Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 25872-2018-52-AAC Departamento: Cochabamba Partes: Juan Jesús Morales Mendoza contra Vladimir Mamani Choque, Secretario General; Sabino Luna Cruz, Secretario de Actas; José Castellón Mérida, Secretario de Transporte Troncal Taquiña; Danny Mario Contreras Pastor, Secretario de Relaciones; José Luis Villca Terceros, Secretario de Conflictos; Richard Jhovani Achá Aguilar, Secretario Transportes Circuito; Ibán Patiño Caballero, Secretario de Deportes; José Fernando Vilca Ávila, Secretario de Transporte Ciudad del Niño; Felipe Pérez Huanco, Secretario de Transportes Chiquicollo; Elena López Flores, Vocal; y, Alfredo Butrón Muñoz, Secretario de Hacienda, todos miembros del Directorio del Sindicato Mixto de Transportistas 30 de Noviembre de Micros, Microbuses, Taxi Trufis, Volquetas y Radio Taxis del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada comparte lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la ; y en consecuencia, expreso mi conformidad con la concesión de la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en su elemento al juez natural y al principio de seguridad jurídica, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías; sin embargo, considero que además se debió resguardar el derecho de petición, ante una evidente lesión del mismo; y por conexitud, también los derechos al debido proceso en su elemento defensa, al trabajo y a la dignidad; disponiéndose el resarcimiento de daños y perjuicios; empero, al no haberlo hecho, estos motivos se constituyen en las razones de la Disidencia.
En consecuencia, asumo el criterio que la , no debió CONCEDER en parte la tutela impetrada, sino, totalmente, sobre la base de los fundamentos jurídicos y términos dispositivos del presente Voto Disidente: Asimismo, cabe aclarar que el expediente 25875-2018-52-AAC, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho, en consecuencia, elaboré el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con el mismo y formuló uno alterno que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, realizo el presente Voto Disidente:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos de petición, al trabajo, a la dignidad y al debido proceso en su vertiente juez natural; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, sin proceso previo, fue suspendido por treinta días hábiles, por el Directorio del Sindicato Mixto de Transportistas 30 de Noviembre de Micros, Microbuses, Taxi Trufis, Volquetas y Radio Taxis, sin atribuciones para ejercer esta determinación; por lo que, solicita, disponga:
- a)La nulidad del Memorándum 095/18 de 25 de julio de 2018;
- b)La restitución de su fuente de trabajo en sus dos movilidades;
- c)La determinación que se le juzgue por un Tribunal Disciplinario conforme al Estatuto y Reglamento de Sindicato, estableciendo con precisión las causas de juzgamiento;
- d)El resarcimiento de daños y perjuicios, particularmente lo dejado de percibir desde la irregular suspensión en ejecución de sentencia; y,
- e)La condena en costas.
En consecuencia, correspondía en revisión verificar si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, la debió desarrollar los siguientes temas:
- 1)El derecho al Juez natural como componente del debido proceso;
- 2)Sobre el derecho de petición; y,
- 3)Análisis del caso concreto.
II.1. El derecho al Juez natural como componente del debido proceso
El juez natural se encuentra previsto por nuestra Constitución Política del Estado como una garantía jurisdiccional que forma parte del debido proceso, así en su art. 120.I, establece que: "Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa" (las negrillas son agregadas).
Por otra parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte de las normas del bloque de constitucionalidad, en su art. 8.1, establece que: "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"1.
Asimismo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala que: "...Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley..."2.
En el desarrollo jurisprudencial constitucional boliviano, la , entre otras, al referirse a este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado, señaló en su Fundamento Jurídico III.3, que:
La primera de las garantías consagra el derecho al juez natural, lo que significa el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. Ahora bien, a los fines de la resolución de la problemática planteada, siguiendo la doctrina constitucional, corresponde describir de manera resumida la naturaleza jurídica de los elementos constitutivos del "juez natural":
- a)Juez predeterminado, se entiende por tal a la autoridad cuya jurisdicción y competencia es determinada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso, sea judicial o disciplinario administrativo, lo que supone que el órgano judicial o disciplinario haya sido creado por la norma legal previamente. De lo referido se infiere que, en el ámbito del derecho al debido proceso significa el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida, por el ordenamiento jurídico, de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial o disciplinario, conforme corresponda.
Cabe señalar que el derecho al juez predeterminado está expresamente consagrado por las normas previstas por los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (...)
Mostrando 18 de 89 parrafos.