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TCP

0186/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de octubre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0186/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2026-O Sucre, 28 de octubre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 55554-2023-112-AAC Departamento: Chuquisaca

La queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Santos Plaza Suárez contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2025, cursante de fs. 938 a 952, José Santos Plaza Suárez -accionante en la acción de amparo constitucional, hoy activante de queja-, refirió el incumplimiento de la , bajo los siguientes fundamentos:

Habiéndose concedido la tutela en la -dentro del proceso civil de nulidad absoluta de documento y reconocimiento de derecho propietario activado por Alfredo Cristian Michel López, cuya Sentencia de 19 de febrero de 2021, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, declaró probada sobre la nulidad absoluta e improbada respecto del derecho propietario, misma que fue ratificada en apelación mediante Auto de Vista de 29 de abril de 2022, emitido por los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento y en casación, mediante el , los entonces Magistrados accionados declararon infundado el recurso de casación-, resolviéndose: "...REVOCAR la Resolución 0066/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 864 a 868, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el , disponiendo la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y congruente, en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional" (sic).

En efecto, los actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitieron el ; empero, sin cumplir la referida disposición, vulnerando nuevamente el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que:

  1. a)Se incumplió lo analizado en el inc. b) del Fundamento Jurídico III.2.3. de la , que advirtió que la valoración de la pericia del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) no mereció respuesta, limitándose a describir dos pericias y mencionando que una tendría mayor valor que la otra, sin considerar que la pericia primigenia formaba parte de un proceso con calidad de cosa juzgada, limitándose con un criterio formal a equiparar la medida preparatoria de reconocimiento de firmas al proceso ejecutivo, para concluir que lo resuelto en aquella puede modificarse en un proceso ordinario, omitiendo citar norma jurídica del Código Civil o del Código de Procedimiento Civil que lo permita, tampoco precisaron la norma que permite que lo resuelto en la medida preparatoria donde se realizó una pericia y se emitió fallos dentro de la cadena de instancias que alcanzaron la calidad de cosa juzgada, puedan ser reabiertos o modificados a través de un proceso ordinario, afectando la confianza en el sistema judicial y la predictibilidad de las resoluciones contrarias a la seguridad jurídica, evitando el nuevo , valorar la pericia realizada en la medida preparatoria que ya mereció un determinado valor;
  2. b)Se incumplió lo referente al mandato del inc. c) del Fundamento Jurídico III.2.3. de la objeto de queja, que consideró que el documento privado de 28 de octubre de 2014, si sería cuestionable, cuando adquirió valor legal frente a terceros, al reconocer sus firmas dentro de la medida preparatoria; aspecto que, como se señaló ut supra, no fue debidamente considerado; de tal forma que, no podría cuestionarse la validez del mencionado documento privado, sin antes manifestarse sobre lo dispuesto por el Auto Interlocutorio de 4 de septiembre de 2015, confirmado por Auto Definitivo de 20 de febrero de 2017 y Auto de Vista de 4 de enero de 2016; razón por la cual, el presente punto también se encuentra infundado, los actuales Magistrados se limitaron a realizar alegaciones generales sobre los puntos de hecho a probar fijados en la audiencia preliminar, la comunidad de la prueba y el hecho de que no se hubiese objetado el documento privado de devolución de dinero de 3 de febrero de 2010, sin pronunciarse en la forma dispuesta por el mencionado fallo constitucional, lo que configura un acto arbitrario que vulnera nuevamente el derecho al debido proceso en sus elementos denunciados en la acción de amparo constitucional; y,
  3. c)No se cumplió lo razonado en el inc. d) del Fundamento Jurídico III.2.3. de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la exigencia de tomar en cuenta las resoluciones judiciales emergentes de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas del documento privado de 28 de octubre de 2014, las cuales, cuentan con calidad de cosa juzgada, más al contrario se limitaron a realizar alegaciones generales, señalando que las decisiones del proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas no producen cosa juzgada material en el proceso ordinario, sin que se hubiese invalidado ab initio el valor probatorio del dictamen pericial.

Asimismo, los actuales Magistrados omitieron actuar con enfoque diferenciado y generacional al tratarse de una propiedad y vivienda de una persona adulta mayor, vulnerando los arts. 3. incs. k) y l); 4 inc. c); 5; y, 31 de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Constitución Política del Estado y las y "1096/2023-S4", que establecen la obligación de ejercer un trato diferenciado y preferencial a dicho sector, por encontrarse en la última etapa de su vida y con capacidades disminuidas, criterio ratificado por el .

I.2. Petitorio

Solicita se declare ha lugar la queja por incumplimiento de la , debiendo disponer:

  1. 1)Dejar sin efecto el y todo lo obrado con posterioridad; y, se emita una "nueva resolución" que atienda cada uno de los mandatos analizados en la misma, sea con enfoque diferenciado e interseccional por su condición de persona adulta mayor y con enfermedad; y,
  2. 2)Se remitan antecedentes al Ministerio Público por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, sancionado por el art. 179 bis del Código Penal (CP).

I.3. Trámite de la queja por incumplimiento

I.3.1. Contestación de la autoridad accionada

Fanny Coaquira Rodríguez, actual Vocal de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 22 de mayo de 2025, cursante de fs. 970 a 972 vta., manifestó que:

  1. i)El que suscribió es claro y preciso en sus determinaciones, sin que sea cierto ni evidente que contenga argumentos ambiguos y genéricos, es resultado de un análisis objetivo y racional, estableció sobre la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas que la decisión del proceso preliminar o preparatorio de reconocimiento de firmas tiene calidad de cosa juzgada formal, ello en el marco de su objeto y naturaleza, sin que en ningún momento se haya modificado la cosa juzgada de las decisiones emitidas en la referida medida preparatoria; sino que, en el marco de lo referido en los Considerandos III.4 y 5 en relación al art. 319 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), resulta coherente concluir que las medidas preliminares obedecen a su objeto y naturaleza; es decir, preparar el proceso posterior y no definir situaciones jurídicas; en ese entendido, no pueden ser parámetro para determinar la falsedad o no del "documento impugnado";
  2. ii)Con relación a los estudios periciales, se expuso que, "'...si bien las decisiones del proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas no producen cosa juzgada material en el presente proceso ordinario, empero ello, tampoco invalidan ab initio el valor probatorio del dictamen pericial; por ello, resulta necesario efectuar una ponderación a dicha prueba y la producida en la presente causa, por tener ambas la calidad de probanzas especializadas'" (sic). Así también, se sostuvo que "'...en la valoración de la prueba pericial se debe considerar, la competencia del perito; los principios científicos o técnicos en que se funda el dictamen; la concordancia con las reglas de la sana crítica y con el resto del acervo probatorio'" (sic); por lo que, "'...la pericia desarrollada por Adolfo Arturo Mercado Milán (...); tiene mayor credibilidad; toda vez que, detalla de forma clara el procedimiento utilizado (...) posee un menor grado de error para llegar a su conclusión, extremos que no se evidencian en la pericia efectuada por Cristian B. Mercado Carrasco desarrollada en el proceso de reconocimiento de firmas y rubricas'" (sic); además que, "'...el argumento del recurrente no es fundado; habida cuenta que, los de instancia valoraron la pericia desarrollada por Adolfo Arturo Mercado Millán (...) en el marco de lo prescrito en el art. 202 del Código Procesal Civil...'" (sic), sin que sea cierto que se hubiese desconocido o no valorado la pericia ejecutada en la medida preliminar; en razón a que, ejercitando la valoración legal y de prudente criterio, se concluyó en otorgar prevalencia a que "...acreditó tener mayor grado de credibilidad..." (sic), ello en el marco de lo estudiado en el Considerando III.1 del objetado, no siendo lo decidido un simple ejercicio de criterio unilateral, sino, una comparación minuciosa de lo probado en la causa;
  3. iii)El , consideró que el documento de 3 de febrero de 2010, "'...no obedece a que el mismo sea o no objeto de la pretensión, sino a que el mismo es prueba documental de cargo, por ende, es innegable su valoración, esto bajo el principio de comunidad de la prueba; además que, esta apreciación esta conforme la regla del art. 202 del Código de Procedimiento Civil; es decir, una valoración integral del acervo probatorio...'" (sic), concluyendo que, "'De nada sirve que el Tribunal de apelación cuestione las pruebas ofrecidas, menos cuando estas han sido señaladas por la Juez de instancia en la audiencia preliminar de 28 de septiembre de 2018 como uno de los puntos de hechos a probar por la parte demandante, fue admitida e incorporada al proceso para su valoración y consideración en Sentencia, además de formar parte de los documentos indubitados por el perito de oficio del Instituto de Investigación Forense (IDIF), en aplicación del art. 149 del Código Procesal Civil'" (sic); cuyos argumentos "'...en ningún momento son contradichos, toda vez que, la valoración que realizó el Tribunal, corroborada en el Auto Supremo, comulga con las normas procesales; pues la consideración de las pruebas indudablemente debe ser individual y conjunta; extremos que se comprobó, sin que ello pueda representar violación o menoscabo a derechos y/o garantías constitucionales de los litigantes'" (sic); y,
  4. iv)"'...en relación al argumento de compulsar la causa bajo una óptica generacional, se debe considerar que dicho extremo en ningún momento fue tópico de la acción constitucional; por ende, unilateralmente se estaría introduciendo nuevos ítems, afectando el derecho a la defensa'" (sic). Asimismo, "'...no resulta coherente acoger pretensiones por la sola alegación de principios constitucionales y la aplicación de un criterio de convencionalidad reforzada; toda vez que, también se debe garantizar la igualdad y no discriminación de los derechos entre litigantes; en ese sentido, el art. 14.II de la Constitución Política del Estado (...) si bien el recurrente podría ser considerado como una persona de la tercera edad; sin embargo, ello no conlleva a que se deba realizar una discriminación o desigualdad en la aplicación de la norma en relación a los procesos judiciales, excepto, si es que se advirtiera que por su edad se hubiera cometido un menoscabo o discriminación en sus derechos proclamados por la Constitución o por normativa civil u otras normas; extremos no acecidos en la causa'" (sic), sin advertirse vulneración alguna de los derechos y garantías constitucionales, más al contrario, se emitió un pronunciamiento preciso sobre lo cuestionado en el recurso de casación. Por lo expuesto, al cumplirse con los parámetros dispuestos por la , corresponde que la queja por incumplimiento sea denegada.

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