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TCP

0183/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de abril de 2026
Resumen del caso

Auto 0183/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0183/2026-CA Sucre, 15 de abril de 2026

Expediente: 83056-2026-167-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Tarija

En consulta la Resolución 01/2026 de 31 de marzo de 2026, cursante de fs. 72 a 77, pronunciada por Horacio Balcazar Cazón, Juez Disciplinario Primero del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Carlos Andrés Oblitas Álvarez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de Tarija, demandando la inconstitucionalidad del art. 208.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- aprobado por el Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, que aprueba el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por ser presuntamente contrario a los arts. 8.II, 46.I, 48.III y IV, 115.II, 117.I, 178, 180.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2026 (fs. 62 a 66 vta.), el accionante manifestó que, dentro de un proceso disciplinario, se le impuso la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes, dicha determinación se fundamentó en el art. 208.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), precepto que sanciona las faltas graves con la suspensión del ejercicio de funciones de uno a seis meses; asimismo, señaló que la citada disposición establece el carácter definitivo y obligatorio de las resoluciones disciplinarias del Consejo de la Magistratura, las cuales solo admiten revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en caso de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Señaló también que la cuestión sometida a consideración no es meramente reglamentaria ni de simple legalidad sino que el problema jurídico es de naturaleza constitucional, porque el contenido material de la sanción disciplinaria, produce la privación total del salario del servidor judicial, con afectación directa al derecho al trabajo, a la remuneración justa, al mínimo vital y la dignidad humana, la Constitución Política del Estado reconoce el derecho al trabajo digno con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que asegure para la persona y su familia una existencia digna, en la misma línea, el Estado boliviano se sustenta en los principios de suma qamaña o vivir bien, bienestar común, justicia social y protección efectiva de los derechos fundamentales.

Mencionó que la previsión del art. 208.II de la LOJ debe interpretarse a la luz del contenido esencial del derecho al trabajo y a una remuneración justa (art. 46 de la CPE). En este sentido, el salario no es una simple contraprestación supeditada a la discrecionalidad disciplinaria, sino un derecho fundamental de naturaleza social vinculado a la dignidad humana al garantizar las condiciones materiales mínimas de subsistencia del trabajador y su familia, la remuneración cumple una función alimentaria; por ello, su afectación no puede considerarse una consecuencia automática o accesoria, especialmente cuando la sanción implica la privación total de ingresos.

Citó la Sentencia , la cual establece que la retención o privación total del ingreso mensual lesiona el derecho al trabajo, bajo este entendimiento, el salario debe proteger el contenido esencial de los derechos fundamentales, impidiendo que cualquier régimen sancionatorio anule económicamente la fuente de subsistencia del servidor judicial, este criterio se respalda en el art. 48.IV de la CPE, que reconoce el carácter privilegiado e inembargable del salario, y en el art. 10 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la remuneración frente a embargos para garantizar el sustento familiar; en consecuencia, la afectación salarial no es solo una vulneración individual, sino que trasciende a derechos primordiales como la vida, la alimentación y la dignidad humana.

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