Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0183/2026-CA Sucre, 15 de abril de 2026
Expediente: 82941-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución de 20 de agosto de 2024, cursante de fs. 535 a 539 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la que resolvió rechazar promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Marilú Estrada Espinoza, demandando la inconstitucionalidad del art. 365.III del Código Procesal Civil (CPC), por ser presuntamente contrario a los arts. 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 11 de junio de 2024, cursante de fs. 526 a 529, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria seguido por María Rosario Montenegro de Flores en su contra signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 70198834, la accionante refirió que interpuso demanda reconvencional por usucapión decenal; sin embargo, en el trámite se suscitaron una serie de defectos procesales, así, por decreto de 4 de septiembre de 2020, se señaló audiencia preliminar para el 26 de octubre del mismo año, que fue suspendido por su inasistencia y de los demás codemandados, y se ordenó en base al art. 365.II y III del Código Procesal Civil (CPC), para que en el plazo de tres días justifique la incomparecencia, señalando audiencia y ordenando la notificación en secretaría de juzgado, diligencias que fueron realizadas sin que conste en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ); razón por la cual, no fue de su conocimiento; en consecuencia, se celebró la audiencia complementaria el 13 de noviembre de 2020, incumpliendo el instructivo TSJ 15/2020 de 28 de mayo, por el que se dispuso las notificaciones electrónicas vía WhatsApp, tampoco se consideró su situación de vulnerabilidad por ser persona de la tercera edad, señalándose audiencia para el 23 de noviembre de 2020 y en dicho acto se dictó Sentencia declarando por desistida la demanda reconvencional de usucapión.
Actos que fueron reclamados ante la autoridad judicial, luego objeto de apelación mereciendo el Auto de Vista que resolvió anular obrados hasta el señalamiento de audiencia.
En la legislación civil, se prevén las formas de extinción del derecho, por prescripción y por caducidad en las formas señaladas en los arts. 1492, 1514 del Código Civil (CC), el desistimiento en los arts. 241 y 242 del CPC, además de otras formas de extinción del derecho como por su cumplimiento, novación, remisión, compensación, confusión e imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación.
El desistimiento establecido en el art. 365.III del CPC, se contrapone al desistimiento a solicitud de parte, que es del proceso o de la pretensión, el legislador no consideró que la extinción del derecho mediante un desistimiento de la pretensión obligatoria sin consentimiento de la parte como forma de sanción, coarta el derecho al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, es una forma de agravio cuando los derechos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y el Estado debe protegerlos y garantizar conforme a los arts. 115, 119, 120 de la CPE. Resulta un error, la promulgación de esta norma, más aún ante un proceso doble no sujeto a igualdad procesal porque el demandante tiene a su disposición a las medidas preliminares, en cambio, el demandado solo puede defenderse con los medios dispuestos; por lo que, la aplicación del art. 365.III del CPC es una sanción excesiva, debiendo aplicarse la extinción de instancia o del proceso conforme los arts. 247 y 248 del citado Código, más no así del derecho o pretensión.
Sobre el derecho al debido proceso refiere al art. 115.II de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y a la ; en relación al derecho a la defensa señaló al art. 119.II de la CPE, 8.2. incs. d) y f) de la CADH, así como a la , para luego referirse a la legislación comparada en España y Argentina.
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