0185/2023-S1

Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante legal en audiencia manifestó que:

1. a)La Resolución Ministerial 096/21, declinó competencia con la finalidad que la judicatura laboral sea la instancia ante la cual las partes puedan hacer valer los derechos que le corresponde;
2. b)La Alcaldesa del GAM de Sucre, señaló que la accionante ejerció funciones como funcionaria provisoria, por cuanto los contratos de las gestiones 2018 y 2019 señalan que se la contrató como Asesora de la Dirección General de Gestión Legal como servidora pública provisoria y el contrato de 2017 fue como personal eventual, siendo que todos los contratos se basan en el Estatuto de Funcionario Público y la Ley 321; empero, ambos marcos legales son totalmente contrapuestos y generan una visible contradicción;
3. c)La propia accionante señaló "que mi persona cumplía laborales de técnico operativo pese que en mi contrato señalaba de profesional" (sic); por lo que, se puede afirmar que no tiene definida su situación laboral, por cuanto se extraña el marco legal bajo el cual se encontraría;
4. d)Otra de las contradicciones es que la accionante manifestó que desempeñaba funciones de técnico, cuando de la revisión de los "POAIS" se estableció que el requisito para ocupar el cargo es de Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, extremo que tampoco puede ser definido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ya que para resolver la solicitud planteada debe realizarse la valoración de pruebas y las competencias previstas en la norma, al efecto la entidad ministerial no tiene competencia para resolver conflictos originados en los contratos de trabajo, ni asumir atribuciones jurisdiccionales, así lo establece la 0SC 002/2007 de 16 de enero;
5. e)La citada Resolución Ministerial señaló que los jueces en materia de trabajo y seguridad social son competentes para conocer demandas de reincorporación, así como decidir las controversias emergentes de los contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, en ese mismo sentido, señaló también el 0Auto Supremo 95 de 11 de agosto de 2017, cuya SCP 0562/2017-S2 de 5 junio, estableció que no opera en ese término la conversión de un contrato de trabajo a plazo fijo en uno indefinido por existir más de dos contratos;
6. f)En conclusión existió controversia con relación a la situación laboral de la accionante, situación en la cual el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social no tiene competencia para resolver; asimismo, la SCP 1771/2014 de 15 de septiembre, señalo que no corresponderá a la jurisdicción constitucional el conocimiento cuando tenga que dilucidarse derechos controvertidos, siendo que la justicia ordinaria es la instancia competente para su definición;
7. g)La Resolución Ministerial precitada está motivada y fundamentada, ya que estableció claramente la descripción de los hechos controvertidos y se amparó en la norma y jurisprudencia aplicable al caso; por lo que, no es cierto ni evidente la falta de congruencia destacando que la entidad ministerial tiene la facultad de declinar competencia ante hechos controvertidos; y,
8. h)Tampoco es cierto ni evidente la presunta contradicción que refiere la accionante en la Resolución Ministerial 096/21 al haber citado los contratos de trabajo; toda vez que, la misma forma parte del análisis de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo, respecto a que los actos de la administración pública deben estar fundamentados; por lo que, pidió que se declare improcedente la acción de amparo constitucional y en efecto sea denegada la tutela solicitada.

Gabriela Kirna Iporre Escobar, Abogada del GAM de Sucre, a través de informe escrito, presentado el 7 de junio de 2021, cursante de fs. 59 a 63, manifestó que:

1. 1)La acción tutelar es inconsistente, ya que a título de una supuesta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, pretendió que la jurisdicción constitucional, ordene al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la emisión de una nueva Resolución Ministerial que confirme la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 004/2020, misma que consideró para su emisión el Decreto Municipal 007/2015 de 2 de marzo, (que supuestamente establecía categorías y determinaba los niveles que ingresaban dentro de la Ley General del Trabajo) el cual conforme a la Certificación GMC.M.S. 002/2020 de 19 de febrero, no cursa en la base de datos de registro de la normativa en la página web de la Gaceta del Concejo Municipal de Sucre; es decir, que dicha normativa no nació a la vida jurídica;
2. 2)En conocimiento de dicha documental, la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca, advertida de su error mediante Resolución Administrativa J.D.T.-CH 51/20, resolvió revocar la referida Conminatoria señalando que se requería de mayor acervo probatorio, ya que esa instancia administrativa, tiene límites incluso procedimentales; por lo que, no puede determinar con seguridad el régimen laboral que cobija a la accionante, indicando que tal controversia debe ser despejada por la autoridad competente;
3. 3)Asimismo, debió tomarse en cuenta que de acuerdo a la Escala Salarial del Ejecutivo Municipal de la gestión 2019, se tuvo que la accionante por su nivel salarial perteneció a la categoría de ejecutivo y no así operativo;
4. 4)De la revisión de los Contratos de Trabajo a Plazo Fijo suscritos por la accionante, en especial del Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo 0407/2019 de 2 de febrero, se pudo advertir que el marco legal de dicho contrato, se circunscribe a los arts. 1.II de la Ley 321; 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); 519 del Código Civil (CC) y la Ley SAFCO, señalando expresamente que adquiría la calidad de servidor público provisorio;
5. 5)En ninguna parte de dicho documento contractual se hizo referencia que la accionante estaba inmersa dentro de la Ley General del Trabajo, al contrario se estableció de manera clara y contundente, que se encontraba dentro de las excepciones previstas en el art. 1.II de la Ley 321;
6. 6)Asimismo, el "POAI" de la gestión 2019, dentro de los requisitos del puesto se requería que tenga una formación a nivel de postgrado, así también que tenga un nivel de experiencia de profesional con una importancia esencial; por lo que, la accionante se encontraba fuera de los alcances de la Ley General del Trabajo, conforme lo señaló la SCP 0436/2019-S4 de 2 de julio;
7. 7)La accionante a sabiendas que es una profesional con título de abogada y que desempeñó dentro de la entidad municipal funciones de asesoramiento, tal como señala su propio contrato y "POAI" de la gestión 2019, pretendió a toda costa ser reincorporada al municipio y que la instancia administrativa le otorgue a calidad de trabajadora amparada bajo la Ley General del Trabajo, sin que sea manual o técnico operativo administrativo, siendo que la SCP 0464/2018-S3 de 13 de septiembre, en su análisis definió que servidores públicos municipales "NO" son técnico operativo administrativo; es decir, que el término técnico operativo administrativo no es aplicable para profesionales, aún si éstos desempeñan el cargo de administradores, aunque en el caso presente, la accionante ni siquiera desempeñó un cargo de administración, sino de asesoramiento;
8. 8)La competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para el conocimiento de las solicitudes de reincorporación, está reglada por la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre de 2010; el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y la SCP 0361/2018-S1 de 26 de julio; es decir, que conforme a dicho entendimiento jurisprudencial, las controversias emergentes de una contratación individual, deben ser resueltas por la judicatura laboral;
9. 9)El accionar de la entidad ministerial fue correcto con la emisión de la Resolución Ministerial 096/21, ya que se declinó competencia a la judicatura laboral para que resuelva dicho caso; asimismo, debió tenerse presente que la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca por Resolución Administrativa J.D.T.-CH. 51/20, de la misma forma determinó declinar competencia a la instancia jurisdiccional;
10. 10)Existió certeza que la accionante no está inmersa dentro de la Ley General del Trabajo; empero, debido a que la misma considera estar bajo el paraguas de dicha Ley, existen posiciones contrapuestas, siendo correcto el accionar de la Jefatura así como del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de declinar competencia a la jurisdicción laboral para que haga valer sus derechos, ya que la instancia administrativa no tiene competencia para dilucidar conflictos emergentes de los contratos de trabajo relacionados al nivel salarial, si su cargo es o no técnico operativo administrativo y si su contratación fue camuflada, sino tan solo disponer la reincorporación de un trabajador del que no exista duda si está inmerso o no dentro de la Ley General del Trabajo; y,
11. 11)La Resolución Ministerial 096/21, está debidamente motivada y fundamentada, siendo que no podrá ingresar a analizar y resolver aspectos que son competencia de la judicatura laboral; por lo que, en el presente caso, conforme señaló la SCP 0214/2019-S2 de 10 de mayo, carece de relevancia constitucional, ya que no se podrá modificar el fondo del asunto, por lo que solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, por Resolución 68/2021 de 7 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Respecto al reclamo del derecho a la defensa, que implica la posibilidad de conocer los cargos que pesan sobre una persona, para tener la posibilidad de controvertir, presentar pruebas e impugnar, siendo que en el presente caso si bien se hizo una alusión genérica referente a que no se le puso en conocimiento la existencia de un recurso de revocatoria; empero, no se explicó de qué manera el tener que recurrir a la jurisdicción laboral limita su derecho a la defensa;
2. ii)Del análisis de la Resolución Ministerial 096/21, se pudo advertir que en su considerando II se identifica los motivos del recurso jerárquico que son cinco, en tanto que en el considerando III, a manera de fundamentos se cita lo expresado en el art. 46 y ss. de la CPE, también citó la Ley de Procedimiento Administrativo respecto al procedimiento de los recursos jerárquicos y el art. 9 del CPT, que señala que la judicatura del trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos de trabajo;
3. iii)Se invocó como un fundamento el art. 203 de la CPE, para dar pie a la cita de la 0SC 0002/2007 de 16 de enero, que refiere que los conflictos laborales deben ser resueltos en la judicatura laboral;
4. iv)En el considerando IV, a manera de análisis se refiere a los antecedentes de los contratos suscritos por la accionante para concluir que existió una relación entre el GAM de Sucre y la accionante, pero que en base a los tres últimos contratos, se colige que el cargo que ejercía estaba referido con la Asesoría de Despacho de la Dirección Jurídica, y si bien se encontraba en el nivel 9 de la escala, tenía un cargo de profesional; por lo cual, se encontraría dentro de las excepciones a la Ley 321; en ese marco, la entidad ministerial concluyó en confirmar la Resolución Administrativa J.D.T.-CH 51/2020 y revocar la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 04/2020;
5. v)Respecto a la fundamentación y la motivación, si bien fue evidente que no existió una estructura coherente que analice cada uno de los agravios del recurso jerárquico y ello se constituiría en una incongruencia externa; pero por otro lado, se pudo advertir que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social realizó un análisis de los antecedentes y los diferentes contratos para explicar la existencia de hechos controvertidos;
6. vi)El hecho controvertido básicamente derivaría de que los propios contratos hicieron referencia a que se aplicarían dos regímenes laborales al mismo tiempo, es decir, la Ley General del Trabajo y por otro lado, el régimen especial laboral del Servidor Público, en el cual, bajo ciertas circunstancias, cuando no se implementa la carrera administrativa es viable las contrataciones provisorias;
7. vii)Se pudo advertir que la explicación realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, si bien no es ampulosa; empero, trata de explicar que el conflicto radica en determinar a cuál régimen pertenece la accionante, si es al régimen de la Ley General del Trabajo o al régimen especial del Estatuto del Funcionario Público; entonces en el presente caso, no está en discusión si las tareas son propias o no son propias, sino que la discusión central básicamente radicaría en el régimen que corresponde aplicar al caso concreto;
8. viii)Si bien, existió incoherencia sobre los cinco agravios planteados, así como respecto a la fundamentación porque no se estableció con suficiente claridad de qué manera la entidad ministerial solo debe resolver situaciones en las que exista conformidad del empleador sobre la reincorporación; empero, del análisis de los antecedentes se pudo colegir que, en efecto existe un problema que amerita ser dilucidado con una amplia oportunidad probatoria en la que se pueda realizar inspecciones, peritajes, etc., para determinar cuál es el régimen laboral aplicable al caso;
9. ix)Los aspectos anotados debieron ser analizados desde la perspectiva de la relevancia constitucional que podría tener una eventual concesión de tutela para que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social realice un análisis y un pronunciamiento debidamente estructurado respecto a cada uno de los motivos del recurso jerárquico, así como para explicar el sustento normativo del porque no le corresponde resolver esta situación; y,
10. x)Por los elementos referidos, lo que hace al conflicto es determinar el régimen laboral aplicable al caso y a partir de ello declarar los efectos que correspondan, lo cual no resultaría viable en la vía administrativa; en consecuencia, resultó previsible que la emisión de una nueva Resolución por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no permitiría la satisfacción de los derechos pretendidos por la accionante; por consiguiente, siguiendo la SCP 0018/2018-S2, corresponde denegar la tutela.

II.9. La impetrante de tutela a través de memorial presentado el 15 de julio de 2020, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa J.D.T.- CH- 51/20, alegando los siguientes extremos:

1. a)La resolución que revocó su conminatoria, se aleja diametralmente de los 5 puntos expresados los cuales son:
2. a.1)Se habría omitido fundamentar y motivar la conminatoria de reincorporación laboral con relación a la Cláusula Segunda del Contrato que establecía su condición de funcionario provisorio;
3. a.2)No se consideró el art. 1.II de la Ley 321; es decir que no era trabajadora asalariada permanente y tampoco desempeñaba funciones de técnico operativo administrativo;
4. a.3)No se hizo conocer los razonamientos de hecho y de derecho por los cuales la determinación de la conminatoria se haya apartado de la línea jurisprudencial de la SCP 0562/2017-S2;
5. a.4)En contratos a plazo fijo se podrá hablar de estabilidad laboral siempre que exista reconducción del contrato al vencimiento del mismo;
6. a.5)La inobservancia de dichos presupuesto implica la lesión del debido proceso en su componente de defensa y seguridad jurídica;
7. b)La Resolución Administrativa impugnada no se encuentra fundamentada y motivada, lo cual afecta su derecho a la estabilidad laboral; toda vez que, cuenta con contratos consecutivos por más de tres gestiones continuas; por lo que, se encuentra inmersa dentro del marco legal del art. 1.II de la Ley 321;
8. c)El hecho de que en los contratos suscritos en sus cláusulas segunda y tercera contengan disposiciones contrarias a sus intereses y derechos laborales; empero, las mismas por determinación del art. 48.III de la CPE, se constituyen en nulos de pleno derecho, sobre lo cual no hubo fundamentación ni motivación; al efecto no se aplicó los razonamientos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0169/2015-S2 de 25 de febrero; y, 1230/2017-S1 de 28 de diciembre; y,
9. d)Si bien, figura como profesional en los contratos suscritos, pertenece al nivel 9, ocupando un cargo técnico - operativo administrativo, por lo que debería estar amparada en la Ley 321 y la Ley General del Trabajo, más aún si se consideran los parámetros establecidos en la planilla de la Escala Salarial del GAM de Sucre (fs. 18 a 25 vta.).

II.10. Mediante Resolución Ministerial 096/21 de 2 de febrero de 2021, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora autoridad demandada-, citando la 0SC 0002/2007 de 16 de enero y la SCP 2054/2013 de 28 de noviembre, y demás normativa inherente, confirmó totalmente la Resolución Administrativa J.D.T.-CH 51/20, resolviendo recovar totalmente la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 004/2020, declinando competencia ante la judicatura laboral, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho se advierte la existencia de una relación contractual entre el GAM de Sucre y Lelis Dalila Zuñiga Balcera; sin embargo, entre los seis Contratos Individuales Trabajo a Plazo fijo, se observa que, entre los tres primeros, existen periodos de cesantía, así tenemos entre el primer y segundo contrato, un aproximado de siete meses y, entre el tercer y cuarto, seis meses, interrumpiendo la continuidad laboral, por lo que de acuerdo a la vigencia y continuidad del plazo establecido entre los contratos, se pueden considerar, para el presente caso, los tres últimos contratos a efectos de valorar su continuidad, ahora bien, de acuerdo al cargo o función que ejercería la denunciante, los contratos refieren: "Promoción y desarrollo", "Profesional en Promoción y Desarrollo, Asesor Despacho - Dirección Jurídica", "Asesor - Dirección de Gestión Legal" y "Asesor Legal en Dirección General de Gestión Legal"; de acuerdo al marco legal del contrato, establecido en la Cláusula Segunda, refieren a la calidad de la contratada como "funcionario provisorio", "personal eventual", "personal de funcionario provisorio", "servidor público provisorio";
2. 2)Del análisis del Contrato, también se visualiza que, entre las "Funciones y Obligaciones" de la contratada, (Cláusula Cuarta) remite al POAI (Programa Operativa Anual Individual) y al Reglamento Interno Municipal; al respecto, cursa en antecedentes, los POAIS de las gestiones: 2017, 2018 y 2019, de la nombrada donde figura en el nombre del puesto, "Asesora Legal de la Comisión Revisora" y en categoría del puesto "Nivel Profesional"; situación por la que el GAM de Sucre, considera que la denunciante se encontraría fuera del alcance de la Ley General del Trabajo, por encontrarse dentro de las excepciones de la Ley 321 se refiere: "...Se exceptúa a las servidoras públicas y servidores públicos electos y de libre nombramiento así como quinees en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomo Municipales, ocupen cargos de: 1 Dirección, 2.Secretarios Generales y ejecutivas. 3. Jefatura; 4. Asesor, y 5. Profesional" (sic). De acuerdo a los antecedentes, estas excepciones también se encontrarían referidas en el Artículo Primero del Decreto Municipal 010/2015 de 13 de abril; asimismo, en el Articulo 3 del "Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre"; aprobado por Decreto Municipal 007/2015 de 2 de marzo, mismo que contendría "Treinta y Seis Artículos", pero de la revisión del mismo, cursan "Treinta y Cinco Artículos", referido a (Recursos Administrativos);
3. 3)De acuerdo a los argumentos esgrimidos por la denunciante, en el sentido de que si bien figura como "profesional" en los contratos suscritos, pertenecería al nivel 9 ocupando un cargo técnico-operativo administrativo, por lo que afirma que debería estar amparada en la Ley 321 y la Ley General del Trabajo, más aún si se considera los parámetros establecidos en la planilla de la Escala Salarial del GAM de Sucre; al respecto, de acuerdo a los antecedentes, cursa una, fotocopia de una plana, titulado: "Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Incremento salarial 4% lineal - Personal Planta 2019", donde se remarca el nivel 9 con el sueldo de haber básico 5.637 y nuevo haber básico 5.862 (donde no figuran nombres de los funcionarios con el "referido haber"; 4) De los antecedentes señalados se evidencian la existencia de hechos contrapuestos, toda vez que la recurrente señala que la denunciante, se encontraría dentro de las excepciones a la Ley 321 por tanto, fuera de la aplicación de la Ley General del Trabajo, por ostentar el cargo de "profesional"; por su parte la denunciante refiere que si bien figura como profesional, de acuerdo al haber percibido pertenecería al nivel 9, ocupando un cargo de técnico operativo administrativo, por tanto se encontraría dentro de la Ley 321 y, al amparo de la Ley General del Trabajo; por otra parte, el empleador refiere que, en el presente caso existiría una culminación de la relación laboral al tratarse de un contrato a plazo fijo; a su vez la trabajadora argumenta que, al tener seis (6) contratos de trabajo a plazo fijo, la relación laboral debía considerarse indefinida y que se habría pretendido camuflar al citarse en el contrato como "profesional o asesor legal";
4. 5)Ante estos elementos encontrados y contradictorios entre sí, se impiden valorar la existencia o la inexistencia de causal de despido, al contrario, lo argumentado por las partes tanto empleadora como trabajadora imposibilitan evidenciar un despido injustificado, posiciones jurídicas contrapuestas, respecto de la pretensión de la trabajadora y lo afirmado por el empleador, hechos, argumentos y documentos, que merecen ser analizados y evaluados por la instancia judicial, señalando que sobre este particular, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a las atribuciones establecidas por el DS 29894 de 7 de febrero de 2009, no se encuentra facultado para resolver, siendo ésta una atribución exclusiva de la judicatura laboral, conforme refiere el art. 9 del CPT, correspondiendo por lo tanto declinar competencia ante la judicatura laboral a efectos de que la misma se pronuncie respecto de los derechos que le asistiere a la denunciante; y,
5. 6)De lo vertido, se concluye que, si bien es cierto que dicha Cartera de Estado es una instancia con atribuciones para proteger derechos laborales en la vía administrativa, ante la identificación de hechos que deben de ser dilucidados por la judicatura laboral quien cuenta con competencias privativas, como la valoración de prueba y la legalidad ordinaria, en virtud del art. 9 del CPT corresponde, confirmar totalmente la Resolución Administrativa J.D.T.-CH 51/20 y revocar totalmente la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 004/2020, emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, debiendo declinar competencia a efectos de que sea tal instancia la que determine los derechos que le corresponden a la trabajadora, a fin del resguardo al debido proceso (fs. 26 a 29).

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, al trabajo, a una remuneración justa, relacionado a sus derechos a la alimentación, a la salud y a la vida digna; toda vez que, la autoridad demandada por Resolución Ministerial 096/21 de 2 de febrero de 2021, confirmó totalmente la Resolución Administrativa J.D.T.-CH 51/20 de 25 de junio de 2020, con argumentos confusos y contradictorios, por cuanto:

1. i)Se vulneró el debido proceso en su elemento de congruencia omisiva; toda vez que, no resolvió sus agravios del recurso jerárquico formulado, lo cual a su vez lesionó su derecho a la defensa, al efecto no se aplicó la SCP 1762/2013 de 21 de octubre; asimismo, se incurrió en incongruencia interna, ya que por un lado hizo un análisis de fondo y efectuó una valoración de los contratos suscritos con el GAM de Sucre, para luego concluir señalando que declina competencia conforme al art. 9 del CPT;
2. ii)Se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación ya que al no haber respondido positiva o negantemente a sus agravios, se incurrió en falta de fundamentación y motivación, que afectó el derecho a la defensa, siendo que no se aplicó la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero; y,
3. iii)Se lesionó su derecho al trabajo y a una remuneración justa porque al emitirse una Resolución Ministerial incongruente, carente de fundamentación y motivación, por haber revocado de forma ilegal la conminatoria de reincorporación laboral, se le limitó la posibilidad de trabajar; además de condenarle sin razón alguna a no tener un sustento diario y afectando sus otros derechos, siendo que su cargo era técnico operativo, por ende protegido por la Ley General del Trabajo y la Ley 321.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. a)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
2. b)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

1. 1)La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

1. 2)La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión3.