Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 21558-2017-44-AAC 21421-2017-43-AAC (acumulado) 21418-2017-43-AAC (acumulado) 21455-2017-43-AAC (acumulado) 21463-2017-43-AAC (acumulado) 21261-2017-43-AAC (acumulado) 21415-2017-43-AAC (acumulado) 21450-2017-43-AAC (acumulado) 21464-2017-43-AAC (acumulado) 21482-2017-43-AAC (acumulado) 21490-2017-43-AAC (acumulado) 21518-2017-44-AAC (acumulado) 21522-2017-44-AAC (acumulado) 21542-2017-44-AAC (acumulado) 21556-2017-44-AAC (acumulado) 21571-2017-44-AAC (acumulado) 21591-2017-44-AAC (acumulado) 21631-2017-44-AAC (acumulado) 21772-2017-44-AAC (acumulado) 21795-2017-44-AAC (acumulado) 21814-2017-44-AAC (acumulado) 21829-2017-44-AAC (acumulado) 21904-2017-44-AAC (acumulado) 21986-2017-44-AAC (acumulado) 21398-2017-43-AAC (acumulado) 21399-2017-43-AAC (acumulado) 21480-2017-43-AAC (acumulado) 21656-2017-44-AAC (acumulado) 21657-2017-44-AAC (acumulado) 21419-2017-43-AAC (acumulado) 21582-2017-44-AAC (acumulado) 21583-2017-44-AAC (acumulado) 21584-2017-44-AAC (acumulado) 21695-2017-44-AAC (acumulado) 22719-2018-46-AAC (acumulado) 21737-2017-44-AAC (acumulado) 21811-2017-44-AAC (acumulado)
Departamento: La Paz
En revisión las Resoluciones 02/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 424 a 427 (expediente 21558-2017-44-AAC); 010/2017 de 20 de octubre, cursante de fs. 470 a 472 (expediente 21421-2017-43-AAC); 39/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 516 a 529 (expediente 21418-2017-43-AAC); 10/2017 de 19 de octubre, cursante de fs. 760 a 763 vta. (expediente 21455-2017-43-AAC); 70/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 502 a 504 (expediente 21463-2017-43-AAC); 002/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 540 a 547 vta. (expediente 21261-2017-43-AAC); 02/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 515 a 520 vta. (expediente 21415-2017-43-AAC); 047/2018 de 5 de febrero, cursante de fs. 443 a 447 (expediente 21450-2017-43-AAC); 01/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 497 a 500 (expediente 21464-2017-43-AAC); 039/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 512 a 519 (expediente 21482-2017-43-AAC); 64/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 424 a 429 vta. (expediente 21490-2017-43-AAC); 02/2018 de 5 de febrero, cursante de fs. 521 a 524 vta. (expediente 21518-2017-44-AAC); 003/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 411 a 419 (expediente 21522-2017-44-AAC); 009/2017 de 26 de octubre, cursante de fs. 409 a 413 vta. (expediente 21542-2017-44-AAC); 04/2018 de 5 de febrero, cursante de fs. 472 a 475 vta. (expediente 21556-2017-44-AAC); 461/2017 de 24 de octubre, cursante de fs. 361 a 370 (expediente 21571-2017-44-AAC); 381/17 de 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 433 a 437 (expediente 21591-2017-44-AAC); 13/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 500 a 502 (expediente 21631-2017-44-AAC); 14/2017 de 6 de noviembre, cursante de fs. 427 a 429 vta. (expediente 21772-2017-44-AAC); 15/2017 de 6 de noviembre, cursante de fs. 395 a 397 vta. (expediente 21795-2017-44-AAC); 881/2017 de 30 de octubre, cursante de fs. 401 a 410 (expediente 21814-2017-44-AAC); 425/2017 de 20 de noviembre, cursante de fs. 534 a 540 (expediente 21829-2017-44-AAC); 30/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 458 a 460 vta. (expediente 21904-2017-44-AAC); 1022/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 487 a 492 (expediente 21986-2017-44-AAC); 02/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 601 a 608 (expediente 21398-2017-43-AAC); 03/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 559 a 566 (expediente 21399-2017-43-AAC); 02/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 588 a 591 vta. (expediente 21480-2017-43-AAC); 141/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 553 a 557 vta. (expediente 21656-2017-44-AAC); 140/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 559 a 564 (expediente 21657-2017-44-AAC); 124/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 551 a 556 (expediente 21419-2017-43-AAC); 178/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 565 a 568 (expediente 21582-2017-44-AAC); 177/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 499 a 502, (expediente 21583-2017-44-AAC); 09/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 586 588 vta. (expediente 21584-2017-44-AAC); 006/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 633 a 639 (expediente 21695-2017-44-AAC); 98/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 636 a 642 vta. (expediente 22719-2018-46-AAC); 93/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 559 a 563 (expediente 21737-2017-44-AAC); y, 04/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 459 a 461 (expediente 21811-2017-44-AAC), pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Wendy Marisol Reyes Mendoza y Eliana Raquel Zeballos Yugar, en representación legal de Miguel Eduardo Montes Aliaga, Administrador de la Aduana Interior La Paz dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- 1)Expediente 21558-2017-44-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 153 a 169 y 172 a 184 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 041/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la Declaración Única de Importación (DUI) (IMI:4) 2007/201/C-6486 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, la cual fue resuelta por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0064/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera, para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0348/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución más allá de lo pedido, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la administración aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" del dicho Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la indicada Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió sólo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la administración aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones. Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento a la fundamentación y congruencia, ni tampoco se sustentó en los hechos, antecedentes y normativa aplicable al caso, conforme determina el art. 211 del Código Tributario Boliviano (CTB).
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0064/2017, para que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclaren los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo emitido por la AGIT en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012" (sic); sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0056/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración Aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo del recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, su pedido fue declarado no ha lugar, por cuestiones que jamás fueron observadas incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Las accionantes, denuncian como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0348/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0064/2017 para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre lo solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 041/2016.
I.2. Trámite procesal de rechazo de la acción
La presente acción de amparo constitucional ingresó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 10 de noviembre de 2017, disponiendo la Comisión de Admisión por Auto Constitucional (AC) 0427/2017-RCA de 21 de noviembre, cursante de fs. 205 a 212, REVOCAR la Resolución AC-13/2017 de 23 de octubre, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Décima del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Novena, que declaró IMPROCEDENTE la misma, disponiendo su admisión y la correspondiente resolución en audiencia; devuelto el expediente al Tribunal de origen, se emitió la Resolución 02/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 424 a 427, por la cual denegó la tutela invocada.
I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, según consta en el acta cursante a fs. 423 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.3.1. Ratificación de la acción
Pese a encontrarse presente en audiencia, no se le concedió la palabra a la entidad accionante.
I.3.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 406 a 422, indicando que:
- a)La parte accionante incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- b)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aún cuando no se cumplió con los requisitos señalados; es decir, cuando no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de los derechos y garantías;
- c)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse mediante un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- d)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones;
- e)No corresponde que a través de la presente acción de defensa, se convaliden actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principios procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar por los procesos que lleva adelante y estos se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultada a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) -DS 27113 de 23 de julio de 2003-;
- f)Lo que se pretende es que se valoren nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto es falto de motivación y fundamentación;
- g)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se señaló el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- h)La AGIT, emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0064/2017, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la Administración Aduanera interior La Paz, en ese contexto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0348 se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercer interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto, por existir desde ahí la distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 041/2016, no adquirió firmeza;
- i)De la simple lectura de la Resolución se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- j)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración Aduanera Interior La Paz como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
I.3.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, mediante memorial cursante de fs. 278 a 284, indicó que:
- 1)La pretensión de la Administración Aduanera Interior La Paz, está orientada a determinar que la resolución dictada por la AGIT fue ultra petita; es decir, que se encuentra circunscrita a reclamar la aplicación o no de la ley y el procedimiento, aspecto relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria que sólo puede ser dilucidado en las instancias ordinarias;
- 2)Dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0348/2017, luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y acorde a lo solicitado en los memoriales de alzada; y,
- 3)A momento de plantearse el recurso de alzada el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la citada Administración Aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna, solicitando que se deniegue la presente acción de amparo constitucional.
César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales presentó memorial cursante de fs. 287 a 290, manifestando que:
- i)La lesión del derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes no es evidente, siendo que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0348/2017, no consolidó la prescripción de la facultad de la Administración aduanera de imponer sanciones, que era la intensión de su institución, solo restituyó el orden legal quebrantado por la propia aduana;
- ii)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, siendo dicho Ministerio mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó tanto la prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la parte accionante, únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 041/2016 carece de fundamentación y motivación; y,
- iii)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
I.3.4. Resolución
La Jueza Pública de Familia Novena del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 424 a 427 denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes razonamientos:
- a)El cumplimiento de los elementos de congruencia y motivación del derecho al debido proceso, resultan ser un deber ineludible de toda actividad administrativa a tiempo de emitir una resolución;
- b)La autoridad demandada al apartarse del análisis de los puntos de agravio planteados por la Administración Aduanera Interior La Paz, y formular nuevos argumentos para disponer la nulidad de obrados a través de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RS 0348/2017, no vulneró el principio de congruencia, por la aplicación de los arts. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- y 55 del RLPA, los cuales facultan a disponer la nulidad de obrados ante la existencia de vicios de nulidad que atenten contra los derechos constitucionales o el orden público; por lo que, al darse tal situación la parte ahora demandada, se encontraba excusada de cumplir con el principio de congruencia; y,
- c)Respecto al principio de fundamentación se tiene que tampoco éste fue lesionado, al encontrarse la resolución dictada por las autoridades demandadas adecuadamente fundamentada, al estar sustentada en las normas que motivaron su pronunciamiento.
- 2)Expediente 21421-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 9 y 13 de octubre de 2017, cursantes de fs. 153 a 169 vta. y 180 a 193 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 043/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la DUI (IMI:4) 2007/201/C-6500 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0066/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 043/2016, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0359/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 043/2016 inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución más allá de lo solicitado, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el Recurso Jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la administración aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" del citado Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la referida Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió sólo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones.
Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0066/2017, para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012" (sic); sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0058/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia administración aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo del recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, su pedido siendo declarado no ha lugar, por cuestiones que jamás fueron observadas incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Las accionantes denuncian como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0359/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 66/2017, para que la ARIT La Paz se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 043/2016.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 20 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 467 a 469 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La entidad accionante no se hizo presente en audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 197.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 200 a 216, señalando que:
- 1)La parte accionante, incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del CPCo; toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- 2)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aún cuando no se cumplió con los requisitos indicados; es decir, cuando no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de derechos y garantías;
- 3)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse a través de un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- 4)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones;
- 5)No corresponde que a través de la presente acción de defensa se convaliden actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principios procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar que los procesos que lleva adelante se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultada a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del RLPA;
- 6)Lo que se pretende es que se valore nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto es falta de motivación y fundamentación;
- 7)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se señaló el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- 8)La AGIT, emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 66/2017, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la administración aduanera, en ese contexto la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0359/2017 se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercer interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto, por existir desde ahí la distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la resolución sancionatoria no adquirió firmeza;
- 9)De la simple lectura de la resolución que emitió la AGIT, se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- 10)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración Aduanera como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, a través de sus representantes legales, presentó memorial cursante de fs. 459 a 466 vta., indicando que:
- i)Dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0359/2017, luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y fue realizado conforme a lo solicitado en los memoriales de alzada;
- ii)A momento de plantearse el recurso de alzada el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la administración aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna; y,
- iii)En relación a que la Resolución impugnada citó a la norma constitucional en el art. 324, relacionada a la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, es necesario señalar que dicha figura tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; consecuentemente al ser un principio de carácter general es aplicable al ámbito tributario.
César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales presentó memorial cursante de fs. 432 a 435 vta., manifestando que:
- a)Debe declararse la improcedencia in límine de esta acción de defensa; toda vez que, la parte accionante, una vez notificada con la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0359/2017 agotó la vía administrativa, pudiendo acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo; es decir, que no se observó el carácter subsidiario que rigen las acciones de amparo constitucional;
- b)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, a pesar de que dicho Ministerio mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó tanto la prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la ahora impetrante de tutela únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-043/2016 carece de fundamentación y motivación; y,
- c)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
En audiencia refirió que pusieron a su conocimiento y fueron multados por incumplimiento de una obligación tributaria generada en la gestión 2007, es decir, nueve años antes; por lo que, solicitaron la prescripción de la imposición de la sanción tributaria; sin embargo, la Administración Aduanera indicó que habían pedido prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, lo que no es correcto; y conforme a la , la autoridad administrativa puede bajo el principio de informalismo, interpretar conforme a la letra del recurrente y corregir equivocaciones formales.
I.2.4. Resolución
El Juez Público de Familia Décimo Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 010/2017 de 20 de octubre, corriente de fs. 470 a 472, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes razonamientos:
- 1)El art. 212 del CTB, señala que las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada y jerárquico podrán ser anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo; en ese contexto se evidencia que la Resolución que se dictó como efecto de la interposición del recurso jerárquico se encuentra motivada y fundamentada, y acorde a lo establecido en el art. 36.II de la LPA, que hace referencia a la anulabilidad del acto administrativo;
- 2)Las nulidades en materia administrativa son procedentes siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la ley, en atención al principio de especificidad; es decir, que al haberse anulado el proceso hasta el vicio más antiguo, se actuó en apego a normas que rigen la materia; y,
- 3)La autoridad demandada cumplió con enmendar defectos procesal que impedían un pronunciamiento sobre el fondo.
- 3)Expediente 21418-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 145 a 161 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 020/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la DUI (IMI:4) 2007/201/C-6499 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0043/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0339/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0043/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución Sancionatorio de Sumario Contravencional inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución ultra petita, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la administración aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" de dicho Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la referida Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió solo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la administración aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones. Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0043/2017, para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012" (sic); sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0035/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración Aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo de recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, su solicitud se declaró no ha lugar, por cuestiones que jamás fueron observados incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Las accionantes denuncian como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0339/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0043/2017, para que la ARIT La Paz se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 020/2016.
I.2. Trámite procesal de rechazo de la acción
La presente acción de amparo constitucional ingresó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 30 de octubre de 2017, disponiendo la Comisión de Admisión por , REVOCAR la Resolución 516/2017 de 10 de octubre, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, declaró IMPROCEDENTE la misma, disponiendo su admisión y la correspondiente resolución en audiencia; devuelto el expediente al Tribunal de origen, se emitió la Resolución 39/2018 de 23 de enero.
I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 24 de enero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 511 a 516, se produjeron los siguientes actuados:
I.3.1. Ratificación de la acción
La entidad accionante a través de sus representantes legales, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional.
I.3.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 479 a 495, señalando que:
- i)La parte accionante incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del CPCo; toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- ii)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aun cuando no se cumplió con los requisitos establecidos; es decir, no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de derechos y garantías;
- iii)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse a través de un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- iv)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro de un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones;
- v)No corresponde que a través de la presente acción de defensa se convaliden actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principios procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar por los procesos que lleva adelante y estas se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultada a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del RLPA;
- vi)Lo que se pretende es que se valore nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto falto de motivación y fundamentación;
- vii)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se señaló el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- viii)La AGIT emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución del Recurso de alzada, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la Administración Aduanera Interior La Paz, en ese contexto la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0339/2017 se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad -resolución sancionatoria- dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercer interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto por existir desde ahí una distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-020/2016 no adquirió firmeza;
- ix)De la simple lectura de la resolución que emitió se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- x)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración Aduanera Interior La Paz como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
I.3.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, mediante memorial cursante de fs. 506 a 510 vta., indicó que:
- a)La pretensión de la Administración Aduanera Interior La Paz está orientada a determinar que la resolución dictada por la AGIT fue ultra petita; es decir, que se encuentra circunscrita a reclamar la aplicación o no de la ley y el procedimiento, aspecto relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria que sólo pueden ser dilucidados en las instancias ordinarias;
- b)Dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0339/2017, luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y acorde a lo solicitado en los memoriales de alzada; y,
- c)A momento de plantearse el recurso de alzada el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la citada Administración Aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna, solicitando que se deniegue la presente acción de amparo constitucional.
César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales presentó memorial cursante de fs. 502 a 504 vta., manifestando que:
- 1)La lesión al derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes no es evidente, siendo que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0339/2017, no consolidó la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera de imponer sanciones, que era la intensión de su institución, sólo restituyó el orden legal quebrantado por la propia aduana;
- 2)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, siendo que, dicho Ministerio mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó tanto prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la parte accionante únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-020/2016 carece de fundamentación y motivación; y,
- 3)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
Asimismo, en audiencia mencionó que la AGIT, al resolver la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sólo actuó en estricto apego al art. 212 inc. c) del CTB.
I.3.4. Resolución
El Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 39/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 516 a 529, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:
- i)Analizada la resolución impugnada la misma tiene estructura de forma y de fondo, existiendo motivación sobre los agravios alegados;
- ii)Se determinó anular inclusive la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-020/2016, para que la Administración aduanera emita una nueva, según la intención del sujeto pasivo, en el razonamiento que se incurrió en una de las causales de anulabilidad del acto administrativo y que la incongruencia entre lo pedido y lo resuelto se produjo desde la Administración aduanera, aplicándose para ello los arts. 74 y 212.1 inc. c) del CTB; 4, 28, 36 y 42 de la LPA; y, 31 y 55 del RLPA;
- iii)La Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0339/2017, se encuentra debidamente fundamentada, al existir un claro análisis del principio de informalismo;
- iv)Se evidencia la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-020/2016;
- v)La resolución impugnada no es ultra petita, ya que la AGIT, tiene la facultad fiscalizadora de revisar antecedentes del proceso para advertir vicios de nulidad, tal como sucedió en este caso, no pudiendo acusar el uso de dicha facultad como fundamento de la existencia de pronunciamientos sobre aspectos no solicitados; y,
- vi)No se advirtió la lesión a la igualdad procesal de las partes, en consecuencia no se abrió la justicia constitucional para atender dicho reclamo.
- 4)Expediente 21455-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 15 y 26 de septiembre de 2017; y, 6 de octubre de similar año, cursante de fs. 152 a 163, 166 a 181 vta., y 339 a 355, la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitieron las Resoluciones Sancionatorias de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 066/2016 y 018/2016 ambos de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de las DUI (IMI:4) 2007/201/C-6502 y 2007/201/C-6479 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recursos de alzada, resueltos por las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0079/2017 y 0041/2017 ambos de 16 de enero, respectivamente, que revocaron totalmente las resoluciones sancionatorias, declarando prescrita la facultad de la administración aduanera para imponer sanciones respecto a las indicadas DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recursos jerárquicos, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0366/2017 y 0319/2017 ambos de 3 de abril, respectivamente, anuló las Resoluciones de Recurso de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resoluciones Sancionatorias de Sumario Contravencional inclusive, a objeto de que se emitan unas que resuelvan de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió resoluciones ultra petitas, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la administración aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" de dicho Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió solo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones.
Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de sus impugnaciones, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012" (sic); sin embargo, los Autos Motivados AGIT-RJ 0071/2017 y 0033/2017 ambos de 19 de abril, respectivamente, se limitaron a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración Aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo del recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, su pedido fue declarado no ha lugar, por cuestiones que jamás fueron observados incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Las accionantes denuncian como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0366/2017 y 0319/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta las resoluciones del Recurso de alzada, para que la ARIT de La Paz se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar las sanciones establecidas en las Resoluciones Sancionatorias de Sumario Contravencional.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
En la audiencia pública de 19 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 753 a 759, el Tribunal de garantías al no existir objeción de las partes, procedió a acumular las dos acciones de amparo constitucional por tener identidad de sujeto, objeto y causa -aunque tendrían resoluciones con numeración propia-, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La entidad accionante a través de sus representantes legales, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informes escritos cursantes de fs. 418 a 433 vta. y 664 a 678 vta., señalando que:
- a)La parte accionante incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del CPCo; toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- b)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aun cuando no se cumplió con los requisitos establecidos; es decir, cuando no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de derechos y garantías;
- c)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse a través de un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- d)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones,
- e)No corresponde que a través de la presente acción de defensa se convaliden actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principios procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar que los procesos que lleva adelante se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultado a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del RLPA,
- f)Lo que se pretende es que se valoren nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto falto de motivación y fundamentación;
- g)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se indicó el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- h)La AGIT emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución del Recurso de alzada, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la Administración Aduanera; en ese contexto la resolución jerárquica se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad -resolución sancionatoria- dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercer interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto por existir desde ahí una distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la resolución sancionatoria no adquirió firmeza;
- i)De la simple lectura de la resolución que emitió se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- j)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración Aduanera como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
En audiencia manifestó que evidentemente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incurrió en un error al solicitar la prescripción de la ejecución de la sanción, pero en ese momento la Administración Aduanera debió encausar a lo que realmente quiso pedir el sujeto pasivo, remitiéndose a los antecedentes del proceso.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, a través de sus representantes legales presentó memoriales cursantes de fs. 697 a 704 vta. y 723 a 730 vta., indicando que:
- 1)La pretensión de la administración aduanera está orientada a determinar que la resolución dictada por la AGIT fue ultra petita; es decir, que se encuentra circunscrita a reclamar la aplicación o no de la ley y el procedimiento, aspecto relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria que solo pueden ser dilucidados en las instancias ordinarias;
- 2)Dictó las Resoluciones de Recurso Jerárquico luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y acorde a lo solicitado en los memoriales de alzada; y,
- 3)A momento de plantearse el recurso de alzada el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la administración aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna, solicitando que se deniegue la presente acción de amparo constitucional. César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales presentó memoriales cursante de fs. 733 a 736 vta. y 740 a 743 vta., manifestando que:
- i)Debe declararse la improcedencia in límine de esta acción de defensa; toda vez que, la parte accionante una vez notificada con la Resolución del Recurso Jerárquico, agotó la vía administrativa, pudiendo acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo; es decir, que no se observó el carácter subsidiario que rige las acciones de amparo constitucional;
- ii)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, siendo que, a pesar de que dicho Ministerio mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó tanto prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la ahora impetrante de tutela únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria carece de fundamentación y motivación; y,
- iii)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
I.2.4. Resolución
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/2017 de 19 de octubre, cursante de fs. 760 a 763 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto las Resoluciones del Recurso Jerárquico, AGIT-RJ 0366/2017 y 0319/2017 -por acumulación de ambas acciones de defensa-, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución congruente y pertinente que absuelva expresamente los puntos que fueron impugnados mediante el recurso jerárquico, sea conforme a los fundamentos de la presente resolución; bajo los siguientes razonamientos:
- a)Evidentemente el art. 55 del RLPA, faculta a la AGIT a anular casos por vicios de procedimiento, estableciéndose que únicamente será cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés pública, aspectos que en esta causa no se denotan, porque no existe estado de indefensión ni tampoco lesión al interés público, consiguientemente la AGIT no interpretó debidamente la normativa;
- b)Al anularse el recurso de alzada se actuó conforme a procedimiento ya que se pronunciaron conforme a lo solicitado y a los datos del proceso; sin embargo, en la segunda parte se interpreta erróneamente la norma cando se dispone anular obrados hasta la resolución sancionatoria de sumario contravencional, cuando es la ANB quien apeló; por lo que, se violó el principio de reformatio in peius, que implica el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución impugnada empeorando la situación del apelante, el cual trató de mejorar su situación, siendo ilógico que su propia impugnación altere la decisión en su contra, máxime si la otra parte lo consintió;
- c)El recurso jerárquico, está regido por principios específicos entre los que están el principio tantum devolutium, quantum apelatum que significa que el órgano revisor al resolver la apelación deberá pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante; y,
- d)Existen dos acciones de amparo constitucional interpuestas por la Aduana Regional, con el mismo objeto, sujeto activo y pasivo, causa, lo único que difiere son los números de las resoluciones emitidas, por lo que, en aplicación a los principios de economía y concentración procesal se dispuso la acumulación de dichas acciones.
En vía de complementación y enmienda la AGIT, solicitó que se señale cómo daría cumplimiento a los dispuesto, cuando la facultad de ejecución de la sanción todavía no se dio, por tanto no existe, por su parte la ARIT La Paz, pidió se aclare qué derechos se vulneraron y si se anuló también la resolución de alzada, ante lo cual, el Tribunal de garantías emitió dos Autos, el primero respondiendo a la primera solicitud, indicando que ese Tribunal no podía ingresar al fondo de la problemática, debiendo ser la AGIT o la ARIT las que se pronuncien sobre este aspecto, y en cuanto a la segunda, determinó que se lesionaron en parte el derecho al debido proceso en sus elementos de igualdad, fundamentación, motivación y congruencia; y, que se dejó sin efecto "el Recurso Jerárquico" emitido por la AGIT, para que se disponga lo que corresponda en derecho.
- 5)Expediente 21463-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 149 a 165 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 023/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la DUI (IMI:4) 2007/201/C-6534 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0046/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0046/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatorio de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 023/2016 inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución ultra petita, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser sido interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la Administración Aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" del Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió solo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la administración aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones.
Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0046/2017, para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en dicho Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012"; sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0038/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración Aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo de recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, su solicitud fue declarado no ha lugar, por cuestiones que jamás se observaron incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0046/2017, para que la
ARIT se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 023/2016.
I.2. Trámite procesal de rechazo de la acción
La presente acción de amparo constitucional, ingresó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 31 de octubre de 2017, disponiendo la Comisión de Admisión por , REVOCAR la Resolución 686/2017 de 10 de octubre, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de La Paz, que declaró IMPROCEDENTE la misma, disponiendo su admisión y la correspondiente resolución en audiencia; devuelto el expediente al Tribunal de origen, se emitió la Resolución 70/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 502 a 504.
I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 493 a 501, se produjeron los siguientes actuados: I.3.1. Ratificación de la acción
La entidad accionante a través de sus representantes legales, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional.
I.3.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 473 a 489, indicando que:
- 1)La parte accionante incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del CPCo; toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- 2)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aun cuando no se cumplió con los requisitos señalados; es decir, cuando no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de derechos y garantías;
- 3)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse a través de un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- 4)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones;
- 5)No corresponde que a través de la presente acción de defensa se convalide actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principios procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar que los procesos que lleva adelante se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultado a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del RLPA;
- 6)Lo que se pretende es que se valoren nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto falto de motivación y fundamentación;
- 7)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se mencionó el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- 8)La AGIT, emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0046/2017, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la Administración Aduanera, en ese contexto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2017, se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercero interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto, por existir desde ahí la distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la resolución sancionatoria no adquirió firmeza;
- 9)De la simple lectura de la resolución que emitió se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- 10)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración aduanera como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
En audiencia manifestó que con la disposición de anular obrados lo único que se hizo es pedir que se subsane el procedimiento, por ende el "principio de reformatus pegius" (sic) no es aplicable al presente caso.
I.3.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, mediante memorial cursante de fs. 269 a 274, indicó que:
- i)La pretensión de la administración aduanera está orientada a determinar que la resolución dictada por la AGIT fue ultra petita; es decir, que se encuentra circunscrita a reclamar la aplicación o no de la ley y el procedimiento, aspecto relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria que sólo pueden ser dilucidados en las instancias ordinarias;
- ii)Dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2017, luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y acorde a lo solicitado en los memoriales de alzada; y,
- iii)A momento de plantearse el Recurso de Alzada el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la Administración Aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna, solicitando que se deniegue la presente acción de amparo constitucional.
César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales, presentó memorial cursante de fs. 260 a 262 vta., manifestando que:
- a)La lesión al derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes no es evidente, siendo que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2017, no consolidó la prescripción de la facultad de la Administración aduanera de imponer sanciones, que era la intensión de su institución, sólo restituyó el orden legal quebrantado por la propia aduana;
- b)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, siendo que, dicho Ministerio mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó tanto la prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la parte accionante únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 0023/2016, carece de fundamentación y motivación; y,
- c)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
I.3.4. Resolución
La Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 70/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 502 a 504, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:
- 1)No se encontró ningún fundamento que pueda hacer ver que se vulneró el derecho a la igualdad de las partes, el hecho de que la AGIT, supuestamente se hubiera apartado de los agravios expuesto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2017, no se constituye una lesión a citado derecho;
- 2)De acuerdo al art. 211 del CTB, concordante con el art. 212 del DS 27350 de 12 de febrero de 2004, se tiene que la autoridad que conoció la impugnación tenía la facultad taxativa de anulación al ser una clase de resolución que prevé el citado Código;
- 3)En el único caso que la autoridad demandada podía apartarse del cumplimiento del principio de congruencia, es cuando se detecta un vicio procesal que afecta al derecho a la defensa o pone en indefensión a las partes; consiguientemente, la decisión asumida tiende a sanear el procedimiento;
- 4)La resolución impugnada fue dictada con la debida fundamentación y congruencia dentro de las atribuciones que le corresponde asumir incluso de oficio y no siempre a petición de las partes; y,
- 5)La cuestiones de fondo propias de las entidades administrativas, no corresponden ser analizadas por este Tribunal.
- 6)Expediente 21261-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 y 27 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 147 a 157 vta. y 160 a 172 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 021/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la DUI (IMI:4) 2007/201/C-6513 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0044/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria, declarando prescrita la facultad de la administración aduanera para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0340/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0044/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 021/2016 inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución ultra petita, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la Administración Aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" de dicho Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió solo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la administración aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones.
Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0044/2017 para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012"; sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0036/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración Aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo de recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, dicha solicitud fue declarado no ha lugar, por cuestiones que jamás se observaron incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0340/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0044/2017, para que la ARIT, se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 021/2016.
I.2. Trámite procesal de rechazo de la acción
La presente acción de amparo constitucional, ingresó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 13 de octubre de 2017, disponiendo la Comisión de Admisión por , REVOCAR la Resolución 012/2017 de 29 de septiembre, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Tercera del departamento de La Paz, que declaró IMPROCEDENTE la misma, disponiendo su admisión y la correspondiente resolución en audiencia; devuelto el expediente al Tribunal de origen, se emitió la Resolución 002/2018 de 2 de febrero.
I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 2 de "enero" -correcto febrero- de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 536 a 539 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
La entidad accionante a través de sus representantes legales, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que, en cuanto a los requisitos para disponer la nulidad del procedimiento, se tiene que el recurrente tuvo conocimiento del auto inicial e hizo uso de su derecho a la defensa, en cuanto al interés público, al tratarse de un tractor, no existe una afectación al mismo.
I.3.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 381 a 397 vta., señalando que:
- i)La parte accionante incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del CPCo; toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- ii)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aún cuando no se cumplió con los requisitos indicados; es decir, cuando no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de derechos y garantías;
- iii)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse a través de un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- iv)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones;
- v)No corresponde que a través de la presente acción de defensa se convaliden actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principio procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar que los procesos que lleva adelante se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultada a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del RLPA;
- vi)Lo que se pretende es que se valoren nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto falto de motivación y fundamentación;
- vii)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se señaló el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- viii)La AGIT, emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0044/2017, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la administración aduanera, en ese contexto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0340/2017, se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercer interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto, por existir desde ahí la distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la resolución sancionatoria no había adquirido firmeza;
- ix)De la simple lectura de la resolución que emitió se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- x)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración aduanera como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
En audiencia refirió que sanearon el procedimiento en base al art. 212.I del CTB.
I.3.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, mediante su representante legal presentó memorial cursante de fs. 398 a 401 vta., indicando que:
- a)La pretensión de la Administración Aduanera está orientada a determinar que la resolución dictada por la AGIT fue ultra petita; es decir, que se encuentra circunscrita a reclamar la aplicación o no de la ley y el procedimiento, aspecto relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria que solo pueden ser dilucidados en las instancias ordinarias;
- b)Dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0340/2017, luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y acorde a lo solicitado en los memoriales de alzada; y,
- c)A momento de plantearse el recurso de alzada el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la Administración Aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna, solicitando que se deniegue la presente acción de amparo constitucional.
César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales presentó memorial cursante de fs. 406 a 408 vta., manifestando que:
- 1)La lesión al derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes no es evidente, siendo que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0340/2017, no consolidó la prescripción de la facultad de la Administración aduanera de imponer sanciones, que era la intensión de su institución, solo restituyó el orden legal quebrantado por la propia aduana;
- 2)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, siendo que, dicho Ministerio mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó tanto la prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la ahora accionante únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 021/2016, carece de fundamentación y motivación; y,
- 3)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
En audiencia señaló que el principio de informalismo va ligado al principio de favorabilidad, y conforme a las SSCC "1724/2005" y "902/2005" la Administración aduanera tenía la obligación de encausar sus solicitudes siempre de forma favorable.
I.3.4. Resolución
La Jueza Pública de Familia Tercera del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 002/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 540 a 547 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes razonamientos:
- i)En cuanto a la lesión a la igualdad de las partes como elemento del debido proceso, se advierte que los hechos alegados por la parte accionante se limita solamente a indicar que no se impugnó aspectos que fueron resueltos, lo que no tiene que ver con la igualdad de las partes, más aun cuando los mencionados ejercieron planamente sus derechos dentro la tramitación del proceso, al participar con igualdad de oportunidades en todo momento;
- ii)Respecto a la fundamentación y motivación, se tiene que la resolución cuestionada contiene una determinación clara, detallando las fases del proceso y haciendo mención al principio de informalismo como el de favorabilidad, en relación a la cuestión planteada; y,
- iii)Con referencia a la congruencia se tiene las y , que determinan los casos donde dicho principio puede ser pasado por alto, siendo uno de ellos cuando las autoridades jurisdiccionales como administrativas observen vicios de nulidad previstos en la ley que vulneren flagrantemente derechos constitucionales.
- 7)Expediente 21415-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y 13 de octubre de 2017, cursantes de fs. 152 a 168 vta. y 171 a 185 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 051/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la DUI (IMI:4) 2007/201/C-6521 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0074/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0326/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0074/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 051/2016 inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución ultra petita, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la administración aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" de dicho Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió sólo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la administración aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones.
Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0074/2017, para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012"; sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0066/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo de recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, siendo su pedido declarado no ha lugar, por cuestiones que jamás fueron observados incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0326/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0074/2017, para que la ARIT se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 051/2016.
I.2. Trámite procesal de rechazo de la acción
La presente acción de amparo constitucional ingresó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 13 de octubre de 2017, disponiendo la Comisión de Admisión por , REVOCAR la Resolución 14/2017 de 16 de octubre, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Octava del departamento de La Paz, que declaró IMPROCEDENTE la misma, disponiendo su admisión y la correspondiente resolución en audiencia; devuelto el expediente al Tribunal de origen, se emitió la Resolución 02/2018 de 2 de febrero.
I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 506 a 514 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
La entidad accionante a través de su representante legal, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que fueron los únicos recurrentes en instancia jerárquica; no obstante, se vieron perjudicados por su propia impugnación, recayendo esta situación en una vulneración del principio de prohibición de reforma determinada en la .
I.3.2. Informe de la autoridad demandada
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 469 a 485 vta., señalando que:
- a)La parte accionante incumplió con los requisitos estipulados en el art. 33.4 y 5 del CPCo; toda vez que, no se estableció un nexo o relación causal entre la actuación de la AGIT con los derechos acusados como lesionados; por lo que, la acción de defensa planteada debió ser declarada improcedente;
- b)La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, más aún cuando no se cumplió con los requisitos dispuestos; es decir, cuando no se demostró la supuesta interpretación y análisis irrazonable y vulneratorio de derechos y garantías;
- c)Los hechos acusados como lesivos a través de la acción de amparo constitucional, debieron plantearse a través de un proceso contencioso administrativo al constituirse en el medio idóneo;
- d)La jurisdicción constitucional no es una instancia más dentro un proceso, que pueda revisar lo obrado por las autoridades de otras jurisdicciones;
- e)No corresponde que a través de la presente acción de defensa se convaliden actos viciados de la administración aduanera -Aduana Interior La Paz-, que lesionen principio procesales y constitucionales del sujeto pasivo, en el entendido que, todo administrador de justicia debe velar que los procesos que lleva adelante se desarrollen sin vicios de nulidad; por lo que, dicha dependencia estaría facultado a disponer la nulidad de oficio o a petición de parte, conforme el art. 55.II del RLPA;
- f)Lo que se pretende es que se valore nuevamente todos los antecedentes del proceso, cuando no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad a momento de valorar la prueba, ni en qué medida lo resuelto falto de motivación y fundamentación;
- g)La pretensión buscada por la parte impetrante de tutela es incompleta, confusa e incongruente, ya que en la petición no se indicó el Auto Motivado, pronunciado en razón a la complementación y enmienda solicitada, de forma que no se podría conceder el petitorio sin dejar "...en un limbo jurídico..." (sic), el citado Auto;
- h)La AGIT emitió pronunciamiento sobre la incongruencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0074/2017, pero también se analizaron incongruencias anteriores que vician el procedimiento, identificándose como origen al proceso seguido por la Administración Aduanera, en ese contexto la resolución jerárquica se encontraría plenamente respaldada con fundamentos técnicos jurídicos, al corresponder la nulidad dispuesta por la falta de consideración a los descargos formulados por el ahora tercer interesado y la incongruencia en la que incurrió al fundamentar su decisión en el art. 59.IV del CTB, como si el proceso se estuviera sustanciando en etapa de ejecución y no así de imposición de la sanción, que era lo correcto, por existir desde ahí la distorsión jurídica; toda vez que, la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se materializó, porque la resolución sancionatoria no adquirió firmeza;
- i)De la simple lectura de la resolución que emitió se verifica que se realizó una adecuada fundamentación sobre los aspectos observados, amparando su decisión de anular obrados en el art. 55 del RLPA; y,
- j)No existió lesión a la igualdad de las partes procesales pues tanto la Administración Aduanera como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gozaron de las mismas oportunidades para presentar pruebas y alegatos durante la tramitación de las impugnaciones; por lo que, en suma solicitaron se declare "la improcedencia" de la acción de defensa o en su defecto se deniegue la tutela impetrada.
En audiencia refirió que cuando una causa llega a su conocimiento revisan todos los antecedentes, no solo el recurso jerárquico; por ello, al evidenciar que existía un vicio en la resolución sancionatoria, y al ser un Tribunal de alzada que tiene la posibilidad de anular de oficio todo un procedimiento en apego a sus facultades, ejecutó dicha atribución; por otro lado, aclaró que existían varias acciones de amparo constitucional que fueron presentadas por la ANB, con los mismos elemento fácticos, siendo quince los resueltos en el transcurso de esa mañana, denegando la tutela pretendida.
I.3.3. Intervención de los terceros interesados
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, mediante su representante legal presentó memorial cursante de fs. 488 a 491 vta., indicando que:
- 1)La pretensión de la Administración Aduanera está orientada a determinar que la resolución dictada por la AGIT fue ultra petita; es decir, que se encuentra circunscrita a reclamar la aplicación o no de la ley y el procedimiento, aspecto relacionado a la interpretación de la legalidad ordinaria que sólo pueden ser dilucidados en las instancias ordinarias;
- 2)Dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0326/2017, luego de proceder a la revisión y compulsa de los antecedentes y acorde a lo solicitado en los memoriales de alzada; y,
- 3)A momento de plantearse el Recurso de Alzada, el recurrente invocó prescripción, si bien aludiendo la facultad de ejecución tributaria; no obstante, tuvo como finalidad la oposición a la intención de imponer sanción, en el entendido que, hizo referencia a las fechas de aceptación de la DUI y el subsecuente plazo para regularización -los ciento veinte días establecidos para la regularización del despacho inmediato respecto a la DUI, vencían el 15 de septiembre de 2007-, y de acuerdo también al art. 115 de la CPE, se procedió a analizar si la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas se encontraba materializada o no, concluyéndose que la administración aduanera no ejercitó dentro el término legal su facultad de imponer sanciones; por lo que, simplemente se actuó en apego a la normativa sin causar vulneración alguna, solicitando que se deniegue la presente acción de amparo constitucional.
César Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante sus representantes legales presentó memorial corriente de fs. 275 a 278, manifestando que:
- i)La lesión del derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes no es evidente, siendo que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0326/2017, no consolidó la prescripción de la facultad de la Administración aduanera de imponer sanciones, que era la intensión de su institución, solo restituyó el orden legal quebrantado por la propia aduana;
- ii)La falta de fundamentación y congruencia es atribuible a la Administración Aduanera, siendo que, dicho Ministerio, mediante escrito de 17 de agosto de 2016, planteó la prescripción de la facultad de imponer sanciones como la de ejecutar las mismas, amparado en el art. 59 del CTB, de manera general, la ahora accionante únicamente resolvió en relación a la parte que estimó conveniente, por ello, la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI 051/2016, carece de fundamentación y motivación; y,
- iii)El art. 324 de la CPE, está relacionado con la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, cuya naturaleza corresponde a la política fiscal que es distinta al tema impositivo.
En audiencia mencionó que reforzando la posición del demandado en cuanto al principio de informalismo y favorabilidad, efectivamente la resolución que resolvió el recurso jerárquico fue fundamentada en la "SC 1724, 25.10.2010" (sic) que indica que un error puede ser interpretado a favor del interesado o del administrado, al amparo de la regla del indubio pro actione, como se hizo en la , cuando se recondujo la solicitud de ese Ministerio.
I.3.4. Resolución
La Jueza Pública de Familia Octavo del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 515 a 520 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes razonamientos:
- a)La autoridad que emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0326/2017, aplicó una de sus facultades, que está prevista en el art. 212 inc. c) del CTB; por lo que, dicha determinación no puede ser de ninguna manera considerada ultra petita, es por ello también que mal podía haberse pronunciado sobre aspectos planteados en el recurso interpuesto;
- b)Respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales, se tiene que las autoridades ahora demandadas al emitir la Resolución ahora cuestionada, justificaron razonablemente su decisión, explicando con claridad porque consideraron que debían anular la resolución del recurso de alzada con reposición hasta la resolución sancionatoria de sumario contravencional inclusive; y,
- c)El derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes tampoco fue lesionado, siendo que el ejercicio de una potestad normativa de ninguna manera puede ser entendida como un acto que pueda favorecer a una de las partes del proceso, dado el carácter universal y neutral con el cual el legislador formula la ley.
- 8)Expediente 21450-2017-43-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 149 a 166, la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 026/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización dentro de plazo respectivo del despacho inmediato de la DUI (IMI:4) 2007/201/C-6539 de 18 de mayo de 2007, sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV's200.- (doscientos Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, la indicada cartera de Estado, interpuso recurso de alzada, resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2017 de 16 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la indicada DUI; en ese entendido, la entidad aduanera, presentó recurso jerárquico, observando la vulneración del principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y el pronunciamiento ultra petita de la autoridad regional; empero, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0362/2017 de 3 de abril, anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatorio de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 026/2016 inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, que resuelva de manera fundada en los hechos y antecedentes del caso, respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma; es decir que, nuevamente se emitió una resolución ultra petita, porque al disponer la anulación mencionada, se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación -al ser interpuesto el recurso jerárquico solo por el Ministerio-, es más se pretende que la Administración Aduanera se pronuncie basándose en la "real intensión" de dicho Ministerio, que únicamente cuestionó en su memorial de recurso de alzada la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción que se estableció en la indicada Resolución Sancionatoria -aspecto reconocido por la parte demandada en su fallo-, de lo que se infiere que no existió un trato igualitario entre las partes, al asumir una posición que privilegió solo al sujeto pasivo -Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-; toda vez que, la AGIT arrogándose arbitrariamente las facultades de intérprete de las pretensiones del recurrente, emitió apreciaciones subjetivas sobre la prescripción de la facultad de la administración aduanera de imponer sanciones, el cual difiere de la potestad de ejecutar sanciones.
Agregó que, tampoco se atendieron los reclamos que planteó a través de su impugnación, lesionando así su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
Manifiesta también que la disposición de anular obrados, cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad, se constituía en una resolución sesgada, incongruente, parcializada e ilegal, y que si tal decisión debía ser considerada únicamente correspondía anular obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los puntos expresamente planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En vía de aclaración y complementación a la resolución cuestionada se solicitó se aclare los motivos por los cuales no se emitió pronunciamiento respecto a las ; y , así como del precedente administrativo contenido en la Resolución Jerárquica "AGIT-RJ-0799/2012" (sic); sin embargo, el Auto Motivado AGIT-RJ 0041/2017 de 19 de abril, se limitó a señalar que la incongruencia se originó en la propia Administración Aduanera y al ser el vicio más antiguo, imposibilitó el pronunciamiento sobre el fondo de recurso; la anulación solamente del recurso de alzada sería insuficiente; y, al encontrarse la sanción sin firmeza no podía ser objeto de prescripción de ejecución tributaria; consiguientemente, su pedido fue declarada no ha lugar, por cuestiones que jamás se observaron fueron observados incurriendo en una falta de igualdad de las partes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante, denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0362/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que se pronuncie sobre lo expresamente impugnado; consiguientemente, se disponga anular obrados hasta la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2017, para que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre lo expresamente solicitado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; es decir, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 026/2016.
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