Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 57981-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 21/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 64 vta. a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Orellana Flores contra Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero; Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes; y, Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez, Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes, todas del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 16 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 30, el accionante, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se encuentra privado de libertad de manera ilegal dentro de un proceso penal iniciado a denuncia de Valeria Rocío Vidal Assaff por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la cual fue presentada el 18 de diciembre de 2022, fecha en la que fue aprehendido y prestó su declaración informativa.
Posteriormente, el Ministerio Público formuló imputación formal y solicitó su detención preventiva por seis meses; no obstante, en audiencia de medidas cautelares de 19 de diciembre de 2022, se dispuso dicha medida únicamente por el plazo de noventa días, el cual venció el 20 de marzo de 2023, fecha en la que se cumplió el plazo de su detención preventiva, dispuesta por "Auto 406/2022", sin que se hubiera instalado audiencia de su situación jurídica, el Ministerio Público no solicitó al Juez de la causa la ampliación del plazo de aquella medida, consecuentemente, considera que desde el "...20 de marzo al 16 de agosto..." (sic), su detención preventiva y/o privación de libertad se tornó ilegal.
Asimismo, sostiene que el plazo de la etapa preparatoria venció el 20 de junio de 2023 de acuerdo al art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP) sin que el Ministerio Público hubiere observado los principios de legalidad, objetividad y responsabilidad, por cuanto alega estar detenido preventivamente ocho meses a la fecha de interposición de la presente acción de libertad, de los cuales -en su criterio-, cinco de forma ilegal.
En consecuencia, considera que se vulneró su garantía al debido proceso y su derecho a la libertad personal, por cuanto atribuye que:
- a)Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del citado departamento, en audiencia cautelar de 19 de diciembre de 2022, dispuso su detención preventiva por noventa días, plazo que venció el 20 de marzo de 2023;
- b)Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del señalado departamento -hoy codemandada-, tiene el control jurisdiccional de la investigación desde el 5 de abril de igual año, fecha en la que fue remitido el cuaderno de control jurisdiccional por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del mismo departamento, ante quien presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva el 26 de julio de ese año; no obstante, no lo providenció dentro de las veinticuatro horas de su presentación, vulnerando su derecho a la libertad por demora o dilación indebida, tampoco señaló audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas de acuerdo al art. 239 del CPP; y,
- c)Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez, Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del citado departamento -ahora codemandada-, desde el "2" de agosto del señalado año, tiene la radicatoria del proceso para juicio oral.
Mostrando 13 de 63 parrafos.