Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0181/2019-CA Sucre, 23 de julio de 2019
Expediente: 29872-2019-60-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Cochabamba
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Freddy Gonzáles Rodríguez, Asambleísta Titular del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 2 de la Ley Municipal 164 de 10 de septiembre de 2018, 10 "en el tercer y cuarto caso" y 21 al 31 (por conexitud) del Decreto Municipal 25/2018 de 14 de noviembre, por ser presuntamente contrarios a los arts. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 12 de julio de 2019, cursante de fs. 58 a 67, el accionante señala que, el art. 2 de la Ley Municipal 164, crea y determina el denominativo de "área urbana de protección", empero dicho concepto es contrario al art. 56 de la CPE, ya que atenta directamente contra los tres elementos esenciales del derecho a la propiedad; es decir, el uso, goce y disfrute del bien inmueble, puesto que bajo ese denominativo el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba impide su ejercicio, despojándolos de manera arbitraria e ilegal a quienes poseen ese derecho, sin ningún tipo de compensación.
La Ley 3194 de 30 de septiembre de 2005, declaró a la Serranía de Cota patrimonio ecológico, religioso, nacional, turístico, arqueológico, tangible e intangible, norma declarada constitucional por , en la cual también se dispuso su reglamentación, que fue realizada por Decreto Supremo (DS) 2866 de 8 de agosto de 2016, el mismo que no desarrolló ni definió el área urbana de protección, concepto que fue inventado por el mencionado Gobierno Municipal.
Por su parte, el art. 10 "tercer y cuarto caso" del Decreto Municipal 25/2018, prevé la regularización individual del derecho propietario sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, con una antigüedad no menor a antes de la promulgación de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-; asimismo, expone similar derecho a la regularización por grupo de asentamiento que se encuentre en propiedad privada; por lo que, las normas demandadas de inconstitucionales pretenden iniciar un trámite, por la vía administrativa, de una supuesta reglamentación del derecho propietario sobre bienes inmuebles que ya tienen un propietario legal, incluso prescindiendo de la expropiación, atentando contra ese derecho que posibilita la vida en sociedad en paz y armonía; es decir, se intenta reglar la ocupación de un avasallador en desmedro de un propietario mediante un trámite administrativo.
Por último, cuando una disposición reglamentaria, a tiempo de ejecutar una ley, agrega nuevos elementos normativos, vulnera el principio de reserva de ley así como el de jerarquía normativa, sin tomar en cuenta que la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda en su art. 5 inc. n), define que el proceso de regularización no afectaría derechos de terceros. Inconstitucionalidad que también afecta a los arts. 24 al 32 del mencionado Decreto Municipal, pues ellos están destinados a materializar el trámite para la regularización prevista como tercer caso; así como los arts. 25 al 31 del indicado Decreto, cuyo objeto es el trámite del ilegal despojo, identificado como cuarto caso, precepto que pretende legalizar el despojo simple e inconstitucional de la propiedad privada.
I.2. Petición
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