Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0191/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26050-2018-53-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 02/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 786 a 791, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Valdez Nina y Nancy Guerrero Alcoba de Valdez contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental y, Abdón Molina Peñarrieta, Juez Agroambiental de San Lorenzo del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de septiembre de 2018, cursante de fs. 739 a 744, y el de subsanación de 3 de octubre de igual año de fs. 745 a 746 vta., los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la demanda de nulidad de contrato de compra-venta de terreno rural y documento privado seguido por Hugo Bejarano Torrejón y Cinthia Daniela Ojeda Escalante en representación de Genara Montaño Muñoz de Daza en su contra y de Eloy Zenteno Nina y Salome Valdez de Nina, los demandantes apoderados manifestaron en forma expresa que la venta del lote de terreno fue realizado por Lucas Raúl Cahuana Choque y Ramiro Eloy Burgos Morales en representación de Eloy Zenteno Nina y Salome Valdez de Nina, así consta en el documento de compra-venta adjunto a "fs. 11 de obrados" (sic), aspecto que fue de conocimiento del Juez Agroambiental de San Lorenzo del departamento de Tarija, como reza en la Sentencia de "fs. 191".
En la contestación a la demanda, dieron a conocer al Juez de la causa que la venta del referido lote fue realizada por Lucas Raúl Cahuana Choque y Ramiro Eloy Burgos Morales, solicitando expresamente que los demandantes debían ampliar el proceso en contra de los apoderados.
De otro lado, se tiene que la apoderada Cinthia Daniela Ojeda Escalante, de forma textual indicó que el bien inmueble fue comprado de Juan Albornoz Gutiérrez y no de Eloy Zenteno Nina y Salome Valdez de Nina, evidenciándose este aspecto del documento de compra-venta que realizó Genara Montaño Muñoz de Daza de los apoderados Lucas Raúl Cahuana Choque y Ramiro Eloy Burgos Morales a "fs. 315" cursa minuta aclarativa de compra-venta de terreno rústico pactada en el "sellado 0347085 Serie C-99" (sic), correspondiendo al mismo papel sellado que se encuentra a fs. 314, del cual se advierte en la última parte que, "...Este contrato aclarativo hace mención al contrato de compraventa de fs. 314 de obrados, donde el el contrato aclarativo en el final de la CLÁUSULA SEGUNDA dice Textual, en el presente contrato aclaramos que el precio real del bien inmueble transferido es de $us. 15.000 dinero que es cancelado al Sr. JUAN ALBORNOZ GUTIÉRREZ, mediante cheque No.600032028776 girado por MÁXIMO DAZA LIMACHI, el mismo que será cobrado el día de mañana (septiembre 8) hasta horas 12 am..." (sic), desprendiéndose que Juan Albornoz Gutiérrez, es el propietario absoluto del inmueble transferido siendo ellos sus apoderados, y por razones personales no legitimó a su favor el inmueble de referencia.
Dichos antecedentes fueron puestos a conocimiento del Juez ahora demandado; empero, no subsanó dicha violación al debido proceso infringiendo lo determinado por el art. 546 del Código Civil (CC).
Por otra parte señalan que, solicitaron al Juez de primera instancia que oficie al Notario de Fe Pública para que remita copias legalizadas del contrato privado de compra-venta suscrito por Genara Montaño Muñoz de Daza, Lucas Raúl Cahuana Choque y Ramiro Eloy Burgos Morales, supuestos apoderados de Eloy Zenteno Nina y Salome Valdez de Nina; no obstante, dicho pedido fue negado por dicha autoridad, motivo por el cual reiteraron que los demandantes debían ampliar la demanda a los apoderados de Eloy Zenteno Nina y a Juan Albornoz Gutiérrez como verdadero vendedor, a los fines de demostrar la verdad histórica de los hechos y dictar una resolución conforme a derecho; sin embargo, el Juez como director del proceso, no dispuso nada ni ordenó de oficio dicha ampliación para integrarlos a la litis, infringiendo lo dispuesto en el art. 546 del CC. Es así que la Sentencia 03/2018 de 19 de abril, emitida por la autoridad codemandada, declaró probada la demanda de nulidad de contrato privado de transferencia de terreno rústico y del contrato privado de aclaración y ratificación de venta, demanda que fue incoada a "fs. 43 a 47" de obrados, con costas y el pago de daños y perjuicios a ser evaluados en ejecución de sentencia y en su mérito se declaró la nulidad íntegra de los dos documentos suscritos por Eloy Zenteno Nina y Salome Valdez de Nina en favor de sus personas, manteniendo como válido el documento de compra-venta del terreno rural denominado "La Rosa", con una superficie total de "1.9813" ha, ubicado en el cantón Santa Bárbara, provincia Méndez del departamento de Tarija, que acreditó el derecho propietario de Genara Montaño Muñoz de Daza, disponiendo que sus personas, quienes se encontraban en posesión real del inmueble rural restituyan en el plazo de diez días la misma en favor de la prenombrada, reposición que deberá ser realizada en el plazo señalado computables a partir de la ejecución de dicha Resolución, bajo apercibimiento de expedirse mandamiento de desapoderamiento ante su incumplimiento.
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