0186/2023-S4

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola refirió que:

1. a)El monto total de la Boleta de Garantía fue devuelta en su integridad a Agustín Hortelano Condori, con una serie de deficiencias en las que incurrió el Banco Ganadero, habiendo incluso recibido una sanción dentro de un proceso administrado por parte de la ASFI, donde se evidenció que existió procedimientos ilegales por parte de los funcionarios, existiendo la respectiva sanción, por cuanto su persona como propietario representante de la citada Empresa tenía la facultad de iniciar proceso penal, lo cual se hizo;
2. b)La etapa preliminar en el caso tuvo una duración de dos años, por cuanto la norma procesal establece que el proceso penal no concluye con la resolución de rechazo, sino que la víctima puede acudir a la conversión de acciones, con base en la cual se presentó una acusación particular;
3. c)El Auto de Vista confutado, vulneró su derecho de acceso a la justicia por interpretación arbitraria del art. 492 de la Ley 393, la cual en ningún momento quita la calidad de víctima a las personas, conforme se encuentra reconocido en el art. 76 del CPP; no obstante, los Vocales demandados indican que la única entidad víctima del delito financiero llegaría a ser la ASFI;
4. d)Existe motivación arbitraria, ya que la determinación asumida no se encuentra sustentada en ningún elemento objetivo, puesto que si bien Agustín Hortelano Condori realizó los trámites eso no significa que la Boleta de Garantía le pertenecía al prenombrado, pues de la revisión de dicha Boleta puede verificarse que la misma fue otorgada por su Empresa, sin que conste que la titularidad este a nombre del aludido, por cuanto la afirmación que realizan no tiene respaldo, pues solamente se basa en una parte de lo que señala la acusación particular, sin realizar ninguna contrastación con la Boleta;
5. e)De igual forma, se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento "valoración irrazonable y omisión valorativa de la prueba" (sic), la primera porque la base de la Resolución emitida es la Boleta de Garantía, la cual le pertenecería a Agustín Hortelano "porque el mismo acusador ha señalado en su acusación" (sic), cuando la boleta le pertenece a la Empresa, por cuanto la única entidad que en el caso podía solicitar su reversión era la Gobernación de Potosí, de lo que se tiene que el elemento que ha sido valorado irrazonablemente es la acusación particular; por otro lado, se incurrió en omisión valorativa porque no se revisó la Boleta de Garantía, lo que se corrobora con el informe presentado por los demandados, donde se señala que la misma le pertenece a Agustín Hortelano Condori, quien es titular de dicha Boleta; sin embargo, de su verificación se puede advertir que "dice a la orden de Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, por cuenta de empresa de Servicios Integrales Alianza-ESSIA Ltda., en qué lugar de esta boleta de garantía señala el nombre del señor Agustín Hortelano" (sic), lo que demuestra que en ningún momento consideraron ni vieron la boleta, lo que hace que la Resolución carezca de legalidad porque no ha sido basada en el elemento o por lo menos en lo que demuestra el mismo;
6. f)También fue lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente debida fundamentación por argumento y motivación arbitraria, respecto a la extinción de la acción penal por prescripción, ya que no se consideró la existencia de la etapa preliminar la cual duró dos años, por cuanto cuando se presentó la excepción de prescripción fue declarada infundada pero los Vocales resolvieron que era fundada, con el argumento que el Juez a quo no podía pedir mayores requisitos para declarar o demostrar que no existían causales de suspensión o interrupción de la prescripción, porque existía una conversión de acciones por tanto el Juez contaba solamente con actuados desde la acusación particular en adelante; por lo que, no podía rechazarse la prescripción ya que al presentar el REJAP se demostraba que no existía ningún motivo para declarar infundada la prescripción; no obstante, no se acreditaron ni demostraron que en la referida etapa no existieron causales de interrupción y suspensión; y,
7. g)En cuanto a la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente "valoración irrazonable y arbitraria de la prueba, con relación a la extinción de la acción penal" (sic), refirió que existe valoración irrazonable de la prueba respecto al Certificado REJAP y también del mismo expediente, ya que si hubiera sido razonablemente compulsada si bien podía acreditar la existencia de rebeldía o de una salida alternativa de suspensión condicional del proceso, no podía acreditar las causales establecidas en el art. 32 del CPP, tampoco que se haya planteado un incidente o recusación dilatorio, malicioso y temerario, pues tampoco del expediente se puede sostener ello, ya que son ellos mismos quienes señalan que el expediente se encuentra desde la acusación en adelante; no obstante, correspondía que se demuestre que en los dos años que duró la etapa preliminar, jamás existió las aludidas causales.

Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante memorial de 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 434 a 438, señalaron que:

1. 1)Pretendiendo la tutela, la parte accionante efectúa una transcripción parcial y fragmentada de los fundamentos y la motivación del Auto de Vista cuestionado, omitiendo señalar que dicho Auto de Vista cumplió plenamente con analizar exhaustivamente las pruebas presentadas, citando las normas pertinentes, para concluir que el hoy impetrante de tutela no tiene la condición de víctima, arribándose a la convicción que no sólo no tuvo ninguna participación en la emisión de la Boleta de Garantía sino que voluntariamente reconoció de forma expresa que la misma fue solicitada, tramitada y obtenida por Agustín Hortelano Condori, lo que evidencia que el Auto de Vista no únicamente analizó las normas referidas a la condición del querellante de la ASFI, sino que además analizó los documentos, pruebas y normas jurídicas a través de un razonamiento integral y armonizado de todos los elementos probatorios y normativos, concluyendo que el solicitante de tutela no cumple con la exigencia de los arts. 18 y 76 del CPP, fundamentado dicha posición en que el mismo no participó en el contrato que dio lugar a dicha boleta, al no ser afianzado ni beneficiario;
2. 2)En lo que respecta a la alegación que realiza el accionante que sería el representante de la Empresa de Servicios Integrales Alianza- ESSIA Ltda. y que por ello tendría condición de víctima, conforme se puede evidenciar esta acción tutelar fue presentada a título personal y no así en representación de una sociedad, de la cual no sólo no se acredito su existencia sino que además no se acompañó ningún poder, menos su representación; por lo que, no puede aducir representación de ninguna sociedad y por tanto no puede reclamar supuestas inexistentes lesiones que hubiera sufrido la aludida Empresa, pues carece de legitimación procesal para exponer, alegar y menos pedir la tutela a sus derechos como víctima, como efecto que presuntamente la indicada Empresa pueda ser la afectada;
3. 3)La referida Empresa también carece de legitimación para reclamar en relación a la fianza o boleta bancaria, porque no fue afianzada ni beneficiaria, puesto que, el afianzado es Agustín Hortelano Condori así lo solicitó dado que era el titular de la misma y quien deposito los fondos que garantizaban la operación;
4. 4)Conforme puede evidenciarse de la propia manifestación del accionante reconoce que el Auto de Vista analizó su condición personal, concluyendo que no tiene ninguna relación con la Boleta de Garantía, lo que desvirtúa su alegato en sentido que dicho fallo no habría considerado su condición de víctima;
5. 5)El impetrante de tutela no acreditó que el Auto de Vista confutado hubiera incurrido en alguna lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, pretendiendo más bien justificar su acción omitiendo partes esenciales del fallo y faltando a la verdad sobre su contenido;
6. 6)En relación a que el Auto de Vista no hubiera aplicado la interpretación que reclama el accionante, precisaron que no existe ningún método de interpretación que permita cambiar la realidad de los hechos y convertir en parte de una relación jurídica a quién no lo es, ya que el hoy impetrante de tutela no solicitó ni es beneficiario por cuanto no tiene relación alguna que lo vincule a la Boleta de Garantía;
7. 7)Sobre la denuncia de valoración irrazonable de la prueba, no es evidente ya que se realizó una correcta y razonada valoración, tanto de la boleta como de la denuncia efectuada por el accionante;
8. 8)No identificó cual sería la prueba que no se consideró y menos cual la irrazonabilidad que el Auto de Vista haya concluido que no tiene legitimación si no tuvo participación alguna en la obtención de la Boleta de Garantía, conforme además reconoció en su denuncia penal;
9. 9)El fallo ahora cuestionado, no afectó de ninguna forma su derecho de acceso a la justicia, habida cuenta que se consideró y fundamentó de acuerdo a las normas vigentes y al orden constitucional la ausencia de legitimación, ya que no puede iniciar una acción con base en una boleta de garantía de la cual no acreditó ser parte, careciendo por tanto de legitimación para participar y mucho menos iniciar y proseguir el proceso penal en relación al cual se presentó esta acción tutelar; y,
10. 10)El fundamento del Auto de Vista con relación a la prescripción de la acción penal, hace referencia expresa al certificado REJAP y expediente que contienen los actuados, de los que se constató que no existió causal de interrupción o suspensión del término de la prescripción, por cuanto si el accionante consideraba que existía causal de interrupción o suspensión era suficiente que identifique donde constaba dicho extremo y el documento que probaba lo aseverado, más aun considerando que en instancia constitucional no es posible alegar y analizar una mera conjetura de una situación que es citada pero no demostrada, consecuentemente el impetrante de tutela no logró demostrar la presunta motivación arbitraria en la que habría incurrido el fallo que cuestiona; argumentos con base en los cuales solcito se deniegue la tutela impetrada.

María Gerarda Ugarteche Vidal, mediante informe escrito presentado el 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 323 a 330, señaló que:

1. i)La Boleta de Garantía 044733 fue emitida como emergencia del contrato de fianza bancaria suscrito entre el Banco Ganadero S.A. y Agustín Hortelano Condori, como fiado, quien conforme a la naturaleza de la referida operación puede garantizar un contrato propio o de tercero, consignándose como beneficiario a la Gobernación de Potosí, por ende, toda la relación jurídica y el cumplimiento de los derechos y obligaciones emergentes de dicho contrato, sólo pueden ser ejercidos por las partes intervinientes, siendo el prenombrado quien en ejercicio de los derechos emergentes de la fianza podría decidir si la misma operará como una garantía suya "o como en el caso de referencia, en favor de la Empresa Servicios Integrales Alianza-ESSIA Ltda." (sic), y por razones que no son de incumbencia del Banco Agustín Hortelano Condori no presentó la Boleta de Garantía a la Gobernación de Potosí, sino que presentó el original de la misma al Banco, pidiendo sea dada de baja y como efecto se proceda a la devolución de los fondos pignorados en garantía, que éste había depositado, hecho que el ahora accionante considera como una conducta ilícita, aduciendo que el afianzado era su socio y otras veces señalando que era representante legal de dicha Empresa, siendo en razón de ello que presentó la denuncia penal, donde fueron presentados incidentes y excepciones, emitiéndose el Auto de Vista que ahora se cuestiona, a través del cual se declaró procedente la excepción de falta de acción al no haber sido legalmente promovida y procedente la excepción de extinción de la acción penal por prescripción;
2. ii)El Auto de Vista ahora confutado, analizó y consideró que el hoy accionante, no sólo no tuvo participación en la emisión de la Boleta de Garantía sino que además voluntariamente reconoció ante la autoridad pública que la boleta fue solicitada, tramitada y obtenida por Agustín Hortelano Condori;
3. iii)La presente acción de amparo constitucional fue presentada por el accionante a título personal, no así en representación de ninguna sociedad, por tanto, no puede reclamar supuestas e inexistentes lesiones que hubiera sufrido la indicada Empresa; y,
4. iv)En lo demás, hizo referencia a los mismos aspectos que fueron explanados en el informe de los Vocales demandados.

En audiencia acotó que:

1. a)Si se revisa el Auto de Vista cuestionado, en los párrafos 9 y 10, los Vocales demandados no se limitan a señalar que la ASFI sería la única que podía demandar, sino que resalta que debe ser parte de los procesos de esa naturaleza, de igual forma, se analizó que el hoy accionante carecía de las condiciones que lo vinculen como víctima, ya que su nombre no aparecía en la boleta, en cambio sí la de Agustín Hortelano Condori, por tanto, no acreditó en el proceso penal que tenía la calidad de víctima para activar ese tipo de acción, lo que demuestra que es falso que dicho Auto no haya considera al hoy impetrante de tutela como persona que podía o no activar ese mecanismo, lo que desvirtúa totalmente su pretensión;
2. b)El propio informe de la ASFI, establece que quien tramitó la Boleta de Garantía fue Agustín Hortelano Condori, "que él no haya asignado a la empresa, en este caso Alianza o a cualquier otra que lo podía hacer, no sustituye que el cliente financiero el que sea relacionado con el Banco es el señor Agustín Hortelano" (sic), siendo este un aspecto esencial para acreditar que ni la sociedad tenía una relación con el Banco, no fue su cliente financiero y no aportó los fondos para la emisión de la referida boleta; por lo que, ni siquiera como persona ni representante de la sociedad puede el ahora accionante argumentar que se lesionaron sus derechos o el de la aludida empresa, lo cual debe ser considerado ya que no acreditó de manera alguna lesión a sus derechos fundamentales; y,
3. c)En cuanto a la prescripción, aclararon que luego de la acusación particular el cuaderno procesal está compuesto por los cuadernos cautelares procesales previos, los cuales son remitidos por el Ministerio Público cuando se solicita al Fiscal Departamental la conversión de acciones, de igual manera cuando se pide al Juez Cautelar dicha conversión remite el cuaderno al Juez de Sentencia, por cuanto el cuaderno procesal con el que cuenta esta última autoridad ya se encuentra integrado, en ese sentido, para la interposición de la señalada excepción se acompañó no solamente el REJAP sino también el cuaderno procesal, remitido por el Ministerio Público y el Juez Cautelar, el cual fue revisado por los Vocales demandados, advirtiendo que no existiría causal de suspensión conforme las previsiones del art. 32 del CPP, ya que no existió ninguna recusación ni incidente declarado manifiestamente temerario ni causal de suspensión durante la tramitación del proceso cuando estaba a cargo el Ministerio Público, siendo la prueba para acreditar la inexistencia de causal de suspensión precisamente dicho expediente; es decir, se ofreció el REJAP para probar la inconcurrencia de rebeldía y el cuaderno procesal para probar que en el desarrollo de la etapa preliminar tampoco concurrió ninguna causal.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 057/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 460 a 464, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Respecto al cuestionamiento efectuado en relación a que el hoy accionante carecería de legitimación activa para plantear la presenta acción tutelar, y no podía pedir nada en representación de la Empresa de Servicios Integrales Alianza-ESSIA Ltda., de la que dice era beneficiaria de la Boleta de Garantía 044733, tramitada y obtenida por Agustín Hortelano Condori, que del análisis de los antecedentes entre ellos la querella o acusación particular dentro del proceso penal que dio origen al Auto de Vista ahora cuestionado, fue iniciada por el solicitante de tutela como persona natural contra Enrique Alberto Pino Frerking y otros, denunciándose en esta acción de defensa la lesión a sus derechos fundamentales como acusador particular y no de la persona jurídica, por lo que, al existir coincidencia entre los datos del acusador en el proceso penal por delitos de acción privada, no resultaba evidente lo alegado por el tercero interesado, pues la falta de legitimación declarada en la jurisdicción ordinaria no vincula a la jurisdicción constitucional la cual debe realizar un análisis independiente en cuanto a la legitimación activa, no existiendo sustento que de curso a la solicitud de denegatoria de la tutela por la falta de legitimación activa; y,
2. 2)Del análisis del Auto de Vista, se advierte que el mismo contiene una exposición de los antecedentes e identifica con bastante claridad y precisión los agravios planteados, además de exponer el sustento normativo referida a la legitimación para promover la acción penal privada y lo concerniente a la condición de víctima del ilícito de apropiación indebida de fondos financieros, expresando el sentido y alcance que le asignan al texto normativo del art. 492 de la Ley 393 vinculado al art. 76 inc. 1), 78 y 18, todos del CPP, estableciendo que sólo en relación al aludido delito la ASFI puede constituirse en víctima; sin embargo, posteriormente dicho postulado es superado puesto que también se refieren al consumidor financiero como la persona que utiliza los servicios de entidades financieras y con base en lo cual manifiestan que el propio acusador reconoció que quien depositó el dinero para la Boleta de Garantía es Agustín Hortelano Condori, no el hoy accionante y sólo el cliente o consumidor financiero podía retirarla; por lo que, concluyeron que el acusador nunca tuvo esa condición y no podría ser víctima, por cuanto la aparente lesión que deviene presuntamente de la interpretación restrictiva de la norma es cuestión, resulta superada y no adquiere relevancia constitucional, puesto que el hoy impetrante de tutela en la audiencia manifestó no haber tenido relación de cliente con el referido Banco, y no haber intervenido en la obtención de la Boleta de Garantía sino que fue Agustín Hortelano Condori quien realizó esos trámites con quien manifestó haber tenido una sociedad de hecho, por cuanto la presunta vulneración a sus derechos como supuesta víctima por la devolución de los fondos carece de relevancia, de lo que no se advierte la arbitrariedad denunciada respecto a la conclusión a la que arribaron los Vocales demandados; puesto que la condición de víctima no basta invocarla sino que debe ser acreditada, ya que si bien se aduce que la beneficiaria de la referida boleta era la Empresa de su propiedad; sin embargo, la presente acción de defensa se la planteó como persona natural, por cuanto en las circunstancias anotadas una concesión de tutela no tendría relevancia puesto que no permitiría cambiar la decisión cuestionada ante la inconcurrencia de presupuestos para constituirse en víctima de una supuesta apropiación indebida de fondos financieros como efecto de una transacción realizada entre el Banco Ganadero y Agustín Hortelano Condori;
3. 3)En torno a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción en cuanto a los delitos de manipulación informática y falsedad de documento privado, las autoridades demandadas exteriorizaron el sustento normativo, el alcance y sentido que le asignaron a las normas aplicables, en torno a los cuales establecieron los presupuestos en los que opera la suspensión de plazos para el término de la prescripción, dando una explicación del porqué no concurren en el caso "entre ellas que puede estar pendiente de conformidad de un gobierno extranjero o que los delitos que se acusan causan alteración del orden constitucional" (sic), concluyendo que en el proceso fue conocido por el Juez de Sentencia y no existió etapa preparatoria;
4. 4)Finalmente, precisaron que si bien es evidente que el incidentista tiene la carga de la prueba para demostrar que no concurren las causales de suspensión del cómputo de la prescripción; no obstante, no resultaba razonable pedir pruebas con relación a los actuados que constan en el expediente, por lo cual la denuncia de falta de fundamentación y motivación así como valoración razonable de la prueba, debieron ser complementadas con el de relevancia constitucional con base en los elementos presentados; sin embargo, en el caso presente el hoy accionante al responder a las consultas formuladas en audiencia, manifestó desconocer respecto a la concurrencia de alguna causal de suspensión del cómputo del plazo de la prescripción de los ilícitos endilgados en el proceso penal relativos a manipulación informática y falsedad de documento privado; y,
5. 5)No existen elementos que puedan sustentar la denuncia de arbitrariedad, pues si bien el proceso deviene de una conversión de acciones, no tuvo una etapa preparatoria propiamente, ya que ante el rechazo por el Ministerio Público "en etapa preliminar se solicitó la conversión de acciones y una vez activado mediante acusación particular formulada por el ahora impetrante, todos los antecedentes fueron remitidos al Juez de Sentencia, quien tramitó desde el inicio de dicho proceso" (sic); por lo que, no resultaba razonable exigir prueba adicional, a los ofrecidos por los excepcionistas respecto a la no concurrencia de las causales de suspensión del cómputo del plazo de prescripción.