Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0179/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 73796-2025-148-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 53/2025 de 26 de abril, cursante de fs. 167 a 169, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elsa Josefina Maldonado Hinojosa contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 30 de julio y 28 de agosto de 2024, cursantes de fs. 76 a 84 y 101 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Walter Edmundo Cortez Ramírez, contra Orlando Cristhian Maldonado -su hijo-, por el delito de asesinato, el cual se encontraba en trámite del recurso de casación; el 12 de octubre de 2022 el mismo falleció, y en su condición de madre, acompañando el certificado de defunción, solicitó la extinción de la acción penal por muerte de imputado al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; aclarando que ante la refuncionalización, fue el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento, que conoció su solicitud y dispuso remitir la misma ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; circunstancia que motivó la presentación a esa instancia por memorial de 29 de octubre del referido año, impetrando la extinción de la acción penal, sin recibir pronunciamiento alguno.
Luego de más de un año, sin tener respuesta de ningún Tribunal, al asesorarse que la extinción de la acción penal solo podía ser resuelta por el Tribunal de Sentencia a quo; mediante memorial de 18 de enero de 2024, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, exigió se resuelva la extinción interpuesta; desde entonces, se apersonó en reiteradas oportunidades al Tribunal Supremo de Justicia, para hacer seguimiento de la solicitud y le informaban que no había pronunciamiento al respecto; incluso por memorial de 20 de febrero de 2021, impetró al Tribunal de Sentencia Penal, copias legalizadas del expediente, donde pudo advertir la existencia de la Resolución 168/2023 de 6 de marzo, consistente en la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, que no les había sido notificada; consecuentemente, el 29 de mayo de 2024, pidió al Tribunal a quo verifique la fecha de notificación con dicha resolución, que había sido efectuada el 14 de julio de 2023.
La referida resolución, si bien se pronunció sobre la solicitud de extinción de la acción penal; no la resolvió como tal, ni consideró la prueba ofrecida -certificado de defunción, fotocopia de cédulas de identidad del difunto y su madre, así como declaratoria de herederos-; con el argumento que la impetrante no contaba con legitimidad activa al momento de presentar dicha solicitud, y que debía presentarse el certificado médico, pese a haber aparejado el certificado de defunción expedido por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), ante quienes se presentó el documento reclamado; por otro lado, no estableció que el referido certificado fuera fraudulento, falso, o la razón por la que el deceso del imputado sea sospechoso u observare alguna irregularidad específica en el procedimiento; sin embargo, declaró infundada la excepción, pese a no tener la facultad para el efecto, siendo por ello ilegal; ya que, correspondía que las autoridades judiciales señalen que no eran ellos los facultados por ley para resolver o pronunciarse sobre la extinción de la acción penal y debían remitir los actuados al Tribunal de Sentencia a quo.
El 1 de febrero de 2024, se notificó con el , emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -cuyas autoridades son ahora demandadas-, que ejecutorió la Sentencia Condenatoria 1/2020 de 10 de enero; no obstante, hacía más de un año que ya tenían conocimiento del fallecimiento de su hijo y de la solicitud de extinción de la acción penal por muerte de imputado; es decir, que confirmó una sentencia contra una persona fallecida, en franca vulneración del art. 27.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y lo establecido en la , que resolvió una situación similar.
La contraparte presentó supuestamente pruebas para acreditar que el deceso del imputado no había sucedido, pero no se refirió al certificado de cremación que fue adjuntado por la defensa; asimismo, pese a haber transcurrido más de un año desde la objeción de la parte acusadora, ésta no inició ningún proceso contra el SERECI, ni contra alguna unidad administrativa referente al caso, denunciando las supuestas irregularidades advertidas.
Ninguna de las resoluciones emitidas por los demandados, hicieron mención alguna al certificado de defunción de su hijo; pese a cumplir con la fe probatoria establecida en los arts. 1287 y 1289 del Código Civil (CC); tampoco valoraron las fotocopias de cédulas de identidad ofrecidas al momento de solicitar la extinción de la acción penal por muerte del imputado.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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