Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0181/2026-RCA Sucre, 6 de mayo de 2026
Expediente: 83740-2026-168-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 31 de marzo de 2026, cursante de fs. 2795 a 2799, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gualberto Montes Balderrama contra Edgar José Cortez Albornos, Presidente; Gonzalo René Alcoba Romero y Víctor Chura Patzi, Vocales Permanentes; y, Jorge Joel Sologuren Andrade y Javier López Chipata, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 24 y 30 de marzo de 2026, cursantes de fs. 2752 a 2784; y, 2790 a 2794 vta., el accionante manifiesta que, dentro del proceso disciplinario -caso 262-2023, seguido en su contra y Lisber Armando Colque Bautista, David Vega Coaquira, Jhoel Copali Colque y Octavio Apaza Veliz, se emitió el Requerimiento de Acusación Fiscal de 12 de noviembre de 2023, por la presunta transgresión de los arts.12.34; 13.15; 14.3, 5, 14 y 17; y, 102 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, presentado ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, pronunciándose el Auto de Inicio de Procesamiento de 13 del mismo mes y año, sustanciándose el proceso oral disciplinario en el cual se emitió la Resolución Administrativa (RA) 020/2025 de 28 de marzo, disponiendo la baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación.
Mediante memorial de 1 de julio de 2025, planteó recurso de apelación contra la señalada determinación, exponiendo con suficiente carga argumentativa, detallando la vulneración al debido proceso en su vertiente a la fundamentación, motivación y congruencia, el derecho a la valoración objetiva y razonable de la prueba de las resoluciones emitidas en su contra, identificando tres puntos de agravio; apelación que fue remitida en revisión ante el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, para su respectiva resolución; evacuando el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía la Resolución Disciplinaria (RD) 618/2025 de 16 de septiembre, declarando improbado el recurso de apelación, confirmando en todo la RA 020/2025, notificada al ahora demandante de tutela el 21 de octubre de 2025.
La determinación asumida por el Tribunal Superior de la Policía Boliviana debía ser motivada, fundamentada y congruente, con una debida valoración de la prueba, al exponer una errónea subsunción de los hechos a la falta disciplinaria atribuida al ahora solicitante de tutela, sin dar valor alguno a la prueba de cargo y descargo. I.2. Derechos supuestamente vulnerados
El ahora peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia, valoración objetiva de la prueba, sin citar precepto constitucional alguno.
I.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se determine la nulidad de la Resolución 618/2025, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, que confirmó la RA 020/2025.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, por providencia de 25 de marzo de 2026, cursante a fs. 2785, solicitó que, con carácter previo, en el plazo de tres días a partir de su notificación, bajo alternativa de tenerse por no presentada la acción de amparo constitucional, subsane los siguientes aspectos:
- a)Precise su domicilio real y el lugar específico donde pueden ser habidos los accionantes para su citación y notificación personal; asimismo, explique el interés legítimo de cada uno de los terceros interesados ??mencionados;
- b)Siendo ambigua y repetitiva la ampulosa demanda, cumpla organizadamente el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), exponiendo de forma cronológica, secuencial, concreta y precisa el hecho o acto que impugna específicamente, cual el nexo de causalidad del mismo con cada uno de los derechos que considera vulnerados y la responsabilidad personal de la parte demandada; y,
- c)Formule su petitorio de manera específica, explicando el nexo que existe entre todos los presupuestos extrañados, el acto o resolución impugnado y los derechos supuestamente vulnerados.
La Sala Constitucional, por Resolución de 31 de marzo de 2026, cursante de fs. 2795 a 2799, determinó la improcedencia de ésta acción amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos:
- 1)El Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana se encuentra regulado por la Ley 101, que define las faltas y las sanciones, establece que las autoridades competentes para la tramitación del proceso disciplinario debe efectuarse en el marco de la eficiencia, eficacia, respeto de los derechos humanos y dignidad de los servidores públicos policiales, su ámbito de aplicación alcanza a todos los servidores públicos del servicio activo de la Policía Boliviana; el marco normativo que establece para los recursos de impugnación se encuentra en el art. 75 de la citada Ley; el cual, prevé el recurso de reposición contra providencias de mero trámite a fin de que el mismo Tribunal, advertido de su error, revoque o modifique la decisión asumida, sin recurso ulterior;
- 2)El accionante, como miembro de la Policía Boliviana fue sometido a un proceso disciplinario, del cual se evacuó la RD 618/2025 de 16 de septiembre, declarando improbado el recurso de apelación presentado; y en consecuencia, confirmó en su integridad la resolución de primera instancia mediante Decreto 827/2025 de fecha 29 de octubre, decisión que fue ejecutoriada por la resolución objetada;
- 3)Dentro del procedimiento disciplinario de la Policía Boliviana, se estableció el recurso de reposición como medio de impugnación contra las providencias de mero trámite; recurso que, no fue utilizado por el ahora impetrante de tutela contra el citado decreto que declaró la ejecutoria de la resolución impugnada, conforme al art. 75 de la Ley 101; es decir, no hizo ningún reclamo intraprocesal que haya denotado de alguna forma su disconformidad con la referida providencia, acudiendo de forma directa al amparo constitucional; mismo que, no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución Política del Estado y la Ley asignan a las distintas jurisdicciones, pues solo se podrá activar cuando aquellos resulten ineficaces para la defensa de los derechos; motivo por el cual, declaró la improcedencia de la acción planteada, en observancia del principio de subsidiariedad, conforme prevé al art. 54 del CPCo;
- 4)Además, por Memorándum de 27 de noviembre de 2025, se ejecutó la sanción impuesta que fue notificada el 10 de diciembre de 2025, según consta en el acta de notificación 002748, de lo que se deduce que el ahora demandante de tutela, se sometió a los actos considerados lesivos, sin objetarlos oportunamente, tomando una actitud pasiva frente a los mismos; y,
- 5)El peticionante de tutela no asumió dentro del proceso disciplinario, una actuación inmediata, activa y permanente en procura de la reparación de los derechos que estima conculcados; contrariamente, omitió ejercer acciones efectivas y oportunas, reflejando el consentimiento tácito del acto, en el momento en que presentó la acción de amparo constitucional el 24 de marzo de 2026, ya había transcurrido más de tres meses desde los efectos jurídicos de las resoluciones impugnadas, que cobraron plena eficacia jurídica; razón por la cual, su reclamo resultó ser extemporáneo y generó la improcedencia de la acción tutelar.
El ahora accionante fue notificado con la indicada Resolución el 15 de abril de 2026 (fs. 2800), habiendo presentado su impugnación el 20 de igual mes y año (fs. 2821 a 2826), dentro del plazo otorgado por el art. 30.I.2 del CPCo.
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