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TCP

0184/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0184/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 26013-2018-53-AAC Departamento: La Paz Partes: Hilarión Morales Ruiz contra Faustino Alfonso Mendoza Arce y Ronald Edwin Sánchez Viscarra, Comandante General y Director Nacional de Personal del Comando General, respectivamente ambos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada está de acuerdo con la , en sentido de conceder la tutela impetrada respecto al derecho de petición; sin embargo, considera que además por conexitud, debió resguardar los derechos al trabajo, a la dignidad y a la salud; constituyéndose éste, el motivo de la disidencia.

En todo caso, asumo el criterio que la no debió REVOCAR en parte la Resolución 017/2018 de 15 de octubre, emitida por el Tribunal de garantías, sino, totalmente; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, sobre la base de los fundamentos jurídicos y términos dispositivos del presente Voto Disidente.

Asimismo, cabe aclarar que el expediente 26013-2018-53-AAC, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho, en consecuencia, elaboré el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con el mismo y formuló uno alterno que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, realizo el presente Voto Disidente:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la petición, a la dignidad, a la salud; y, el principio de legalidad; toda vez que, el 6 de septiembre de 2010, solicitó su licencia indefinida por dos años de la Policía Boliviana, que fue aceptada por Resolución Administrativa (RA) 0002/2010 de 1 de octubre y previamente al cumplimiento de dicho plazo, el 10 de septiembre del 2012, presentó una nota al Comandante General pidiendo su reincorporación; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, por ello, reiteró su solicitud ante esa autoridad y al Director Nacional de Personal del Comando General, aclarando que si bien fue notificado con una nota el 28 de marzo de 2018, la misma no contiene una respuesta concreta a su petición. Por lo que, solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo que:

  1. a)El Comandante General y el Director Nacional del Personal demandados, otorguen una respuesta clara, precisa, completa, expresa y congruente a su petición planteada ante ambas autoridades;
  2. b)El Comandante General, a través de la vía pertinente, ordene a la Dirección Nacional del Personal, que de manera inmediata, disponga su reincorporación a la Policía Boliviana, con todos los derechos institucionales, ya que no cuenta con un trabajo digno a la fecha de interposición de la presente acción tutelar; y,
  3. c)Las autoridades demandadas cancelen todos los daños y perjuicios ocasionados ante la falta de respuestas oportunas hacia su persona por más de dos años.

En consecuencia, correspondía que en revisión, la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, debió analizar los siguientes temas:

  1. 1)Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización;
  2. 2)Sobre el derecho de petición; y,
  3. 3)Análisis del caso concreto.

II.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización

El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el de 19991; posteriormente, la 2, precisó en seis meses el plazo de caducidad para la formulación del entonces recurso de amparo constitucional, y este criterio fue asumido de manera uniforme por las , , y , entre otras.

La jurisprudencia constitucional también estableció en la 3, que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego la 4, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del recurso constitucional y luego se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional.

El art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación a la inmediatez establece que: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial"; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho".

Por otra parte, este Tribunal como máximo controlador de derechos fundamentales desarrolló supuestos en los cuales a la luz de los principios de favorabilidad y pro actione, entre otros, flexibilizó el plazo de caducidad, de la siguiente manera:

  1. i)La 5, señaló que si bien el Tribunal Constitucional estableció un plazo de seis meses para la activación de este recurso, el mismo no es rígido ni cerrado, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume;
  2. ii)La 6, estableció que en el marco del principio de inmediatez, el plazo para la interposición del recurso de amparo constitucional es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas;
  3. iii)La 7, estableció que el plazo de caducidad debe flexibilizarse en supuestos de demora atribuible a la parte demandada, tales como la falta de respuesta al petitorio que hace que el término de los seis meses establecido por la jurisprudencia no corra, ya que la negligencia no es atribuible al accionante sino al demandado, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental, toda petición debe ser oportunamente atendida;
  4. iv)La 8 señaló que cuando la notificación con el actuado judicial o administrativo se efectúa a última hora del día, el inicio del plazo para activar la acción de amparo constitucional, debe ser asumido desde el primer momento del día siguiente hábil;
  5. v)La 9, señaló que el término de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo razonable para interponer la acción de amparo constitucional, pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto;
  6. vi)La 10, respecto a la vulneración del derecho de jubilación que persiste en el tiempo, estableció que deberá realizarse un análisis de los motivos de la demora y en cada caso deberá establecerse la existencia de desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, similares criterios fueron expresados en la y ; y,
  7. vii)El -SL de 17 de agosto11, señaló que la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos fundamentales; inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo cumplimiento constituye una causal reglada de improcedencia y debe ser observado en esa fase, salvo que se genera una duda razonable sobre una lesión manifiesta a derechos fundamentes que en una análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro actione, entendimiento que posteriormente fue asumido por la .

II.2. Sobre el derecho de petición

El art. 24 de la CPE, establece que: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario".

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