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TCP

0181/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0181/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0181/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 58897-2023-118-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 184/2023 de 13 de septiembre, cursante de fs. 321 a 325 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Néstor Vladimir Huanca Paco contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 y 29 de agosto de 2023, cursantes de fs. 129 a 149, y 152 a 156, respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Suscribió dos contratos con la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional La Paz; el primero, C-3030/2022, con vigencia desde el 19 de julio de 2022 al 14 de octubre de igual año; mismo que fue elaborado recién el 20 de julio de 2022 y firmado el 21 del indicado mes y año; el segundo, C-4209/2022, con vigencia según documento, desde el 3 de noviembre de 2022 al 30 de diciembre del mismo año, el cual fue elaborado recién el 9 de noviembre de 2022 y firmado el 10 de noviembre de igual año; para desempeñar el cargo de auxiliar de oficina médica en el Hospital Materno Infantil, habiendo desarrollado tareas propias y permanentes del giro de la CNS; contrato que nunca fue visado conforme manda el art. 22 de la Ley General de Trabajo (LGT) y la Resolución Administrativa (RA) 650/07 de 27 de abril de 2007, contraviniendo lo dispuesto en la segunda parte del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979; pues a través de un contrato a plazo fijo se le contrató para cumplir labores propias y permanentes del giro de la empresa; sin embargo, pese haber adquirido su relación laboral la calidad de indefinida y sin que hubiera operado ninguna causal prevista en el art. 16 de la LGT, no le dejaron retornar a su fuente de empleo, produciéndose su ilegal desvinculación; motivo por el cual, el 6 de febrero de 2023, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, con el objeto de solicitar la restitución de sus derechos laborales; en cuya tramitación adjuntó toda la prueba correspondiente, habiéndose el empleador limitado a argumentar que su persona tenía conocimiento del inicio y final de la relación laboral y que su contratación se debió a la necesidad extraordinaria, sin demostrar dicho extremo, desconociendo además, que conforme la cláusula décima de su contrato, éste se encuentra amparado por la Ley General de Trabajo; dicha solicitud fue resuelta mediante Resolución de Reincorporación Laboral 494-2023 de 16 de marzo, misma que de manera expresa concluyó que su persona prestó servicios en la CNS Regional La Paz, suscribiendo dos contratos de trabajo el primero C-3030/2022 del 19 de julio al 14 de octubre de 2022 y el segundo C-4209/2022 del 3 de noviembre al 30 de diciembre de 2022, que corrobora la relación laboral, mismos que no se encontrarían refrendados por esa cartera de Estado.

Contra esa decisión, la CNS presentó recurso de revisión, que fue resuelto mediante Resolución Ministerial (RM) 872/23 de 31 de mayo de 2023, que revocó totalmente la Resolución de Reincorporación Laboral 494-2023, rechazando su reincorporación a la CNS, argumentando que pese a haberse suscrito los dos referidos contratos, habría existido una discontinuidad de diecinueve días entre ambos y que la temporalidad fue libremente consentida por su persona; determinación que además de desconocer los principios de protección y de continuidad de la relación laboral, incurrió en las siguientes vulneraciones:

  1. a)Omitió pronunciarse sobre los antecedentes previamente verificados por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, que estableció que su persona cumplió tareas propias y permanentes del giro institucional de la CNS, con un contrato denominado eventual, que nunca fue visado por la autoridad administrativa laboral, conforme exige el art. 22 de la LGT y la RA 650/07, normativa en la cual se encuentra sometida la relación laboral existente con el empleador;
  2. b)La Ministra del Trabajo, Empleo y Previsión Social -autoridad demandada- se apartó de criterios sostenidos por ella misma, en casos análogos, en los que concluyó que el incumplimiento del visado de contratos a plazo fijo implica que el empleador ocultó información relevante a la autoridad del trabajo y los alcances del trabajo para el que fue contratado el trabajador, determinando que ante ese incumplimiento la relación laboral adquiere carácter indefinido;
  3. c)Se sostuvo que el Ministerio del ramo no tendría competencia para resolver denuncias cuando existan hechos controvertidos; no obstante, en resoluciones anteriores la misma autoridad reconoció expresamente su facultad y obligación de verificar y sancionar el incumplimiento de normas laborales, particularmente en materia de contratos a plazo fijo, destacando la función protectora del Estado;
  4. d)Se hizo cita de precedentes constitucionales referente a personas con condición de inamovilidad laboral por gestación y la referida a servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); mismos que no son aplicables a su caso; toda vez que, su reincorporación solicitada la realizó por vulneración al derecho al trabajo y la estabilidad laboral, al tener su persona la condición de trabajador y no de servidor público;
  5. e)Se señaló como uno de los fundamentos normativos de la referida Resolución Ministerial, lo dispuesto en el art. 10.III del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, cuando la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, vigente a momento de tramitar su reincorporación laboral- en sus disposiciones abrogatorias, expresamente declara la abrogación del DS 0495; quedando además derogados los arts. 10.III, IV y V; y, 13 del DS 28699; es decir, que la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la RM 872/23 en consideración a normativa que no se encuentra vigente, vulnerando el debido proceso, en cuanto a la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo, lesionan derechos y garantías constitucionales;
  6. f)La autoridad demandada, omitió el cumplimiento de los alcances de la , que sobre la vinculatoriedad vertical y horizontal del Tribunal Supremo de Justicia, ha referido concretamente que los Autos Supremos solo pueden ser vinculantes en el sistema judicial, así que acudir, en el caso concreto, como precedente válido al , resulta una vulneración al debido proceso que le asiste, pero también, implica que así como la vinculatoriedad significa que la jurisprudencia emitida por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia están atadas a sus propias decisiones anteriores, en materia administrativa, más en el caso concreto, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, estaría obligada a los precedentes emitidos por ella misma, lo que en su caso no ocurre; toda vez que, apartándose de todos los precedentes normativos que confirmaron reincorporaciones de trabajadores de la CNS, de manera arbitraria se apartó de ese criterio negándole el derecho a su reincorporación a su fuente de trabajo por estabilidad laboral;
  7. g)Se sostuvo que conforme al art. 9 del Código Procesal del Trabajo (CPT), los jueces en materia de trabajo y seguridad social, son los competentes para conocer demandas de reincorporación y también para decidir las controversias emergentes de los contratos de trabajo, sean individuales o colectivos; en ese sentido, contemplando lo establecido en el art. 12.I inciso b) de la Ley 1468, expresó que una de las formas de resolución de los casos que fueran de desconocimiento de la referida cartera de Estado sería el rechazo de la denuncia debidamente fundamentada y motivada; y,
  8. h)Se hizo referencia a la ausencia de competencia para efectuar la valoración probatoria, extremo totalmente falso; ya que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene facultades para revisar y contrastar prueba, puesto que a tiempo de presentar su denuncia se encontraba en vigencia la Ley 1468, que en su art. 9, contempla audiencia y presentación de prueba, lo que implica que dicha cartera de Estado tiene facultad de valorar prueba.

Ahora bien, la autoridad demandada no consideró que su contrato no contaba con el visado correspondiente, que no era funcionario público sino trabajador sujeto a la Ley General del Trabajo, por tanto su desvinculación fue ilegal y arbitraria, extremo que habiendo sido reconocido por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, fue injustamente desconocido por el Ministerio del ramo, sumado a ello, al señalar que su persona no podría desconocer las condiciones que hubiera pactado y que tenía pleno conocimiento de la eventualidad de su contratación, estaría vulnerando la misma cita jurisprudencial que utiliza en otras resoluciones ministeriales, inserta en la , además de omitir los precedentes establecidos por ella misma, en la RM 253/23 de 27 de febrero de 2023 y 279/23 de 2 de marzo de 2023.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 48.III y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

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