Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0182/2019-S1 Sucre, 26 de abril de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 25726-2018-52-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 11/2018 de 25 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 172, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walter Isidro Arízaga Cervantes contra Hugo Bernardo Córdova Egüez e Iván Sandóval Fuentes, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y Esteban Monzón Miranda, Fabiola Claros Flores y Héctor Andia Colque, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante de fs. 101 a 133, el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Antonio Llorenty Herrera por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, previstos y sancionados en los arts. 154 y 157 del Código Penal (CP); tramitada la etapa preparatoria, el Ministerio Público presentó pliego acusatorio, a tal efecto, en audiencia de juicio oral, planteó excepción de extinción de la acción penal por prescripción conforme lo dispuesto en el art. 29 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque habrían transcurrido más de siete años y cuatro meses desde la supuesta comisión del hecho, refiriendo como dos aspectos fundamentales la aplicación preferente del Pacto de San José de Costa Rica que establece derechos más favorables que los contenidos en la Constitución Política del Estado y en la inexistencia de grave daño económico al Estado.
Mediante Auto de "04 de junio de 2018", pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, la excepción fue declarada como infundada, basados en que al tratarse de delitos de corrupción los mismos serían imprescriptibles según el art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin aludir a ningún posible daño económico al Estado; Auto que fue apelado y radicó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que emitió el Auto de Vista 230/2018 de 16 de agosto, revocando en parte la decisión impugnada, disponiendo el cese del proceso penal con relación al ilícitos de nombramientos ilegales, manteniéndose firme en todo lo demás; es decir, confirmando en cuanto al rechazo de la prescripción del delito de incumplimiento de deberes.
Adujo que, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 230/2018, modificando los fundamentos por los cuales la excepción fue rechazada por el Tribunal a quo, incurriendo en valoración irrazonable de la prueba y una errónea aplicación de los arts. 112 de la CPE y 24 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; refiriendo que en el Auto impugnado, no se hizo ninguna relación de las pruebas presentadas por su parte, y en grado de apelación se convalidó esta omisión adicionando que dichas pruebas resultaban inocuas y no desacreditaron el daño económico al Estado, menos aún el "grave" daño económico que daría lugar a la imprescriptibilidad del delito.
No se valoraron razonablemente los siguientes documentos:
- a)El Memorándum de Transferencia de 6 de julio de 2010, el cual acredita que al trabajador José Eduardo Callejas Calero no se le subió de nivel salarial, por lo mismo no se causó ningún daño económico;
- b)El Memorándum de Designación de 3 de septiembre de 2010, que demuestra que la transferencia anterior, solo tuvo una duración de dos meses y tres días;
- c)La Certificación de 3 de enero de 2018, que acredita los anteriores incisos;
- d)La Acusación Fiscal de 22 de agosto de 2017, en la que no se hizo referencia a algún daño económico al Estado; y,
- e)Auto 356/17 de 24 de octubre de 2017 -apertura de juicio oral-, que revela que no se juzga un hecho que involucre daño económico al Estado y que delimita el ámbito de desarrollo de juicio oral conforme a los arts. 342 y 362 del CPP; una valoración adecuada de los mismos, hubiera conducido a la conclusión de que es inaplicable el art. 112 de la CPE por no existir grave daño económico causado al Estado, y por ende debió declararse probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.
Se interpretó irrazonablemente el art. 112 de la CPE porque en criterio de los Vocales ahora demandados, para que un ilícito sea imprescriptible, es suficiente que se halle catalogado como delito de corrupción, señalando además que "...existe la posibilidad de haberse causado un daño económico al Estado..." (sic); sin embargo, no se justificó cómo es que se tiene la certeza de un daño económico al Estado -condición exigida por la norma citada supra- y peor aún que ese daño sea grave, omitiendo realizar una interpretación literal, teleológica y sistemática en cuanto a que el delito de incumplimiento de deberes, según el art. 24 de la Ley 004, es un delito "vinculado a la corrupción" y no un "delito de corrupción" propiamente dicho, motivo que considera suficiente para declarar la prescripción.
Al mantener vigente la persecución penal, se viola su derecho a ser juzgado en un plazo razonable establecido en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); puesto que el hecho que dio origen al proceso penal se habría suscitado el 10 de julio de 2010 y siendo la pena del ilícito imputado de uno a cuatro años, la acción penal prescribió el 10 de julio de 2015 conforme al art. 29.2 del CPP, aspectos que fueron claramente identificados en los puntos tercero y cuarto de su recurso de apelación.
Asimismo, se violaron los arts. 256 y 13.IV de la CPE con relación a los arts. 9 de la CADH; 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); XIX de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; y, 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, en sentido que la imprescriptibilidad de la acción penal solo sería aplicable a delitos de lesa humanidad, dando lugar a la aplicación preferente de estas normas que contienen derechos más favorables a los consignados en la Norma Suprema.
Con relación a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, señaló que a tiempo de resolver su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, omitieron realizar la valoración de los medios probatorios propuestos consistentes en el Memorándum de Transferencia de 6 de julio de 2010, Memorándum de Designación de 3 de septiembre de 2010, Certificación de 3 de enero de 2018, Acusación Fiscal de 22 de agosto de 2017 y Auto 356/17 -apertura de juicio oral-, así como la falta de fundamentación y a ser juzgado en un plazo razonable a momento de aplicar el art. 112 de la CPE, con similar carga argumentativa a la referida precedentemente.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de omisión en la valoración de prueba y valoración irrazonable de la prueba; interpretación irrazonable de la Norma Suprema y de la ley; a ser juzgado en un plazo razonable; y, a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. "13.IV", "112", 115.II y "256" de la CPE; y, 8.1 de la CADH.
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