0187/2021-S2

Frente a dicha determinación, interpuso recurso jerárquico expresando como agravios:

1. a)La vulneración al debido proceso por ausencia de fundamentación de la resolución sancionatoria e incongruencia;
2. b)Falta de tipicidad;
3. c)Omisión valorativa de todas las prueba que aportó; y,
4. d)Transgresión a los principios de verdad material y "presunción de inocencia"; impugnación que fue resuelta por Resolución FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 054/2019 de 8 de agosto, confirmando el fallo sumario, sin tomar en cuenta la prueba de reciente obtención que presentó y acreditó dentro de la causa penal, que dio lugar a su sanción disciplinaria se dictó resolución fiscal de sobreseimiento.

La Autoridad Sumariante ahora demandada al emitir la Resolución ASMP/LTAL 021/2019:

1. 1)No acreditó que hubiera incurrido en la falta inserta en el art. 121.18 de la LOMP, no demostró que la resolución de rechazo de 5 de julio de 2017 sea indebida o insuficientemente fundamentada, ni exhibió pruebas de cargo o descargo que hubieren creado convicción del hecho, tampoco señaló el perjuicio que causó a las partes dicho requerimiento fiscal;
2. 2)Es incongruente, pues, concluyó que no realizó actos investigativos útiles y oportunos, pero contradictoriamente se indicó que no es responsable por la falta prevista en el art. 121.20 de la citada Ley; alegando que, no se adecúa a la falta disciplinaria endilgada al haber transcurrido veintidós días hábiles y no treinta días de inactividad como exige la norma;
3. 3)La conducta sancionable no se configuró, pues, se requiere que se dicte resoluciones indebidas, insuficientemente infundadas con el fin de perjudicar o beneficiar a una parte; en el presente caso, no fue ni se demostró que existiera el ánimo de perjudicar o beneficiar, menos que actuó con dolo;
4. 4)No se valoró las pruebas de descargo, como el certificado del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Tarija, referido a que, los asesores del Gobierno Autónomo Departamental del mismo departamento, nunca solicitaron el control jurisdiccional de la resolución de rechazo, la Autoridad Sumariante no tiene competencia para calificar como indebidamente fundamentada el contenido de esa determinación fiscal; y,
5. 5)Se dejó de lado la verdad material, dando lugar a una verdad aparente subjetiva que no consta en un elemento de prueba; se sustentó, su sanción en argumentos no expuestos en la denuncia ni el auto de apertura del proceso, afectando su derecho a la información y al principio de legalidad, pues se alegaron aspectos que hacen al fondo del proceso penal.

Por su parte el Fiscal General -ahora demandado- al dictar la Resolución FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 054/2019 -jerárquica-:

1. i)No fundamentó adecuadamente su decisión; ya que, aseveró que no demostró de qué forma se vulneraron sus derechos ni como se transgredió el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, realizando únicamente una descripción de las pruebas, sin un análisis de las mismas ni tampoco que la resolución de rechazo sea infundada; no se respondió al agravio señalado respecto a los hechos introducidos fuera de la denuncia y el auto de admisión conculcando su derecho a la defensa; se afirmó que no hubiera presentado prueba, desconociendo la certificación de 13 de agosto de 2018, que acreditaba que nunca se puso en control de la autoridad jurisdiccional la resolución de rechazo de denuncia y menos dicha autoridad la calificó como insuficientemente fundamentada;
2. ii)Se desconoció el principio de legalidad, pues la Autoridad Sumariante demandada no tenía competencia para realizar una valoración sobre la correcta o incorrecta fundamentación del aludido requerimiento fiscal, que esta atribuida al Fiscal Departamental o al Juez de control jurisdiccional; la indicada Resolución jerárquica no se pronunció sobre el cumplimiento de las condiciones que hacen al tipo disciplinario, específicamente el presupuesto "...con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes..." (sic) que no fue demostrado con la afectación alguna de las partes, tampoco se consideró la mencionada certificación emitida por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Tarija, menos la resolución de sobreseimiento de 25 de marzo de 2019, que no fue valorada de forma positiva o negativa; y,
3. iii)Existe contradicción e incongruencia, pues, por un lado se concluyó que no hubiera realizado actos investigativos útiles y pertinentes, y por otro resuelve que no sería responsable por inactividad investigativa por el lapso de treinta días; empero, se la sancionó por dictar resoluciones insuficientemente fundadas, conclusiones que son excluyentes y contradictorias.