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TCP

0186/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0186/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 58930-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 124/23 de 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 483 vta. a 489, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Cesar Jiménez Limpias contra Mirian Rosell Terrazas y Efraín Cruz Limachi, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante los memoriales presentados el 5 y 8 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 443 a 460; y 465 y vta., el accionante a través de su abogado manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Demandó divorcio contra Licet Mariana Salvatierra Vaca, y lo relativo a la situación de su hijo, guarda y régimen de visitas, y a la asistencia familiar, pidiendo la homologación del acuerdo regulador de asistencia familiar; a pesar del monto fijado en dicho acuerdo, ofreció un monto mayor en consideración a la asistencia familiar que provee a su otra hija y al sueldo que tiene como maestro; no obstante, la autoridad de primera instancia dictó Sentencia 329/20233 de 12 de octubre, declarando disuelto el vínculo matrimonial, cancelación de la partida matrimonial, guarda del hijo a favor de la madre y una asistencia familiar de Bs1 200.- (un mil doscientos bolivianos), sentencia que contiene una fundamentación y motivación escueta respecto a las razones de su decisión; pues, no cumple con una valoración coherente de la prueba.

En ese marco, la Sentencia fue objeto del recurso de apelación por ambas partes del proceso, emitiéndose el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el cual, resolvió revocar parcialmente la Resolución de primera instancia, determinando una asistencia familiar porcentual de Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); global y total, manteniéndose incólume en lo demás lo resuelto en la referida Resolución. El Auto de Vista ahora impugnado, no solo refleja una incongruencia interna, sino también externa; es así que, en su primera página refirió que, el recurso de apelación fue remitido en efecto devolutivo; siendo que, ambos recursos fueron concedidos en el efecto suspensivo.

Las autoridades judiciales -ahora demandados-, procedieron a resolver las apelaciones con argumentos incoherentes, contrarios al debido proceso en su triple dimensión; tal es así, que incurrieron en contradicción interna, al entrar en una confusión total de razonamiento, fundamentando el Auto de Vista con normativa relativa a la reducción o aumento de la asistencia familiar prevista en el art. 123 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, cuando esa interpretación es para las demandas incidentales de reducción e incremento de asistencia familiar, siendo los arts. 109 y 116.I del código mencionado, la normativa idónea para la fijación de asistencia familiar.

Asimismo, en la fundamentación jurídica y motivación de su decisión, asumieron lo expuesto como agravios por la apelante -ahora tercera interesada-, relativos a la falta de valoración de la prueba, la no consideración de la jurisprudencia invocada, la no valoración de la fundamentación hecha por la demandada y la propuesta con relación a la guarda; habiendo incumplido de forma, por demás objetiva la obligación establecida en el art. 385 del CFPF. Por otra parte, con relación a la apelación que interpuso, las autoridades de segunda instancia, de forma escueta; señalaron que, incumplió con la carga de la prueba, con respecto a la solicitud de reducción de asistencia familiar; pues, no presentó prueba fehaciente que justifique la imposibilidad de generar recursos económicos, para cumplir con su obligación de acuerdo a las necesidades de su hijo.

Por otra parte, se pronunciaron respecto a la observación de la personería que realizó; señalando que, es incorrecto lo observado, llegando a la conclusión que la Jueza a quo, no realizó una valoración en su conjunto de todas las circunstancias expuestas en el proceso a tiempo de dictar la Sentencia, resultando incorrecto lo resuelto en lo referente a la asistencia familiar; es así, que la Resolución ahora impugnada es incoherente; ya que, en reiteradas oportunidades se concluyó que, la misma contiene una omisión valorativa de la prueba, que en todo punto de vista es un agravio de forma; sin embargo, ambos apelantes pidieron suplir esa falencia en el fondo y valore la prueba; lo cual, no ocurrió por lo que, no se explica cómo entró a efectuar una decisión de fondo, revocando la Sentencia, pues correspondía cumplir con los elementos del debido proceso, omitiendo precisar la fundamentación; en lo que, se refiere a la descripción y evaluación de cada una de las pruebas, incurriendo en una omisión valorativa de la prueba, exigida por el art. 332 del CFPF. Si bien, la Resolución impugnada hace referencia a varias disposiciones jurídicas; empero, no hace un análisis de las mismas en relación al objeto del proceso, no señala la norma correcta, existiendo una insuficiente fundamentación jurídica, además de ser incongruente en la forma y en el fondo.

El Tribunal de alzada, señaló haber suplido la omisión valorativa de la prueba, conforme normativa prevista; es decir, en materia civil, sin indicar la prueba o el hecho probado, conforme la normativa familiar prevista en los arts. 116.III, 328 y 332 del CFPF; debido a que, la fundamentación y motivación que realizan, dichas autoridades sale del margen de la lógica y razonabilidad, siendo objetivo su alejamiento de los elementos de la sana crítica; evidenciando que, no se resolvió los recursos de apelación, asumiendo una labor de Tribunal de presunción, emitiendo una decisión ultra petita, omitiendo el debido proceso, principio de preclusión, seguridad jurídica, legalidad, entre otros.

En cuanto a la vulneración al debido proceso, en su vertiente fundamentación, motivación, valoración razonada de la prueba y congruencia de las resoluciones, en el recurso de apelación, denunció la falta de fundamentación y motivación en relación a la valoración congruente de la prueba y el no señalamiento de los parámetros; por el cual, se dispuso la asistencia familiar de Bs1 200.-; decisión que, fue agravada, al revocarse la Sentencia, disponiéndose el pago de Bs2 500.- (dos mil quinientos); ya que, no es lógico inferir que la misma sea proporcional al haber básico de los padres, menos porcentual como señaló el Auto de Vista impugnado, pues olvidaron que, la asistencia familiar comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Como tercer agravio, denunció que la Sentencia tiene un vicio de nulidad absoluta; toda vez que, la audiencia no se desarrolló conforme el art. 440 incs. f) y g) del CFPF; puesto que, no se realizó la producción de pruebas, ni permitió a las partes efectuar alegatos finales, en vulneración al derecho a la defensa; no obstante, la Resolución refutada no se pronunció con argumentos debidamente razonados en derecho en relación al ofrecimiento de prueba excepcional en segunda instancia, conforme lo previsto en el art. 383.I inc. b) de la norma citada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la valoración razonada de la prueba, a los principios de seguridad jurídica y de preclusión; citando al efecto los arts. 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

  1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023; y,
  2. b)Se emita nueva Resolución; en la que, se evite cometer las infracciones existentes en la Resolución acusada como lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 478 a 483 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y en audiencia manifestó:

  1. 1)Dentro del proceso de divorcio que interpuso contra Licet Mariana Salvatierra Vaca -tercera interesada-, se emitió la Sentencia 329/2022 de 12 de octubre; la cual, declaró disuelto el vínculo matrimonial, ordenando la cancelación de la partida matrimonial, guarda del hijo en favor de la madre y una asistencia familiar de Bs1 200.- mensuales, global y total; razón por el cual, se formuló apelación por ambos sujetos procesales;
  2. 2)Su recurso de apelación, se enmarcó en que la Sentencia era arbitraria e incongruente al fijar una asistencia familiar de Bs1 200.-, sin señalar los criterios por los cuales dispuso dicha suma; toda vez que, en la demanda propuso la suma de Bs500.-(quinientos bolivianos), fijándose una suma provisional de Bs800.-(ochocientos bolivianos); como segundo agravio, indicó que la mencionada Sentencia sería ilegal, carente de fundamentación y motivación de la valoración de las pruebas; y, en el tercer agravio, señaló que dicha Resolución contiene un vicio de nulidad absoluta; por lo que, bajo esos antecedentes y parámetros el solicitante de tutela, ofreció prueba excepcional de segunda instancia conforme a lo previsto por el art. 383 inc. b) del CFP, no obstante no fue valorada;
  3. 3)El Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023 -ahora impugnado-, resolvió en el fondo, revocando parcialmente la citada Sentencia, determinando una asistencia porcentual de Bs2 500.-, vulnerando así su derecho al debido proceso en su elemento congruencia a las resoluciones y el derecho a la defensa; por cuanto, la autoridades ahora demandadas únicamente se pronunciaron y resolvieron de forma vaga y escueta uno de los tres agravios expresados en su recurso de apelación; es decir, con relación a la vulneración de las pruebas, incurriendo en una incongruencia citra petita; ya que, no se pronunciaron ni resolvieron las dos restantes y tampoco efectuaron la valoración del ofrecimiento de prueba excepcional de segunda instancia; por lo tanto, la congruencia omisiva es evidente; puesto que, no existe en el fallo la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto;
  4. 4)Asimismo la Resolución ahora objetada, ha vulnerado el derecho al debido proceso, en su vertiente fundamentación y motivación de las resoluciones, que constituye una garantía del sujeto procesal; en ese sentido, en el caso de autos se advierte inequívocamente que el citado Auto de Vista, en los apartados 3.1 y 3.2 del Considerando Tercero, las autoridades demandadas se limitaron a citar normas de carácter procesal y sustantivo relativos a la fijación de una asistencia familiar, sin realizar la fundamentación legal de fondo y menos exponer los motivos o razones que sustentan su decisión de revocar parcialmente la Sentencia de primera instancia, establecida en el punto tres, determinando una asistencia familiar de Bs2 500.- sustentando la misma en la siguiente conclusión: "...Es decir que, demostró que el obligado tiene una profesión conocida (abogado) y existe prueba del estilo de vida que el mismo ha venido otorgando a su hijo, es necesario valorizar la situación actual del beneficiario de donde se colige que el monto de 2.500 bolivianos de manera global, no puede ser sustentada, cubrir los gastos de manutención como los gastos extraordinarios, donde se tiene que la colegiatura, casos médicos y vestimenta no pueden ser cubiertos por la suma indicada por la autoridad judicial al momento de dictar sentencia, situación que debe ser reajustada conforme a la situación actual de vida que se tiene en el país, vale, decir cómo han escuchado, las autoridades ahora accionadas no exponen ni especifican sus convicciones determinativas que justifiquen el razonable o el razonamiento aplicable a su decisión, cuál sería la prueba valorada y tazada para colegir que el monto de 1.200 bolivianos determinados en primera instancia no puede sustentar o cumplir los gastos de manutención como los gastos del hijo menor de edad"(sic);
  5. 5)No se explicó de forma clara, coherente y precisa en base a qué normativa o con qué medios de prueba, se fija un nuevo monto de asistencia familiar; motivo por el cual, la motivación del referido Auto de Vista es inexistente o nula, careciendo de una debida fundamentación y afectando materialmente el derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, omisión y racionalidad en la valoración de la prueba; puesto que, no se evalúo y menos efectuó la compulsa probatoria de los elementos en la que, se fundó la Sentencia de primera instancia, tampoco identificó las pruebas que fueron tazadas o valoradas para sustentar dicha Resolución conforme a ley;
  6. 6)En el apartado III.3 del Auto de Vista referida, las autoridades ahora demandadas se limitaron a citar, que el obligado tiene una profesión conocida y existe prueba del estilo de vida que, el mismo ha venido otorgando a su hijo; pero no especificó cuáles son las pruebas que sustentaría dicha conclusión, con la agravante que descartaron de la compulsa dos elementos esenciales para la determinación de la asistencia familiar, como ser los ingresos mensuales que percibe y las obligaciones de asistencia familiar que tiene con terceros, existiendo una omisión arbitraria de la prueba; pues, la única fuente de ingresos debidamente acreditada documentalmente es el haber mensual que percibe por la suma de Bs3 800.- (tres mil ochocientos bolivianos), por ejercer y desempeñar funciones en el magisterio urbano como profesor; asimismo, un elemento probatorio fundamental es que, se omitió arbitrariamente la prueba de "...fojas 4 de obras, consistente en el certificado de nacimiento N°1718080, que acreditan inequívocamente que el accionante es padre y progenitor de una hija menor de edad,.." (sic); a la que, también está obligado; y,
  7. 7)La Resolución ahora impugnada, no efectuó una descripción y evaluación de cada una de las pruebas, incurriendo en omisión valorativa; constituyendo en una lesión, de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, ante ello cabe citar la , en la cual establece que, la autoridad judicial debe tomar en cuenta, a tiempo de fijar el monto de asistencia familiar, lo dispuesto en el art. 116.I del CFPF y "...considerar que, el cuidado obligado debe tener respecto a otros hijos..." (sic).
I.2.2. Informe de las partes demandadas

Mirian Rosell Terrazas y Efraín Cruz Limachi, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 469 a 471.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Licet Mariana Salvatierra Vaca, a través de sus abogados, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente:

  1. i)El núcleo de la acción de amparo constitucional, no se encuentra bien fundamentado, existiendo una incongruencia en la misma; pues, no se tomó en cuenta la prueba que demuestra que el accionante es profesor; no obstante, eso no se encontraba en discusión; lo que, estaba en cuestión en la apelación planteada por la tercera interesada, era que la autoridad judicial de primera instancia, no consideró adecuadamente la calidad de profesional abogado que, tiene el impetrante de tutela, que se encuentra en el ejercicio libre de la profesión, con atención activa de procesos judiciales, por ende recibiendo honorarios profesionales, elemento que trata de esconderlo;
  2. ii)No es evidente que, la Resolución de segunda instancia sería injusta; puesto que, están de por medio los intereses de su hijo, debiendo interpretar la norma constitucional y la Resolución objetada conforme a los parámetros constitucionalizados de interpretación, principio favor debilis -en favor del débil- y el principio del interés superior del niño; pidiendo, se considere la ; respecto a la asistencia familiar en el Estado Constitucional de Derecho, que dice: "...los mandatos internacionales de protección y cuidado a los niños no fueron desarrollados ni dirigidos únicamente a aquellos progenitores que viven con sus hijos en una familia constituida, sino también para aquellos que no viven con ellos, debido a que las necesidades de otorgar una vida digna integral a sus hijos no disminuyen ni desaparecen con la separación de cuerpos de los progenitores (...) deberá comprenderse que la asistencia familiar no podrá ser fijada tomando en cuenta solo ingresos que posee el obligado, sin analizar ni considerar las necesidades de su hijo..." (sic); entonces, la fijación de la asistencia familiar no tiene que depender exclusivamente de la situación económica de los obligados que; por lo contrario, está supeditada a las necesidades básicas y primordiales de los beneficiarios, establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente;
  3. iii)Bolivia tiene obligaciones internacionales de protección a menores de edad, a partir de dos criterios; primero, cuando hay desvinculación matrimonial no existe razón constitucional para que disminuya o desaparezca el estándar de vida que ha tenido ese menor; y, segundo, si bien la ley puede decir respecto a la posibilidad del obligado; empero, prima las necesidades del beneficiario por el interés superior del niño, esto por normas internacionales refrendadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional; el Auto de Vista impugnado, ha resuelto en ese sentido y cuando se ve una coincidencia plena con un parámetro internacional es difícil fallar en contrario;
  4. iv)En el caso de autos, se demostró que mientras existía una relación conyugal, el niño tuvo un estándar de vida que no puede desaparecer por la desvinculación de los padres; por lo que, los Vocales cumplieron con los parámetros internacionales de protección al menor en razonabilidad con la Constitución Política del Estado;
  5. v)Ahora bien, respecto a la vulneración del debido proceso y la incongruencia; no existen, ya que la misma apeló; señalando que, el Juez de primera instancia no fijó adecuadamente el monto de asistencia familiar, no consideró pruebas relevantes respecto a la profesión de abogado del accionante y en congruencia con ello afirma que, efectivamente no se valoró la prueba y que por eso incrementó la asistencia familiar; pues no hicieron algo que, la apelante no habría pedido;
  6. vi)Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales por motivación, no existe trascendencia constitucional; ya que, si se concede la tutela no va a existir razón alguna para cambiar el criterio la Jueza de primera instancia; toda vez que, la misma no consideró que el impetrante de tutela es abogado, tiene una profesión activa que le genera ingresos y que es una obligación constitucional cubrir el estándar de vida que tenía su hijo mientras estaban en matrimonio; eso viene con un criterio de interpretación constitucional de la progresividad de los derechos; pues, no seguirá teniendo el nivel de vida el niño, que tenía antes porque, los derechos son progresivos y evolutivos, conforme señala el art. 13 de la CPE; por lo que, no es evidente que exista una supuesta incongruencia;
  7. vii)Las observaciones de omisión valorativa de la prueba, no tienen relevancia constitucional; porque, valorando ese elemento probatorio, no va a cambiar la situación; por otro lado, respecto a la insuficiente fundamentación, es totalmente errada, se había dicho que en la audiencia había incumplido parámetros para la evaluación de la prueba en sede constitucional y de revisión de legalidad, eso no es evidente; ya que, en ningún momento se habló de legalidad ordinaria y menos de revisión de la razonabilidad de la razón de la prueba en sede constitucional; y,
  8. viii)En la demanda de acción de amparo constitucional, no existe una expresión de agravio concreto, ni el daño ocasionado con la emisión de la Resolución, ahora impugnada, pues se debió indicar cuál es el nexo causal entre la Resolución recurrida y el derecho supuestamente afectado, lamentablemente no se hizo así; y, según un jurista cuando decía, si en alguna oportunidad se tenga que elegir entre la legalidad y la justicia, no hay donde equivocarse, es la justicia; es decir, el derecho de un niño está por encima del derecho de un padre, el derecho que tiene un niño a vivir conforme a la Constitución Política del Estado y a partir de ahí, conforme los tratados internacionales; por lo que, corresponde hacer una ponderación de derechos, cuál es un sector más vulnerable; puesto que, el accionante no cumplió con una suficiente carga argumentativa para tutelar su derecho en desmedro del derecho de su hijo. Por ello, solicitó se deniegue la tutela, declarando improcedente la acción de amparo constitucional; y, en consecuencia se disponga la imposición de costas procesales.
I.2.4. Resolución

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