Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0185/2026-CA Sucre, 15 de abril de 2026
Expediente: 83062-2026-167-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta las Resoluciones de 25 de marzo de 2026, cursantes de fs. 3 a 5; y, 6 a 8, pronunciadas por el Director Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, que resuelven rechazar las solicitudes de promover las acciones de inconstitucionalidad concreta, interpuestas por María Enny Campos Morales y Ronald Méndez Menacho, demandando la inconstitucionalidad del art. 47.II inc. b) del Reglamento Interno del Personal aprobado por Decreto Edil 57/2022 de 26 de enero del citado Gobierno Autónomo Municipal, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y IV, 24, 109.I y II, 115, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 25 de marzo de 2026, cursante de fs. 9 a 23, la accionante María Enny Campos Morales manifiesta que, dentro del proceso sumario administrativo Caso GAMSCZ/02/2026 fue notificada con la Resolución Final de Sumario 012/2026 de 5 de similar mes y año, que le impuso la responsabilidad administrativa con sanción de destitución del cargo, hecho que afecta de manera directa sus derechos constitucionales; es por ello que, interpuso la presente acción de control normativo contra el art. 47.II inc. b) del Reglamento Interno del Personal del GAM de Santa Cruz de la Sierra, que establece: "...b) Incurrir en las prohibiciones establecidas conforme al presente Reglamento cuando éstas no se encuentren sancionadas en normativa específica...", debido a que la misma fue utilizada de fundamento en la emisión de la Resolución Final a efectos de subsumir su conducta y calificar la supuesta infracción como falta gravísima y justificar la imposición de la sanción de destitución; en consecuencia, la validez de dicha Resolución final depende directamente de la constitucionalidad de la disposición impugnada.
El artículo impugnado, vulneró el principio de legalidad y reserva de ley, debido a que introduce sanciones que afectan derechos fundamentales de los servidores públicos, sin que exista una tipificación clara establecida en una norma con rango de Ley; es decir, que una norma reglamentaria está creando sanciones administrativas que afectan derechos fundamentales, contraviniendo el principio de reserva legal; por otra parte, no establece una conducta ni determina con claridad la infracción, configurando un mecanismo que desnaturaliza el principio de legalidad, el cual exige que toda conducta sancionable se encuentre previamente definida de manera clara y expresa.
La norma cuestionada, transgrede el principio de taxatividad y seguridad jurídica, pues establece sanciones en términos amplios y ambiguos, permitiendo interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad administrativa, generando un escenario de inseguridad jurídica incompatible con los principios constitucionales; además, configura un tipo sancionador abierto e indeterminado, vulnera el derecho al debido proceso; asimismo, la autoridad utilizó esa disposición como un mecanismo para forzar la subsunción de los hechos a una falta gravísima, evitando la necesidad de una tipificación expresa y justificando la imposición de la sanción más extrema; por lo tanto, solicita la admisión de la acción de inconstitucionalidad concreta y una vez corrido en traslado, se emita la respectiva Resolución y consiguientemente se declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada, petición que debe ser resuelta de forma previa a la emisión de la Resolución Administrativa de proceso sumario.
Por su parte, Ronald Méndez Menacho por memorial presentado el 25 de marzo de 2026, cursante de fs. 24 a 38, dentro del proceso sumario administrativo Caso GAMSCZ/02/2026, se emitió la Resolución Final de Sumario 012/2026 de 5 de marzo, imponiéndole una sanción de destitución del cargo; motivo por el cual, la validez de la resolución depende directamente de la constitucionalidad de dicha disposición normativa, la aplicación de esa norma vulnera los principios constitucionales de legalidad, taxatividad, seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho al trabajo; pues la autoridad administrativa, utilizó la disposición impugnada como un mecanismo para forzar la subsunción de los hechos en una falta gravísima, evitando la necesidad de una tipificación expresa y justificando la imposición de la sanción más extrema, lo que evidencia que la norma, no está siendo aplicada conforme a derecho, sino como un mecanismo para sostener una precisión previamente definida, configurando un uso arbitrario de la potestad sancionadora; en el presente caso, la sanción impuesta, vulneró el principio de proporcionalidad; dado que, se impuso una sanción extremadamente gravosa frente a una conducta que no reviste de gravedad suficiente para justificar la destitución del cargo.
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