0192/2023-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. a)Se disponga la nulidad de la Resolución Fiscal Departamental RRMM 637/21; y,
2. b)Ordene emitir nueva resolución contemplando el derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba.

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción amparo constitucional; y ampliándolos señaló que:

1. 1)El 17 de noviembre de 2021 fue notificado con la Resolución Departamental Fiscal RRMM 637/21, que resolvió ratificar un rechazo de denuncia emitido por la Fiscal de Materia -Carmen Guzmán-, en favor de los hoy terceros interesados, quienes fueron denunciados en el proceso penal del cual emerge la resolución de rechazo, por el delito de desobediencia a resoluciones de acciones de defensa;
2. 2)Los denunciados no cumplieron la resolución constitucional, por ello el Juez contralor de garantías, que era el juez civil, ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal;
3. 3)De forma posterior, la acción tutelar fue confirmada por la SCP 0111/2019-S1 de 10 de abril; por lo tanto, tenía calidad de cosa juzgada constitucional, y fue esta resolución la que no quisieron cumplir los denunciados;
4. 4)El acto vulnerador es la Resolución Departamental Fiscal RRMM 637/21, porque lesiona derechos fundamentales y apertura la posibilidad de que en sede constitucional se puede realizar la valoración de la legalidad ordinaria; toda vez que, carece de una debida fundamentación y motivación; sino que efectuó una transcripción del art. 179 del Código Penal (CP) y citó dos SCP, e hizo referencia al principio del debido proceso y redujo en pocas líneas la relación fáctica, las actuaciones policiales y los elementos probatorios, afirmó que no existe certidumbre sobre la intencionalidad dolosa de los sindicados en el proceso de convocatoria a la constitución del Comité Electoral y el Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio de Bioquímica; por lo tanto los elementos e indicios colectados en el proceso eran insuficientes para demostrar la existencia del hecho;
5. 5)Asimismo, la Resolución jerárquica, omitió referirse a las cuestiones que se plantearon en la denuncia de incumplimiento de la "SC 07/2018⁵" ; es decir, ni siquiera se pronunció sobre si se cumplió o no con dicha resolución;
6. 6)Por otro lado, existe una ausencia de valoración de los elementos colectados durante la investigación, limitándose a realizar una diferenciación somera de cuáles son los elementos que se colectaron, pero en lo absoluto les otorgó una valoración por lo menos mínima esos elementos.

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 114 a 117 vta., señaló que:

1. i)Emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 637/21, se fundó en los antecedentes de la relación fáctica y los elementos probatorios útiles y pertinentes que tenían relación directa con los hechos y la relevancia jurídica;
2. ii)El accionante argumenta que los demandados, hoy imputados, no dieron cumplimiento a lo dispuesto en la "SC 07/2018 de 18 de agosto"; toda vez que, la respuesta a la complementación y enmienda de 5 de septiembre del mismo año, no respondería según lo establecido en la resolución constitucional; consecuentemente, persistiría la falta de fundamentación de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, quienes publicaron los días ocho, nueve y diez de septiembre del precitado año, la convocatoria a elecciones 2018-2021, a realizarse el 10 de octubre de 2018, cuyo accionar para el Juez de garantías, sería contrario al punto tercero de la resolución constitucional, disponiendo incluso la medida cautelar, a través de Auto 08/18 de 9 de agosto de 2018, ordenando la suspensión de la convocatoria a asamblea extraordinaria del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz, para la conformación del comité electoral para la elección del 11 de agosto del señalado año;
3. iii)Practicada la notificación a los miembros del supuesto comité electoral, con el referido Auto 20/18, Freddy Grover Zeballos Ferrel, argumentó haber sido elegido y posesionado por el Comité electoral, como presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz; el Consejo Ejecutivo Nacional lo desconoció mediante Voto Resolutivo 03/2018 de 6 de noviembre de 2018 y solicitaron a la directiva presidida por Mery Mendieta, convocar a asamblea para elegir un comité electoral a la brevedad; asimismo, los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, acordaron que toda acción individual y/o de grupo por parte de afiliados al Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia en contra del voto resolutivo será considerada desacato y transgresión al estatuto orgánico y reglamento vigentes del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia; debiendo denunciar ante el Tribunal Nacional de Honor correspondiente para aplicar sanciones establecidas en dichos voto resolutivo;
4. iv)La SCP 0111/2019-S1 de 10 de abril dispuso confirmar en parte la tutela solicitada, respecto al derecho de motivación y fundamentación, correspondiendo dejar sin efecto al nota de 16 de julio de 2018, ordenando que la parte demandada, emita nueva respuesta conforme a los fundamentos de la resolución; denegó la tutela impetrada, referente a la aplicación del art. 48 inc. c), respecto al Estatuto Orgánico del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia y al derecho a de petición (respecto a las obligaciones de las Filiales: a) Cumplir fielmente el Estatuto Orgánico, Reglamentos, Resoluciones de Congresos y disposiciones del Consejo Ejecutivo Nacional;
5. b)Acusar recibo de la correspondencia y comunicaciones emitidas por el Consejo Ejecutivo Nacional entre filiales y dar respuesta oportuna;
6. c)Asistir a los Consejo o Consultivas Nacionales, Congresos, Jornadas organizadas por el Consejo Ejecutivo Nacional con sus delegados respectivos);
7. v)La justicia constitucional respetó la institucionalidad de las organizaciones e instituciones, tomando en cuenta las conductas colectivas en ese tipo de asociaciones, donde la decisión personal de los miembros colegiados no cuenta individualmente, sino de manera orgánica, donde todos responden de manera integral en una especie de mancomunidad; de tal forma que sin la intervención de uno de sus miembros, los demás representantes de igual forma aprueban y toman decisiones y disposiciones;
8. vi)Lo señalado implica que el acuerdo o desacuerdo de cualquiera de los denunciados miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia no modifica la decisión de un cuerpo colegiado; y esa es la razón de fondo de la ratificación del rechazo de la denuncia a favor de los denunciados María Mirtha Salinas Calderón y Carlos Eduardo Caballero Barrón; desvirtuando la calificación del tipo penal de desobediencia resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad;
9. vii)Con los antecedentes colectados en la etapa preliminar, se consideró insuficientes los elementos de la investigación para desvirtuar la presunción de inocencia de los denunciados, en ese contexto, el Ministerio Público, en su función investigativa defiende la legalidad y debe cumplir lineamientos que norman la actuación fiscal bajo el principio de objetividad y tomarán en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad a los investigados; formulando sus requerimientos conforme a ese criterio, dentro de los plazos delimitados, no pudiendo procesar ni perseguir en forma indefinida un supuesto hechos, porque afectaría al derecho al debido proceso en su vertiente de cumplimiento a plazos y al acceso a la justicia; por lo que, solicita denegar la tutela impetrada.

Por otro lado, en audiencia de garantías, a través de Rosa Elizabeth Coro Buitrago, Fiscal de Materia, a quien se le concedió la palabra, se ratificó en el informe escrito y ampliándolo, manifestó que:

1. a)Analizada la Resolución Jerárquica cuestionada, advirtió que se consideró la prueba útil, pertinente, tomando en cuenta aquellos elementos que guardaban relación con los hechos denunciados el 20 de noviembre de 2018, referidos al incumplimiento de lo dispuesto en una resolución que le concedió la tutela solicitada y que fue confirmada en parte por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la 0SCP 0111/2019-S1 de 14 de abril, que resulta contradictoria al informe presentado por el Juez de garantías, quien ordenó la remisión de los antecedentes por el supuesto incumplimiento de sentencia, que motivó la presente acción de defensa;
2. b)El accionante reclama hechos que son eminentemente investigativos, al señalar que los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, como son los sindicados, deberían estar involucrados o imputados en la investigación; cuando debió acudir al control jurisdiccional en su oportunidad; puesto que, el Tribunal de garantías, por el principio de la autorregulación está impedido de revisar estos derechos que corresponden a la actividad investigativa o a la jurisdicción ordinaria; empero, fueron fundados en la acción de amparo constitucional;
3. c)La imputación es un acto provisional, que atribuye la presunta comisión de un hecho ilícito, sujeto y condicionado a probarse con elementos de indicios probatorios;
4. d)No corresponde fundamentar que los terceros interesados, al ser miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio de Bioquímica y Farmacia, debieran ser imputados; toda vez que, se atentaría al principio de presunción de inocencia, en cuanto al principio de la responsabilidad penal personalísima;
5. e)El Ministerio Público, al momento de emitir una resolución conclusiva, debe considerar si los elementos de la actividad revisten la entidad penal que merezcan comprobar la existencia del hecho y la probable participación, entre la conducta y los tipos penales; en el caso en concreto, no se cumplen las condiciones para poder realizar la subsunción encaminada al proceso de imputación;
6. f)El art. 29 inc. 2) del Estatuto Orgánico del Consejo Ejecutivo Nacional, prevé adoptar medidas que es facultad del Consejo Ejecutivo Nacional, que conduzcan al cumplimiento de los fines, objetivos y propósitos de la Sociedad Boliviana de Bioquímica, constituyendo las comisiones y representaciones que fueran necesarias; en ese sentido el Tribunal Constitucional Plurinacional, al denegar la tutela solicitada, respecto a la aplicación del art. 48, del referido estatuto, está respetando el derecho de los denunciados de asistir al Consejo Consultivo Nacional, congresos y jornadas, como delegados respectivos;
7. g)Asimismo, la justicia constitucional, tomó en cuenta que la conducta colectiva, en ese tipo de asociaciones, donde la decisión personal de los miembros colegiados no cuenta individualmente sino de manera orgánica; responde de manera integral, en una especie de mancomunidad; de tal forma, que sin la intervención de los denunciados, que fueron favorecidos con la resolución de rechazo y que fue confirmada en alzada, los demás representantes, de igual forma, hubieren aprobado o tomado decisiones o determinaciones; circunstancia que derivó en una resolución de sobreseimiento a favor de los demás miembros del Colegio de Bioquímica; y,
8. h)El acuerdo o desacuerdo de cualquiera de los denunciados, miembros del Consejo del Colegio de Bioquímica, no modifica la decisión de un cuerpo colegiado; y esa es la razón de fondo de la ratificación del rechazo de la denuncia y la confirmación de la misma a favor de los sindicados, hoy terceros interesados.

Carlos Eduardo Caballero Barrón y María Mirtha Salinas Calderón, en audiencia de acción de amparo constitucional, a través de su abogado, señalaron que:

1. 1)En el caso de una objeción de rechazo, primeramente debió ponerse en conocimiento del Fiscal Departamental, cuáles eran los supuestos errores en los que incurrió el Fiscal de Materia; es decir, que los agravios llevados en revisión deberán ser resueltos por el Fiscal Departamental, quien no hará una revisión de oficio;
2. 2)De la fundamentación efectuada por el impetrante de tutela, no se advierte cuáles elementos de prueba se le pidió al Fiscal Jerárquico, que sean observados, o que no hubieren sido valorados correctamente por el Fiscal de materia; es decir, que no lo hizo en la vía ordinaria;
3. 3)Se ratificó la resolución de rechazo, pues de haber dispuesto se continúe la investigación, también se habría dictado un sobreseimiento, tal como se efectuó para los otros sindicados; por ello la fundamentación que se hace en la vía constitucional debe ser congruente con los agravios llevados a la objeción de rechazo; misma que debió haber sido lo suficientemente fundamentada para explicar al Fiscal Departamental, qué elementos de prueba no fueron valorados correctamente, qué actuados procesales fueron solicitados y no se desarrollaron; empero, no existe esa explicación, pues el accionante no se ha referido a ningún elemento específico; por lo tanto, el Tribunal de garantías no podría dar razón a una supuesta omisión de valoración de prueba, cuando la parte no ha señalado cuál era el agravio específico que le causa; y,
4. 4)En la objeción al rechazo, el accionante tampoco indicó qué elementos no fueron tomados en cuenta por el Fiscal; circunstancia que puede verificarse en el memorial de objeción de rechazo; en el que no identifica los elementos referidos; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.