjuntan dos recibos de Bs200.- con los siguientes números: 0055702 de 12 de noviembre de 2018 y 0055706 de 26 de noviembre del 2018;
2. c)La presente investigación deriva del supuesto incumplimiento de una acción de amparo constitucional presentada el 07 de noviembre del 2018 en la cual el Tribunal de garantías le otorgó la tutela al accionante Kevin Wilfredo Escalante y dispone que la demandada GRACO por la sección correspondiente y en un plazo de 72 horas proporcione las fotocopias legalizadas solicitadas el 28 de septiembre de 2018; ante la solicitud de aclaración complementación y enmienda señalando que conforme al art. 85.II del Reglamento de la Ley 2341 las copias o fotocopias legalizadas del expediente serán franqueadas y correrán por cuenta del administrado, el presidente del Tribunal de garantías indicando que pueden dejar en una fotocopiadora de 100 m2 o en una de 1.000 m2 pero que cumpla con las mismas funciones, el plazo de 72 horas es para que empiece a hacer el trámite, aclarando y complementando que se debe dar estricto cumplimiento con el art. 85 del Decreto Supremo 27113 que dice que las fotocopias deben correr a cuenta, en este caso de Kevin Wilfredo Escalante representado legalmente por Felicidad Avalos de Michel; -d) En el cuaderno de investigaciones cursa el Auto 03/19 de 30 de enero de 2019 que resuelve de recurso de queja de incumplimiento de la resolución en ejecución de la acción de amparo constitucional interpuesto por la representante legal de Kevin Wilfredo Escalante Claure contra Impuestos Nacionales Graco, manifestando que dicha entidad no le entregó la documentación solicitada muchos menos lo hizo en forma ordenada, indicando que existe documentación repetida en casi todas las carpetas que se dejaron en la fotocopiadora y que se les exige que lo más importante es las ordenes que GRACO entrega al contribuyente para que realice las impresiones de las facturación a la imprenta, mandándola a que se dirija a la imprenta a solicitarles;
3. e)Mediante providencia de 07 enero de 2019 el tribunal ha dispuesto que el hoy accionado cumpla con el referido fallo constitucional y Respuesta al memorial de 17 de enero de 2019, donde GRACO, a los argumentos de queja presentado por la parte accionante, refiere que la misma solicita cierta documentación que no cuenta la administración y que a pesar de habérsele entregado 56 carpetas del proceso administrativo interpuesto contra el contribuyente Wilfredo Escalante Melgarejo, más dos carpetas del proceso de remate para sacar copias, donde se encontraría lo requerido, excepto las copias legalizadas de la impresión de la facturación, siendo que la misma que puede ser recabada directamente en la imprenta donde el contribuyente solicitó su impresión;
4. f)De los antecedentes existentes se tiene que el accionado manifiesta que la documentación exigida y extrañada por el accionante no cursa en el proceso o no forma parte de él, no contando en su poder con dicha documentación ya que todas las carpetas relativas al proceso administrativo fueron dejadas en la fotocopiadora para su copia; ahora bien es preciso indicar que este Tribunal de Garantías no está abocado a realizar una auditoría para determinar si la documentación que se exige forma o no parte del proceso y que toda la documentación relativa al proceso es la entrega a la fotocopiadora no existiendo ninguna otra actuación fuera de ella por lo tanto no ha lugar al recurso de queja interpuesto, al efecto cursa la notificación de 20 de febrero del 2019 en secretaria de Cámara a Felicidad Avalos de Michel con el Auto 03/19;
5. g)Ahora vemos que en el cuaderno de investigaciones cursa el CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/CC/AE/00160/2018 de 08 de noviembre, en el que textualmente indica que se estaban dejando las carpetas de los procesos tributarios correspondientes contra el contribuyente Wilfredo Escalente Melgarejo en la fotocopiadora Rimar de propiedad de Richard Herbas Vaca para que proceda a sacar las copias conforme al anexo 1, esto con el fin de dar cumplimiento a la acción de amparo con NUREJ 70167721, y se deja expreso que dichas copias serán canceladas por la apoderada de Kevin Wilfredo Escalante Claure de 0,25 centavos por plana fotocopiada; asimismo que el propietario de la fotocopiadora es responsable de las carpetas mientras se encuentren en su poder, firmando en constancia los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales Graco Santa Cruz, el propietario de la Fotocopiadora, estando presente Felicidad Avalos de Michel que se negó a firmar en presencia de testigos;
6. h)Asimismo cursa en el cuaderno de investigación una carta presentada por el propietario de la fotocopiadora donde se sacaron las fotocopias el 14 de enero del 2019, en la cual este informa que la apoderada Felicidad Avalos de Michel no había cancelado las fotocopias realizadas, estando las mismas sin recoger hasta la fecha y que esta debía la suma de Bs1 409.25.- adjuntando copia de dos recibos por Bs200.-, copia del NIT y carnet de identidad;
7. i)De igual manera cursa la querella presentada por Felicidad Avalos de Michel el 11 de julio del 2019 y el memorial de presentación de prueba de 30 de septiembre del 2019, donde la ahora denunciante de manera textual indica que las fotocopias fueron dejadas por el "abogado Coca" en su presencia al propietario de la fotocopiadora y le exigía a su persona que firmara un documento de recepción;
8. j)El 27 de marzo 2019 la apoderada de Kevin Wilfredo Escalante Claure se apersona ante la Fiscalía Departamental y presenta denuncia adjuntando solo copia de la Resolución emitida por el Tribunal de garantías, dos recibos que pago por las copias, dos memoriales de solicitud de "20/09/2018, 09/11/2018" indicando que no tendría respuesta y no adjunta el Auto 03 /19 el cual tenía pleno conocimiento como consta en el cuaderno de investigación donde se evidencia que se notificó el 20 de febrero del 2019 en la cual el Tribunal de garantías no le da lugar a su recurso de queja para que se remita antecedentes ante el Ministerio Publico ya que el accionado con el Cite: SIN/GGSCZ/DJCC/CC/AE/00160/2018, al día siguiente es decir el 08 de noviembre del 2018 habría dejado a través de sus funcionarios en la fotocopiadora para que procedan a sacar las copias solicitadas, dejando claro en el oficio que quien debía cancelar las fotocopias seria el accionante dando cumplimiento al art. 85.II del DS 2341, se tiene la carta de Richard Herbas Vaca propietario de la fotocopiadora de 14 de enero del 2019 recibida el "17/01/2019" donde hace conocer su queja ante las oficinas de impuestos internos indicando que Felicidad Avalos de Michel no había cancelado por las fotocopias, encontrándose en su poder desde el 08 de noviembre del 2018 misma que hasta la fecha no ha sido recogida y que serían un total 5.637 copias cada una a 0.25 ctvos., que asciende a la suma Bs1 409.25.-; asimismo cursa la declaración informativa en calidad de testigo de Richard Herbas Vaca el 29 de noviembre del 2019, que en su parte principal manifiesta que hace una año sacaron estas fotocopias que son aproximadamente Bs1 500.- como consta en el documento firmado por cada condor que le había llevado indica que las copias siguen en su poder únicamente devolví las originales a GRACO, solo se hizo presente Leonel Ariel Campos Oliveira, no dijo nada se retiró, en el transcurso de dos semana y no estaba concluida, al momento de la conclusión no apareció ni me reclamo nadie las copias y mi intención con esas copias era canjearlas porque nadie venía a reclamar las copias ni a cancelar lo adeudado, además indica que la representante legal días después vino a su fuente de trabajo para que se presente a declarar;
9. k)En este entendido debemos ingresar a analizar el cuaderno de investigación, Felicidad Avalos de Michel, tenía conocimiento de que los expedientes fueron dejados por el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales en la fotocopiadora el 08 de noviembre del 2018 y que su persona debía cancelar el importe de Bs1 409.25.- para recoger las mismas, conforme se estableció en el Acta de Amparo Constitucional de 07 de noviembre del 2018, situación que no aconteció ya que según la nota del dueño de la fotocopiadora de 14 de enero del 2019 indica que Felicidad Avalos de Michel no ha recogido las fotocopias y que adeudaba el monto antes mencionado, por lo que se puede observar que el Servicio de Impuestos Nacionales si cumplió con hacer entrega de las carpetas para que se sacaran las fotocopias, además de que la presente investigación no cumplió con lo establecido en el art. 17 y 18 del CPCo referido al cumplimiento de resoluciones. Siendo que la parte accionante presentó su recurso de queja ante el Tribunal de garantías, que por Auto 03/19 dispone no dar lugar al recurso de queja interpuesta, notificándose con la resolución el 20 de febrero del 2019 en secretaria de cámara;
10. l)Por lo expuesto es evidente que las fotocopias relativas a los procesos administrativos seguidos contra de Wilfredo Escalante Melgarejo solicitadas en la acción de amparo constitucional por el accionante Kevin Wilfredo Escalante Claure el 07 de Noviembre del 2018 donde el accionado Carlos Eufronio Camacho Vega como gerente de GRACO dio cumplimento a la acción de amparo las mismas que se encuentran en la fotocopiadora Rimer las que hasta la fecha no han sido recogidas ni canceladas por el accionante representado por Felicidad Avalos de Michel adeudando en su totalidad la suma de Bs1 409.25.- a Richard Herbas Vaca propietario de la fotocopiadora, por lo que Carlos Eufronio Camocho Vega en su calidad de Gerente de GRACO, no puede haber subsumido su conducta al delito denunciado;
11. m)Los denunciantes, sostienen que el imputado, en su accionar, subsumió su conducta al tipo penal de desobediencia a la autoridad y acusación y denuncia falsa, al efecto, para la determinación de la existencia o no del delito, es menester recurrir al art. 160 del CP que define esta conducta como "El que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones incurrirá en multa de treinta días a cien días";
12. n)En el presente caso, se evidencia que no se ha logrado establecer que la conducta del imputado en no cumplir una orden del Juez, corresponde al delito de desobediencia a la autoridad, puesto que existen aspectos que no han sido tomados en cuenta en el Rechazo como lo son los justificativos en los obstáculos para la entrega de las copias solicitas y siendo que las autoridades que emitieron el Auto 23/18 como establece el art. 17 y 18 del CPCo, en ese entendido la autoridad jurisdiccional que emite este Auto debe velar por su cumplimiento, y como consta que la accionante hizo su respectiva queja y el Tribunal de garantías le negó dicha solicitud toda vez que el accionado Carlos Eufronio Camacho Vega en representación de Impuestos Nacionales GRACO hizo conocer ante estas autoridades que las copias solicitadas se encontraban en la fotocopiadora, por lo que se llega a la conclusión que el actuar del funcionario de Impuestos Nacionales no se subsume su conducta al tipo penal denunciado siendo responsabilidad de la parte accionante recoger y cancelar las fotocopias solicitadas y no así de la parte accionada, por lo que los hechos antes narrados no se adecuan en lo establecido en el art. 179 Bis del CP;
13. o)Asimismo luego de citar jurisprudencia constitucional sobre la celeridad, y el rol del Ministerio Publico en el proceso penal, (SS.CC. 1213/2010-R) en virtud al principio de objetividad, que es rector del accionar del Ministerio Publicó y basados en el principio de presunción de inocencia que ampara al imputado, hacen ver a este órgano de persecución penal que de acuerdo a las evidencias colectadas no amerita proseguir con la investigación penal; en virtud a que los elementos de prueba, son insuficientes para fundamentar la acusación del ilícito imputado e investigado. Finalmente, al no haber aportado la investigación suficientes elementos de convicción sobre la comisión del tipo penal investigado, es necesario resolver la situación de las partes, por cuanto, estas, no pueden estar sometidas a un proceso de investigación que no arroja elementos suficientes, vulnerando el derecho al acceso a la justicia pronta y eficaz (fs. 18 a 31 vta.)

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, el acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y el principio de legalidad; ya que el Fiscal Departamental de Santa Cruz dentro del proceso penal seguido contra Carlos Eufronio Camacho Vega, Gerente de GRACO, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento a la Resolución Constitucional y otro, mediante Resolución Fiscal Departamental RRMM OR 168/20 de 20 de octubre de 2020:

1. i)Señalando haber valorado la actuación del Tribunal de garantías -que negó su queja de incumplimiento- solo valoró lo que le conviene, es decir que no valoró la impugnación realizada el 22 de febrero de 2019, ni observó que fueron canceladas las copias legalizadas, siendo que debió verificar si existía conformidad del deber cumplido por parte del denunciado; por lo que a pesar de haber transcurrido "dos años" no cumplió la Resolución constitucional;
2. ii)Al ratificar la Resolución de Rechazo de denuncia, bajo las reglas de la sana critica, objetividad y transparencia, debió citar con precisión el lugar donde está la prueba del acta de conformidad de recepción de las copias legalizadas; al efecto se vulneró el debido proceso por no motivar y fundamentar, ya que si bien señaló que el denunciado entregó las cincuenta y seis carpetas de folders amarillos y "dos folders condor" del proceso administrativo a la fotocopiadora para que "saque las fotocopias" con la constancia de conformidad materializada y recibida, la misma es una transcripción defectuosa de la Resolución de rechazo que copia solo los actuados que le conviene; y,
3. iii)Señaló que Carlos Eufronio Camacho Vega en representación de GRACO hizo conocer que las copias legalizadas estaban en la fotocopiadora, por lo que llegó a la conclusión de que el actuar de dicho ex funcionario no se subsume a la conducta del tipo penal y señaló que sería responsabilidad del accionante recoger y cancelar las mismas; empero, no indicó donde o en que fojas se encuentra la valoración de la prueba relativo a la conformidad de la entrega de las copias legalizadas; de la misma forma no precisó en qué parte del fallo constitucional refiere que debe recoger las fotocopias -sin legalizar- existiendo por lo tanto un error de apreciación.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. a)Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público;
2. b)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

"Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero²- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que:

1. a)La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y,
2. b)La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica." (el resaltado corresponde al texto original).

"En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como:

1. 1)Rechazo de una querella;
2. 2)Imputación; y,
3. 3)Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla.

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser:

1. i)Rechazo de una querella;
2. ii)Imputación formal; y,
3. iii)Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.