Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0183/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58914-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 190/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 243 a 246 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Esdenka Quispe Mujica, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) contra Claudia Marcela Castro Dorado y Felix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 14 y 21 de julio; y, 2 de agosto de 2023, cursantes de fs. 108 a 120 vta., fs. 122 a 129; y, 134 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y otro contra Eynar Iván Viscarra Anavi -ahora tercero interesado- por la presunta comisión de los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 263/2022 de 16 de septiembre; por el cual, declaró fundada la excepción de prejudicialidad opuesta por el nombrado hoy tercero interesado, determinando la suspensión de dicho proceso penal hasta que se cuente con la correspondiente sentencia ejecutoriada dentro del proceso contencioso planteado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) contra el señalado tercero interesado y otros; determinación que habiendo sido impugnada, fue confirmada mediante Auto de Vista 87/2023 de 8 de marzo, emitido por los Vocales ahora demandados.
La citada determinación judicial concluyó erróneamente que el bien inmueble transferido por Testimonio 732/1996 de 9 de septiembre, con Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0074031 y Código Catastral 023.026.049, cuyo derecho propietario se desprende de la Escritura Pública 571/2012 de 26 de septiembre, tenía relación directa con los elementos constitutivos de los tipos penales por los cuales se sigue la acción penal contra el ahora tercero interesado Eynar Iván Viscarra Anavi y otros, cuando ello no es evidente; ya que, el "puente férreo" (estructura metálica pilón central y pilón sur) ubicado en la avenida Manco Kapac entre avenida Buenos Aires y Calle Isaac Tamayo, zona San Sebastián de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, cuenta con su propio Código Catastral 0230026004900001; de manera que, dicho puente férreo no fue parte de la transferencia dentro de los Testimonios 732/1996, 571/2012 y 315/2013; por lo que, los elementos constitutivos objetivos, subjetivos, normativos y estructurales del tipo penal no tienen relación directa entre un bien inmueble y otro; consecuentemente, no existe prejudicialidad.
La acción penal pública que se sigue tiene por objeto determinar la comisión de los delitos imputados, protegiendo de esa manera el bien inmueble con Código Catastral 0230026004900001, independientemente del proceso contencioso relativo al derecho propietario del bien inmueble con Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0074031 y Código Catastral 023.026.049 (terreno con una superficie de 830 m2); de manera que, no es necesario que previamente se dilucide en la vía contenciosa si el daño recae en una propiedad pública o privada, al tratarse de bienes inmuebles distintos.
La determinación de declarar fundada la excepción de prejudicialidad opuesta por el ahora tercero interesado Eynar Viscarra Anavi carece en absoluto de sustento legal al no cumplirse con lo dispuesto en los arts. 109, 115, 178 y 339.II de la Constitución Política del Estado (CPE), omitiendo las autoridades hoy demandadas pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre todas y cada una de las problemáticas planteadas y las pruebas presentadas, además de no guardar la debida congruencia por las contradicciones observadas en cuanto al fondo de la decisión.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso en sus componentes de derecho a la defensa, fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 109.I, 115.I, 178, 180 y 121.II de la CPE; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Mostrando 15 de 74 parrafos.