Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0187/2026-CA Sucre, 15 de abril de 2026
Expediente: 82995-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 352/2025 de 3 de septiembre, cursante de fs. 1692 a 1694, pronunciada por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la que declaró la improcedencia la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Gary Gonzalo Omonte Vera, demandando la inconstitucionalidad del art. 396.1 del del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 2.VII de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, en la frase: "1. Tendrán efecto suspensivo, salvo que exista conformidad entre la Sentencia y el Auto de Vista", por ser presuntamente contrario a los arts. 9, 13, 14, 22, 23, 115, 116, 117, 119, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 8.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 15 de mayo de 2025, cursante de fs. 1365 a 1385 vta., el accionante sostiene que el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Comando General de la Policía Boliviana en su contra y otros, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, se encuentra con apelación restringida promovida contra la Sentencia 56/2023 de 4 de mayo.
Argumenta, que el art. 396.1 del del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 2.VII de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente señala: "(Reglas Generales): 1 Tendrán efecto suspensivo, salvo que exista conformidad entre la Sentencia y el Auto de Vista"; por lo que, aun reconociéndose que contra el Auto de Vista que resuelve la apelación restringida procede recurso de casación, ésta norma dispone la ejecutabilidad de la sentencia condenatoria no ejecutoriada, ordena la ejecución de una sanción penal cuando no adquirió la calidad de cosa juzgada en violación a las garantías de presunción de inocencia, impugnación y defensa.
El art. 396.1 del CPP, suprime el efecto suspensivo cuando existe conformidad entre la Sentencia y el Auto de Vista, lo que vulnera el derecho al debido proceso, a la defensa, a las garantías a la impugnación y a la presunción de inocencia previsto en los arts. 115, 116.I, 117 y 180.II de la CPE; y 8.2.h de la CADH); así como, los entendimientos establecidos en las Sentencias de la Corte Interamericana pronunciada en el caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, Amrhein y otros Vs. Costa Rica y Liakat Ali Alibux Vs Surinam; ya que, no permite que se agoten los recursos ordinarios existentes.
La trascendencia constitucional del control de la norma impugnada, es porque vulnera el derecho de presunción de inocencia y otorga una pena anticipada sin que se resuelva el recurso de casación; por lo que, también lesiona el debido proceso, el derecho a la defensa, porque anticipa una pena sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada, quebranta la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios internacionales sobre derechos humanos, implica un retroceso al sistema inquisitivo, que es contrario a las Leyes "1970" y "1173".
La condición de inocente se destruye con sentencia ejecutoriada, mientras siga en curso un recurso de casación pendiente de resolución no adquiere la calidad de cosa juzgada; por lo que, sigue vigente la presunción de inocencia; en consecuencia, es imperativo que no se pueda ejecutar la pena o sanción penal sino se encuentra ejecutoriada la sentencia condenatoria.
Los arts. 116.I de la CPE; 11 de la DUDH; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre; y 8.2 de la CADH, señalan que toda persona acusada en un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
I.2. Respuesta a la acción
Freddy Antonio Valda Revilla, por memorial de fs. 1661, se adhirió a la acción concreta en su integridad.
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