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TCP

0180/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de mayo de 2026
Resumen del caso

Auto 0180/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0180/2026-RCA Sucre, 6 de mayo de 2026

Expediente: 83665-2026-167-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Potosí

En revisión la Resolución de 8 de abril de 2026, cursante de fs. 195 a 198, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eugenio Pérez Cruz, Presidente; y, Mirian Villca Reynoso, Secretaria de Actas ambos de la Comunidad Sección La Esperanza, contra Martín Ramos Cabezas, Presidente; Ángela Urzagaste Morales, ex Presidenta ambos de la Junta Vecinal Colorada Alta; Edmar Rodrigo Campana Urzagaste; Noe Tobala Coraite; Sonia Cárdenas Fajardo; Reynaldo Llanque Huarachi, María Yolanda Mamani Ayzama de Llanque; Marisol Mamani Ventura; Freddy Barrios Huallpa; Verónica Rodríguez Yucra; Jhovani Cárdenas Villca; Timoteo Manrrique Maygua, Rita Ayllón Segovia de Manrrique; Nicanor Ayllón Cazón, Candelaria Romero Salinas de Ayllón; Mirtha Rivera Burgos; Santos Núñez Manrrique; Rony Edgar Vaquera Quispe; Doris Margot Aramayo Serrudo; Viviano Rivera Manrrique; Marcos Andacagua Flores; Arminda Rivera Burgos; Lucía Rodríguez Flores; Hugo Alberto Araoz Choque, Nelly Brígida Mamani Benavides; Richard Quispe; Cristina Cari Vda. de Bolívar; Wilfredo Cáceres Maruña; Lizeth Choque Mamani; Miguel Javier Flores Quispe, Nansi Ocampo Segovia; Gregoria Maiz; Alfredo López; Encarnación Mogro Calizaya; Simona Cruz Laime; Mercedo Aramayo Cazón; Severino Rivera Vidaurre; Catalino Ramos Aramayo; y Saturnina Manrrique Ayllón de Ramos; Isaías Gonzales; Freddy Oscar Ayllón; Raúl Vilaja Fajardo; Jesús Mario Cruz Cárdenas; Juan Carlos Choque Cruz; Iver Rivera Rivera; Irma Bolívar Cari; Carlos Ariel Rivera Ayllón; Lorenza Cruz Gonzales; Jesús Romero Fernández; y, Juan Carlos Aramayo Villegas, todos de Tupiza del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 27 de marzo de 2026, cursante de fs. 163 a 183 vta., y, remitido a Comisión de Admisión de este Tribunal el 28 de abril del mismo año, cursante a fs. 208 vta., los accionantes manifestaron que:

  1. a)La Comunidad Sección La Esperanza cuenta con derecho propietario sobre una superficie de 34 ha y 4.759 m², ubicada en la zona Alto San Antonio de la ciudad de Tupiza del departamento de Potosí, derecho que tiene origen en una dotación agraria reconocida mediante Sentencia de 31 de agosto de 1987, aprobada por Auto de Vista de 19 de enero de 1989, con emisión del Título Ejecutorial PT81350, inscrito en Derechos Reales (DD.RR) el 23 de mayo de 1994, bajo la partida 164, folio 75, libro 22; y actualmente registrado en el folio real 5.08.1.01.0002525, asientos A1 y A2, en el que constarían los nombres de veinticuatro copropietarios;
  2. b)Dicho predio mantiene carácter rural agrario, destinado históricamente al pastoreo, y la comunidad continúa desarrollando vida orgánica, usos y costumbres dentro del sector correspondiente al Distrito III Área Rural de Tupiza, vinculado a la Nación Chichas; por lo que, cualquier tratamiento del área como urbana, así como la aprobación de planimetrías, fraccionamientos o registros a favor de terceros, desconoce su derecho propietario colectivo, su territorialidad, libre determinación y forma de organización comunitaria;
  3. c)Desde la gestión 2013, un grupo de personas vinculadas a la zona o Junta Vecinal Colorada Alta ingresó y ocupó irregularmente parte de los predios de la Comunidad Sección La Esperanza, invocando supuestos derechos derivados de transferencias efectuadas por un tercero identificado como Boris Augusto Michovich; ventas que serían ilegales o fraudulentas; motivo por el cual, en las gestiones 2017 y 2018 se realizaron reuniones destinadas a buscar una solución consensuada con las personas afectadas por dichas transferencias, incluso mediante propuestas de pago para regularizar su situación con los verdaderos propietarios;
  4. d)La controversia tiene antecedentes judiciales, por la existencia de un proceso ordinario civil de nulidad de documentos y de la Sentencia Ejecutoriada 24C/2017, con calidad de cosa juzgada material, que fue desconocida por los ahora demandados, quienes continúan ocupando, construyendo y promoviendo asentamientos dentro del área que la comunidad reclama como propiedad colectiva;
  5. e)En agosto y octubre de 2025, se produjeron nuevos hechos de agresión, amenazas, construcción irregular, destrucción de un muro de delimitación levantado por la comunidad y pintado de leyendas que identificaban el lugar como perteneciente al Distrito XI; estos actos fueron atribuidos principalmente a Martín Ramos Cabezas, Edmar Rodrigo Campana Urzagaste y Ángela Urzagaste Morales, quienes promovieron la ocupación irregular, induciendo a terceros a consolidar derechos inexistentes sobre el predio y generando zozobra en los comunarios;
  6. f)Ante esos hechos, presentaron notas, reclamos y denuncias ante el Presidente del Distrito III, el Comandante de Frontera Policial de Tupiza, la Junta Vecinal Colorada Alta y otras instancias, solicitando informes, conciliación, resarcimiento de daños y una solución al conflicto. En particular, señalaron como último acto una nota de 2 de octubre de 2025, mediante la cual pidieron una reunión para solucionar la problemática con el grupo asentado irregularmente y reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados;
  7. g)Identificaron como actos lesivos las presuntas medidas de hecho ejercidas por los demandados, consistentes en el ingreso y ocupación irregular de predios pertenecientes a la Comunidad Sección La Esperanza, la construcción clandestina de viviendas, la destrucción de un muro de delimitación, amenazas y agresiones contra los comunarios, así como la promoción de asentamientos y trámites destinados a consolidar derechos propietarios sobre una superficie aproximada de 13.898,90 m², sin contar con derecho propietario ni autorización de la comunidad; razón por la cual acudieron directamente a la justicia constitucional invocando la excepción al principio de subsidiariedad.

I.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad colectiva, a la defensa, a la territorialidad, a la libre determinación, al hábitat, a la integridad física y psicológica, a la seguridad personal; a la garantía del debido proceso, a la seguridad jurídica, a la supremacía constitucional y al vivir bien, citando al efecto los arts. 15, 30.I, II.4, 56, 115.II, 117, 393, 394 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia disponga:

  1. 1)La demolición de las viviendas construidas clandestinamente dentro de la superficie de 13.898,90 m², perteneciente a la Comunidad Sección La Esperanza;
  2. 2)La restitución del territorio afectado a favor de dicha comunidad;
  3. 3)Se emita el mandamiento de desapoderamiento a los presuntos avasalladores, con auxilio de la fuerza pública y del Ejército boliviano;
  4. 4)Se otorguen garantías personales y familiares a favor de los comunarios;
  5. 5)Remitan antecedentes al Ministerio Público por la posible comisión de ilícitos penales;
  6. 6)Se califiquen daños y perjuicios en la suma de Bs100 000.- (cien mil bolivianos); y,
  7. 7)Se realice una inspección ocular in situ en el lugar del conflicto.

Medida cautelar

En el Otrosí 2.- Solicitó como medida cautelar, que el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tupiza del departamento de Potosí y la oficina de DD.RR. de esa localidad se abstengan, respectivamente, de aprobar planimetrías, planos individuales o colectivos; así como, de inscribir o matricular derechos propietarios de terceros sobre el área controvertida, mientras se tramite la presente acción de amparo constitucional.

I.4. Resolución de la Jueza de garantías

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