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TCP

0189/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0189/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0189/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 62902-2024-126-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 14/24 de 4 de marzo de 2024, cursante de fs. 203 vta. a 206 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Méndez Claure contra Juan Lanchipa Ponce, ex Fiscal General del Estado; Martha Rosario Bellido Cuellar, Jefa de Análisis Jurídico; y, Juan Pablo Ayala, Director de Asuntos Jurídicos ambos de la Fiscalía General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 23 de febrero de 2024, cursante de fs. 82 a 97, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su persona pese haber ejercido funciones por más de dieciséis años en el Ministerio Público, de manera pacífica e ininterrumpida, fue notificado con el Memorando CITE FGE/JLP/AG 103/2023 de 15 de diciembre, agradeciendo sus servicios como Fiscal de Materia III; ante lo señalado y en su condición de padre de una menor con discapacidad, solicitó al entonces Fiscal General del Estado hoy accionado su reincorporación; sin embargo, hubo una primera observación a la mencionada petición, exigieron la presentación de un Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes; es así que, en cumpliendo con dicha observación, adjuntó -al memorial dirigido al Fiscal General del Estado-, el Informe Cite PD/ACA/USyPS/SEDES/1062/2023 de 26 de diciembre, con referencia "Respuesta a solicitud" emitido por la Responsable a. i. del Programa de Discapacidad y la Gerente a. i. de la Unidad de Servicios y Programas de Salud ambas del SEDES de Santa Cruz, que refiere que: el "Formulario de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad 273845 correspondiente a TMP con CI 15567408, de cuatro años y seis meses de edad al momento de la calificación de 11 de julio de 2023, realizado en el Distrito de Adulto Mayor y Discapacidad -DM 4 (Centro de Salud Los Olivos). Diagnóstico de discapacidad: F 84-CIE 10; Tipo de Discapacidad: Mental- Psíquica; Porcentaje de Discapacidad: 16%; y, Grado de Discapacidad Leve" (sic).

Sin embargo, pese a que se adjuntó la documentación solicitada, realizaron una segunda observación, indicando que en el presente caso su hija de acuerdo al Manual de Proceso y Procedimientos para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad, no puede acceder al mencionado Carnet de Discapacidad, por haberse calificado con un grado de discapacidad leve del 16%, accediendo solo a dicho Carnet de Discapacidad quienes sean calificadas con más de 25%; empero, corresponde aclarar que la discapacidad existe y se encuentra comprobada y declarada por un Equipo Multidisciplinario Neurológico, Psicológico y de Trabajo Social de un Establecimiento de Salud Pública de la Seguridad Social a corto plazo; así como, registrada en el Formulario para el Registro Único Nacional de personas con Discapacidad; y, pese a conocer esa situación los ahora accionados afirmaron que no procede la emisión del Carnet de Discapacidad y le suprimen su derecho a la inamovilidad laboral, ignorando que el Trastorno del Espectro Autista es una discapacidad independiente del grado.

Consecuentemente, la negativa a su reincorporación resulta ser una vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, con una afectación directa a su hija de cuatro años de edad que padece de una discapacidad permanente e irreversible y que forma parte del grupo vulnerable con protección reforzada especial y preferente, materializando el acto ilegal y la omisión indebida a la vez al negar su reincorporación laboral, pese a no haber sido sometido a proceso previo alguno ni tampoco incurrió en causal establecida por ley, que amerite su desvinculación laboral, pretendiendo los ahora accionados la entrega de un certificado de discapacidad que le es imposible obtener al presente y asumiendo un razonamiento contrario a la normativa constitucional que protege los derechos laborales dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, no pudiendo ilegal y arbitrariamente desconocer su derecho a la reincorporación por inamovilidad laboral por discapacidad leve de su hija menor de cuatro años, condición que no amerita la emisión de Carnet de Discapacidad; por lo que, no pueden por ese formalismo absurdo desconocer que haga valer ese derecho, con el pretexto que no se encuentra legalmente sustentado y que en consecuencia resultaría improcedente su reincorporación laboral.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo e inamovilidad laboral por ser padre de una hija menor con discapacidad; citando al efecto los arts. 15.I, 18, 46.I y II y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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Tribunal Constitucional Plurinacional26 de febrero de 20260189/2026-S1Fuente oficial