Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0186/2019-CA Sucre, 2 de agosto de 2019
Expediente: 29942-2019-60-CCJ Conflicto de competencias jurisdiccionales Departamento: Oruro
El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Jaime Fernández Choque; Hernan Roque Flores y Bertha Adela Ayala Choqueticlla, Presidente y Miembros del Consejo Amawtico Mayor de Justicia (Jach'a Kamachinak Apnaqeri Amawt'anaka) del Ayllu Acre Antequera, provincia Poopó y el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Poopó, ambos del departamento de Oruro.
I. SÍNTESIS DEL CONFLICTO
I.1. Contenido de la solicitud
Por memorial presentado el 17 de julio de 2019, cursante de fs. 42 a 55 vta., Jaime Fernández Choque, Hernán Roque Flores y Bertha Adela Ayala Choqueticlla; Presidente y Miembros del Consejo Amawtico Mayor de Justicia (Jach'a Kamachinak Apnaqeri Amawt'anaka) del Ayllu Acre Antequera, provincia Poopó del departamento de Oruro señalan que, recibieron de las autoridades indígena originarias del mismo Ayllu, una denuncia por avallasamiento de tierra y territorio; vulneración al derecho de los pueblos indígena originarios al atentarse contra la vida y derechos colectivos de los comunarios, con el consiguiente amedrentamiento a las autoridades originarias por; la realización de una actividad minera ilegal por falta de consentimiento libre previo e informado; incumplimiento de acuerdos firmados entre la Empresa Minera Illapa Sociedad Anónima (S.A.) y dicho Ayllu; difamación, calumnias e injurias a las autoridades indígena originarios y población a través de los medios de comunicación; mellando la dignidad y honor de la Comunidad; discriminación y racismo hacia la población y autoridades y daños medio ambientales irreversibles. Posteriormente, en su calidad de autoridades formularon una demanda contra la Empresa Minera mencionada, que es subsidiaria de la trasnacional minera Glencore, domiciliada en el Ayllu Acre Antequera y denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la violación al derecho a la consulta previa, amparados en normas internacionales y la Constitución Política del Estado. Por su parte, la referida Empresa Minera inició dos procesos contra las autoridades indígena originario campesinas del Ayllu Acre Antequera, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento minero y portación de dinamita, cometidos contra dicha Sociedad.
Refieren que, al haber asumido la justicia indígena originario campesina conocimiento primigenio del caso, plantearon un conflicto de competencias al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de "turno" de Poopó del departamento de Oruro, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 101 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al lesionar la jurisdicción ordinaria, el debido proceso y vulnerar derechos humanos (individuales y colectivos) usar esa vía para someter a la justicia en beneficio de empresas mineras e intereses extranjeros, sin que a través del Ministerio Público se hubiere evaluado la legalidad de la supuesta concesión minera, investigado si hubo o no consulta previa, identificado la responsabilidad penal de los denunciados, limitándose a acusar a las autoridades indígena originario campesinas, por ser esa su calidad, sin considerar su inmunidad ni fuero, ordenándose intervenciones policiales, amedrentando, golpeando, deteniendo a comunarios y a las señaladas autoridades, sin realizar ningún tipo de coordinación ni cooperación conforme establecen los arts. 16 y 72 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).
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