0179/2020-S1

El accionante a través de su abogado se ratificó expresamente en su memorial de demanda y ampliando la misma manifestó lo siguiente:

1. a)Por la informalidad que caracteriza a la acción de libertad, es posible ampliar los fundamentos de la misma;
2. b)En audiencia de apelación -que no está transcrita en un acta, sino grabada en un Disco Compacto (CD)- la parte contraria observó al garante, que ya había garantizado en otro proceso penal, que no era solvente y que los elementos de prueba para demostrar su solvencia eran insuficientes; ante ello, el peticionante de tutela manifestó que los ahora Vocales demandados no tenían competencia para atender esos reclamos porque no fueron de conocimiento del Juez a quo, pues la parte apelante nunca los reclamó, inclusive en esa audiencia presentó pruebas, incumpliendo lo previsto por el art. 404 del CPP que establece que en segunda instancia, la prueba será acompañada y ofrecida con el escrito de apelación, señalando el hecho a probarse; en el presente caso, la apelación fue oral y nunca hizo la enunciación de que ofrecería prueba;
3. c)Para que se deje sin efecto esa garantía, se pudo haber solicitado ante el Juez Cautelar la modificación de medidas cautelares, pero no le correspondía al Tribunal ad quem, pronunciarse sobre aspectos no apelados, tampoco tenía competencia para aceptar la prueba;
4. d)En cuanto a los presupuestos de la constitución de una fianza personal, el art. 243 del citado Código ha previsto tres presupuestos: patrimonio independiente, no presentar fianza personal mientras dure el proceso y solvencia, en ese marco, el Juez a quo aceptó los dos primeros presupuestos, el problema que surge es que esa resolución que acepta los dos primeros presupuestos en relación al garante Marcos Humerez Mamani, data del 8 de julio de 2019, rechazando al mismo y dicha resolución habiendo sido apelada y confirmada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cuyo Auto de Vista coexiste con el de la Sala Penal Tercera del citado Distrito -hoy cuestionado-, sobre un mismo garante; resultando que, aun estando vigentes los otros dos primeros presupuestos, los Vocales demandados lo revocaron, por considerar que prestó otra garantía;
5. e)El Auto de Vista cuestionado no está correctamente fundamentado, pues no ha cumplido con ese elemento al señalar que no tenían competencia para luego, sobre la base de la verdad material, disponer una revocatoria; la fundamentación implica la congruencia entre la parte considerativa y la dispositiva, y en el presente caso, en la parte considerativa se está sosteniendo determinado aspecto y en la parte dispositiva no se puede determinar lo contrario a ello, también se ha quebrantado el principio de seguridad jurídica, porque el debido proceso debe ser analizado en su triple dimensión, es decir, como principio, derecho y garantía de seguridad jurídica, en las circunstancias anotadas, no se sabe si en una futura apelación se presente otra prueba y la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro la acepte y en ese mérito proceda a una revocatoria;
6. f)Es necesario saber el plazo en el que se debe presentar un nuevo garante, pues sin ese dato, la parte contraria puede interpretar que el plazo es de veinticuatro horas y en base a ello intentar que se revoque la libertad de locomoción del impetrante de tutela; y,
7. g)El 9 de septiembre de 2019, se pidió audiencia de revocatoria de medidas cautelares porque no se cumplió con la fianza personal, entonces hay una relación directa con la libertad del impetrante de tutela, si hubiera fijado un plazo no se estaría en esta acción de libertad.

Hernán Ocaña Marzana, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió su informe oral en audiencia, solicitando que se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos:

1. 1)La parte imputada presento uno y otro garante;
2. 2)La apelación fue oral y en base a elementos de prueba de reciente obtención;
3. 3)No por el hecho de no haber reclamado formalmente con la apelación y la producción, se puede ignorar lo apelado, cuando el art. 243.II del CPP, señala que un garante ya constituido no puede ser garante en otro proceso, aspectos que no han sido reclamados en las audiencias de constitución de garante, pero se asumió esa decisión por el principio de legalidad; además, si no fue reclamado ese aspecto, es posible aplicar la verdad material;
4. 4)Con relación al plazo para la complementación y enmienda, la norma es clara y señala que es de veinticuatro horas, mientras que la petición del ahora peticionante de tutela fue luego de seis días, situación en la que no era necesario aplicar la verdad material, pues estaba clara la extemporaneidad del planteamiento;
5. 5)La ausencia de plazo, no es un perjuicio, porque la parte imputada, pudo haber entendido que se hubiese dado el mismo plazo que otorga el Juez Cautelar; y,
6. 6)No existen argumentos que permitan establecer que se ha vulnerado el derecho a la locomoción, pues el imputado actualmente se halla en libertad con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia, tampoco presentó informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 15. I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, emitió la Resolución 14/2019 de 26 de septiembre, cursante de fs. 41 a 45, denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)No se encuentra un indebido procesamiento;
2. ii)Se está ante una apelación de medidas cautelares, la cual no se tramita en la vía incidental, sino que es una simple apelación, es decir, la apelación incidental se encuentra regulada por el art. 403.3 del CPP y se refiere a que las medidas cautelares son motivo de apelación incidental, no hace alusión a estos aspectos vinculados a la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el art. 406 del citado Código dispone que si una de las partes ofreció prueba y el Tribunal estima necesaria y útil señalará audiencia, la exigencia de presentar prueba junto con el recurso, son aspectos vinculados a la apelación incidental prevista por el art. 403 y ss del mencionado Código, pero en el presente caso se está ante una apelación que tiene su marco regulatorio en los arts. 250 y 251 del CPP, pero de ninguna manera esos artículos se refieren a una apelación incidental, entonces, se está confundiendo la presentación de pruebas con una apelación incidental que está regulada por el art. 403 de la norma adjetiva penal;
3. iii)Un Tribunal de apelación solo puede revisar toda la documentación, presentada ante el de primera instancia, en este caso el Juez Cautelar ha resuelto la constitución de fiadores, aceptando a Marcos Humérez Mamani; empero en alzada, la parte apelante se valió de otra documentación que no fue de conocimiento del órgano cautelar, respecto de la calidad del garante referido, en el sentido de que había sido garante en otro proceso; en ese orden, en aplicación del art. 243 del CPP, se revocó la decisión del Juez cautelar;
4. iv)"Si hubo" ya un Auto de Vista que aceptó como garante a Marcos Humérez Mamani, ello implicaría que habría que aceptarlo; empero el Tribunal de garantías no cuenta con los elementos probatorios pertinentes; además, para ello está expedita la acción de amparo constitucional; y,
5. v)En cuanto al plazo de complementación no se puede aplicar el principio de verdad material, además, ante el hecho de no habérsele otorgado un plazo para presentar su garante, debió solicitar al Juez a quo que se le otorgue el plazo primigenio y cumplir en ese marco con el ofrecimiento de dicho garante; con respecto a la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención domiciliaria, para que proceda la misma se debe cumplir una serie de requisitos, no solo el cumplimiento de una garantía, sino que conlleva otros elementos, entonces bajo ese razonamiento, tampoco se advierte una afectación directa al derecho de locomoción; si bien es difícil conseguir garante, ese aspecto se debe poner en conocimiento del Juez a quo, pero no se ha demostrado que su libertad estuviese en riesgo o frente a un procedimiento indebido, al contrario, se evidencia incumplimiento del garante, el mismo que fue ofrecido en otro proceso.