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TCP

0188/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de febrero de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0188/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0188/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 69524-2024-140-AL Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 05/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 90 a 96, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Herbert Hermann Kohlberg Campero contra María Isabel Sosa Castellanos, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2024, cursante a fs. 1 y 62 a 73 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación con agravante, se encuentra con detención preventiva. En ese contexto, solicitó cesación a la medida extrema, la cual fue resuelta por el Auto Interlocutorio 397/2024 de 14 de noviembre, emitido por el Tribunal a quo, que rechazó su solicitud, considerando como persistente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, mantuvo la valoración relativa al peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal.

Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la autoridad demandada mediante Auto de Vista 305/2024-SP2 de 20 de noviembre, que confirmó la decisión del Tribunal de origen. Afirmó que la Vocal demandada emitió una resolución insuficientemente motivada, sin efectuar un análisis propio de los agravios expuestos en apelación consistentes en:

  1. a)El Tribunal de origen consideró subsistente el riesgo de obstaculización respecto de la madre de la víctima menor de edad, presentada como testigo dentro del proceso; sin embargo, la nombrada presentó memorial manifestando que no se oponía a la cesación de la detención preventiva; señalando que, debido a la edad avanzada y al deterioro de su salud, no lo consideraba un riesgo; en este sentido, el riesgo procesal fue vinculado a la madre como testigo y no a la víctima;
  2. b)Denunció en apelación la incorrecta valoración del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, activado inicialmente por la supuesta existencia de peligro efectivo para la víctima; sin embargo, la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre este agravio, señalando que dicho aspecto no habría sido debatido en la audiencia de cesación cuando el Tribunal de alzada tiene la obligación de realizar una revisión integral de las decisiones que determinan la situación jurídica del imputado;
  3. c)Omisión de realizar el test de proporcionalidad de la medida cautelar; es decir, no se evaluó la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas, considerando su estado de salud; y,
  4. d)No se valoró su condición de adulto mayor de setenta y nueve años de edad, así como las patologías diagnosticadas -insuficiencia cardiaca, diabetes e hipertensión- y el cuadro de depresión ansiosa que requiere tratamiento permanente, situación que se habría agravado durante los diez meses de detención preventiva.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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