0179/2023-S4

Los solicitantes de tutela, ratificaron in extenso su demanda de acción de amparo constitucional y ampliando la misma, señalaron que:

1. a)En el Auto Supremo se indicó primero que los reclamos en la forma devienen en infundado, al no haber advertido violación de la ley y leyes acusadas en el recurso; empero, contradictoriamente en el fondo casó el Auto de Vista, bajo el entendido de que el Juez a quo y el ad quem no consideraron lo establecido en los arts. 510, 568, 576 y 599 del Código Civil (CC), los cuales habrían sido parte de la pretensión principal de la parte actora, advirtiendo que el segundo gravamen que pesaba sobre el inmueble objeto de venta, no fue de conocimiento de los demandantes, razón por la que se suspendió el pago de la segunda cuota que debía realizarse al Banco Pyme Los Andes Procredit S.A. y de esa manera se pueda cumplir el contrato, refiriendo además que de manera posterior se tuvo un tercer gravamen que hizo imposible el cumplimiento futuro del pago;
2. b)En ningún lugar del recurso de casación se mencionaron los arts. 510, 568, 576 y 599 del CC, habiendo en consecuencia, los Magistrados demandados pronunciado su fallo de manera ultra petita;
3. c)En el informe presentado por las autoridades demandadas se mencionó que con relación al gravamen hipotecario de las entidades bancarias, en el Auto Supremo refutado, se dejó claramente establecido que dicho gravamen fue de conocimiento de ambas partes, y que el mismo solo mereció un cambio de denominación de la entidad bancaria acreedora, producto de la fusión del acreedor original con el actual titular de dicha acreencia, lo que resultó contradictorio con lo expuesto en el Auto Supremo en el que se concluyó que se tuvo un tercer gravamen que hizo imposible el cumplimiento futuro del contrato, por el desconocimiento de dicha carga por parte de los hoy terceros interesados;
4. d)En el tercer párrafo del Auto Supremo se señaló que sus personas plantearon una acción sobre resolución de contrato, cuando ellos en ningún momento interpusieron dicho proceso, siendo los señores Cuela quienes interpusieron en contra de sus personas la demanda de resolución de contrato, existiendo de igual forma una contradicción;
5. e)Cada persona al comprar un lote de terreno o un bien inmueble solicita información rápida de Derechos Reales (DDRR), lo que aconteció en el caso que les ocupa, toda vez que, los ahora terceros interesados contaban con ese informe rápido el cual maliciosamente no presentaron en calidad de prueba, pero sí presentaron un informe de DDRR, donde se evidenciaba un segundo gravamen;
6. f)Los gravámenes registrados son del 2015, mucho antes de realizar el contrato de compra y venta, emergente de ello, los esposos Cuela, en una conversación verbal se comprometieron a levantar ese segundo gravamen registrado por Felipa Quispe de Morales, tal cual se demostró mediante el poder otorgado a Primitivo Cuela Segales con Testimonio 130/2016, no quedando en duda el conocimiento de ese gravamen; y,
7. g)Ante el incumplimiento por parte de los demandantes Primitivo Cuela Segales y Sofía Flora López Aliz, sus personas fueron demandados en un proceso ejecutivo por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., situación que se hubiera evitado, si los prenombrados hubiesen cancelado lo acordado, impidiendo con ello la existencia de otro gravamen.

Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe presentando el 12 de noviembre de 2021, cursante de fs. 820 a 823, manifestaron lo que sigue:

1. 1)La situación jurídica que en su momento fue traída hasta casación, giró en torno a que el objeto de la compraventa no era alodial en el momento en el que se efectuó la trasferencia, pues pesaban sobre dicho bien inmueble otros gravámenes que no se hicieron constar en el contrato;
2. 2)El Auto Supremo impugnado ha desarrollado amplias connotaciones de carácter jurídico referidos a los gravámenes, habiéndose dado una razonada respuesta sobre los mismos y la manera en la que se encaró esa situación por los Jueces de instancia, exponiendo un criterio y una respuesta clara sobre el carácter del tracto sucesivo de las cargas y la trascendencia de cada uno de los gravámenes para el proceso;
3. 3)En el caso concreto, las partes en el momento de la suscripción del contrato, dejaron por sentado que si bien la cosa era parte de una operación bancaria y que quedó atada a ese negocio jurídico (garantía hipotecaria), no se hizo mención alguna sobre el hecho de que el bien inmueble estaba comprometido como garantía de otro negocio jurídico cuya acreedora es Felipa Quispe de Morales; la prueba que cursa en el expediente develó que desde su inicio ese extremo no formó parte del acuerdo de voluntades, careciendo de toda lógica que los accionantes pretendan constreñir una justificación sobre ese acontecer, cuando son ellos quienes no actuaron de forma coherente con el propósito de la transferencia desde un principio;
4. 4)Las alegaciones expuestas por los hoy impetrantes de tutela pretenden explicar su censurable actuación, respaldándose en hechos posteriores como la suscripción del mandato, acotando que la resolución del contrato no fue pactada en éste y que el pago del saldo no estaba sujeto a la verificación de gravámenes, afirmación ésta que cae por sí sola, ya que es deber del vendedor entregar la cosa sin ningún vicio o en su caso salir a la evicción y saneamiento; siendo inconsecuente que después de ser suscrita la transferencia se pretenda trastocar el devenir de los hechos y argumentar como justificativo situaciones de orden legal que son previstas de modo antelado por la legislación; como lo es, la resolución del contrato que puede estar o no pactada por las partes, conforme se tiene establecido en el art. 569 del CC, siendo un atributo para todo aquel litigante que cumplió con las obligaciones que se arrogó para sí (aunque de modo parcial), habilitándose sin mayor requerimiento dicha figura a través de la vía judicial tal y como proveyó el art. 568 del sustantivo civil, pues ante la autoridad judicial ambos suscribientes podrán formular y alegar una posición al respecto, tal y como sucedió en el caso de autos;
5. 5)En ese panorama es natural e incluso permitido que ante esa eventualidad se suspenda el cumplimiento de la prestación, si con meridiana posibilidad se llega a deducir de las circunstancias que rodean al objeto o a la causa, que peligra todo el negocio jurídico, y que no se llegará a cumplir todo lo acordado; por lo que, ante un eminente menoscabo del patrimonio, tal y como prevé el art. 576 del mismo cuerpo legal, es posible dejar en suspenso todos los efectos contractuales;
6. 6)Por mucho que pretendan negarlo, al momento de ser suscrito el contrato solo se dejó en claro la limitación que oponía la operación bancaria, más no fue parte del acuerdo ya que no se hizo saber que el bien inmueble formaba parte de otra obligación y que producto de ello estaba comprometido como garantía hipotecaria de Felipa Quispe de Morales, hecho jurídico éste que no puede pasar desapercibido o simplemente pretender ser desconocido por los vendedores, ya que quiebra toda la transferencia, puesto que las acciones y derechos que se transfieren están atados a una situación jurídica ajena, es decir que, a sabiendas que su derecho propietario estaba comprometido y que transcurrían estas circunstancias (vicio de la cosa), pretendieron ocultar esa situación, comprometiendo todas las prestaciones; actuar con el que le restaron toda validez a las estipulaciones contractuales;
7. 7)En cuanto al gravamen hipotecario de las entidades bancarias, en el Auto Supremo refutado, se dejó claramente establecido que ese gravamen fue de conocimiento de ambas partes por lo que, no se profundizó sobre el mismo, no quedando duda que dicho gravamen solo mereció un cambio de la denominación de la entidad bancaria acreedora, producto de la fusión del acreedor original con el actual titular de dicha acreencia, por lo que ese hecho jurídico no mereció una mayor explicación o referencia;
8. 8)La denuncia de falta de fundamentación y motivación, no pasa de ser una simple exclamación, abordada desde un punto de vista muy conveniente y particular que busca, sin éxito, encontrar una causal de nulidad del Auto Supremo en un aspecto de forma que no concurre, pues todo el discernimiento expresado líneas arriba consta en el fallo ahora cuestionado, que en su contenido dio respuesta a la problemática jurídica colmada de fundamentos jurídicos y debidamente motivada en la prueba que cursa en obrados; y,
9. 9)Todos los gravámenes, cuando no son parte del acuerdo de voluntades, desnaturalizan la esencia del contrato de compraventa, así sean muchos o uno solo, descomponen y trastornan todo el objeto de la trasferencia, pues vician la cosa; ya que si el objeto de la transferencia -inversamente a lo que estipulan las partes y como expresa el contrato- no está alodial repercutirá de modo directo en las prestaciones futuras, perturbando la naturaleza de todo lo pactado; por lo que, la acusación de un quebrantamiento del principio de igualdad procesal de las partes, la vulneración del derecho a la motivación y congruencia en las resoluciones, razonable valoración de la prueba y falta de apego a la verdad material, son irreales.

Primitivo Cuela Segales y Sofía Flora López Alí, mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 830 a 832, y en audiencia manifestaron lo que sigue;

1. i)Sus personas entregaron la suma de $us40 000.- (cuarenta mil dólares estadounidenses) a los demandantes para mercadería consistente en autopartes, posteriormente $us.10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) y $us.5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) respectivamente y, tras pedir la devolución del dinero se acordó la compra venta de un inmueble en $us115 000.- con la correspondiente suscripción del contrato en el que se convino la forma de pago del monto acordado, estableciéndose que a la suscripción del documento el comprador cancelaba al propietario $us55 000.- y el saldo de $us60 000.-, debían ser pagados por el comprador al Banco Pyme Los Andes Procredit S.A. ya que el propietario vendedor era deudor del banco referido y de la suma mencionada, por lo que, una vez cancelado ese monto por parte del comprador, el propietario se obligaba a firmar la minuta y protocolo correspondientes; contemplando en la tercera cláusula que el lote de terreno objeto de la citada transferencia no reconocía gravamen ni hipoteca de ninguna naturaleza;
2. ii)Adviértase que el pago de los $us60 000.-, estaba condicionado conforme la cláusula tercera a la inexistencia de gravamen o hipoteca; sin embargo, apersonándose a DD.RR., evidenciaron la existencia de un gravamen en favor de Felipa Quispe de Morales, registrado con fecha anterior al contrato, por $us.36 000.-, carga que no fue declarada por los demandantes, por lo que, ante la mala fe de estos procedieron a demandar en la vía civil la resolución de contrato por incumplimiento de pago contra Pedro Leonardo Quispe Aruquipa y Carmen Salas Vaquez de Quispe -ahora accionantes-;
3. iii)Los Jueces de primera y segunda instancia únicamente valoraron la cláusula segunda de dicho contrato, sin pronunciarse en forma alguna sobre la cláusula tercera;
4. iv)Interpuesto el recurso de casación el Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Civil mediante Auto Supremo 189/2021⁴, casó el Auto de Vista, declarando probada la demanda de resolución de contrato por incumplimiento de pago, en el que se concluyó que la tarea del juzgador debía ir más allá de la interpretación gramatical del contrato, identificando cuál era el fin por el cual las partes llegaron a manifestar sus voluntades, ya que dependía de aquel análisis la efectividad del mismo o las causales que ésta acarrea; en este sentido, existiendo una deuda en su favor aceptaron la compra venta en la medida en la que, conforme la cláusula tercera del contrato, el inmueble ofrecido como parte de pago estaba saneado y no tenía otras deudas, lo que no era evidente y fue escondido a sus personas;
5. v)Toda vez que, el pago de $us.60 000.- establecido en el cláusula segunda estaba condicionado al cumplimiento de la tercera cláusula; las autoridades demandadas en el ejercicio de sus competencias, sostuvieron que constituía requisito para que opere la resolución del contrato por esa causa que el comprador desconozca la carga y que el gravamen o carga de la cosa sea anterior a la suscripción del contrato; cumpliéndose dichos supuestos en el presente caso, ya que el gravamen a favor de Felipa Quispe de Morales de $us36 000.- se encontraba registrado el 22 de junio de 2015, es decir, con anterioridad al contrato de compra venta, el mismo que era de conocimiento de los vendedores y fue escondido a sus personas de mala fe;
6. vi)Las autoridades demandadas valoraron la mala fe de los vendedores no solo de la existencia de la anotación a favor de Felipa Quispe de Morales, sino del gravamen del Banco Mercantil Santa Cruz por Bs352 874,29 y otro contrato de compra venta del mismo inmueble a favor de Juan Tito Condori, acreditada en su declaración, la cual no fue negada en el proceso civil ni en la acción de amparo constitucional;
7. vii)El Testimonio 130/2016; por el que, se confiere poder en favor de sus personas, para levantar la anotación que se tuvo a raíz de un juicio ejecutivo iniciado por Felipa Quispe de Morales contra los hoy accionantes, no les fue entregado de manera física para que hagan uso de él, por lo tanto, al ser un contrato unilateral no se ha perfeccionado por el uso, constancia de ello, es que los propios accionantes presentaron dicho documento como prueba;
8. viii)La otorgación de ese poder solo lo efectuaron los esposos Quispe, sin que exista una aceptación por parte de sus personas como compradores para la emisión de ese poder;
9. ix)Al ser un acto notarial, solo se perfecciona con el uso de éste, debiendo demostrarse que el mismo fue presentado en DD.RR. o ante el Juzgado Segundo de Partido en lo Civil por sus personas;
10. x)El momento procesal en el que apareció dicho poder, fue cuando los hoy impetrantes de tutela fueron notificados con la demanda de resolución de contrato, habiendo sido ofrecido como medio probatorio, momento en el que sus personas también tomaron conocimiento de la existencia de dicho poder.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 05/2022 de 11 de enero, cursante de fs. 843 a 846, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos:

1. a)El contrato objeto de la demanda de resolución, estaba efectivamente sujeto a condiciones recíprocas, por lo que, solo ese negocio jurídico es el que define las situaciones patrimoniales u obligacionales, sobre los que se regirá el perfeccionamiento del contrato;
2. b)En el contrato objeto de casación, se hizo constar una acreencia a favor de una institución bancaria que ha sido aceptada por los ahora terceros interesados, sin advertirse documento contractual alguno que demuestre la aceptación de la existencia de una segunda obligación;
3. c)Se tiene un poder que se consignó en favor de uno de los terceros interesados, con la posibilidad de levantar un registro que pesa sobre el bien inmueble; sin embargo, la existencia y la aceptación de una carga económica en favor de una tercera persona debió estar inscrita en el contrato principal o en otro tipo contractual que podrá entenderse como parte del contrato principal, en consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia, aplicó el art. 599 del CC, en razón a una cláusula de exclusión del sistema normativo, efectuándose una interpretación racional de lo que sucedió en el desarrollo de ese proceso;
4. d)En cuanto a la valoración de la prueba, la jurisdicción constitucional está inhibida de observar, la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, excepto cuando el accionante demuestre que el Tribunal se ha apartado de los márgenes de razonabilidad y equidad. En el caso concreto, el impetrante de tutela refirió que el Tribunal Supremo de Justicia, no valoró suficientemente el Testimonio - Poder, por el que se consignó la facultad de levantar una anotación al inmueble; al respecto, el levantar una anotación no es un acto de vigencia, el aceptar la existencia de una acreencia es un tema que debe estar inscrito en un régimen contractual que dé cuenta sobre esas situaciones, como sucede en el contrato principal, que dejó entrever que el comprador, ahora tercero interesado, en su oportunidad aceptó la existencia de una acreencia, la que no puede asimilarse a la confección de un Testimonio posterior;
5. e)No se ha verificado la existencia de un contrato de aceptación respecto a la situación de cargas que pesan sobre el inmueble, y por lo tanto, la decisión del Tribunal de Casación, en caso de dejarse sin efecto el Auto Supremo y emitirse uno nuevo, siempre sería la misma, en razón a que su análisis giraría en torno del art. 599 del CC, norma que es de cumplimiento obligatorio y que en efecto, en tanto no se demuestre un documento contractual que haga las veces de contrato principal, que demuestre el conocimiento de las cargas, no existirá posibilidad alguna de la concesión de la tutela en sede constitucional; y,
6. f)El solicitante de tutela no ha cumplido con el deber de identificar la relevancia constitucional, además de no haber demostrado que el Auto Supremo impugnado lesione sus derechos, máxime si se consideran los términos de la eficacia de los negocios jurídicos.