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TCP

0192/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0192/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0192/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 45141-2022-91-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 013/2022 de "8" -siendo lo correcto y en adelante 10- de febrero, cursante de fs. 251 a 256, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Pemintel Echenique, Fernando Bruno Escobar Pacheco, Danica Mariana Yaksic Hoyos, Luz Marina Iriarte Abuawad y Carmen Jhoselyn Gaspar Soliz, en representación legal de la empresa SHELL BOLIVIA CORPORATION, SUCURSAL BOLIVIA, contra Ricardo Torres Echalar, Carlos Alberto Egüez Añez y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 23 de diciembre de 2021, cursante a fs. 1 y 148 a 160; y, 164 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso laboral de reincorporación seguido en su contra, se dictó la Sentencia 34/2019 de 30 de septiembre, mediante la cual se declaró probada la demanda y se ordenó la reincorporación laboral de John Dee Smith IV -ahora tercero interesado-, así como el pago de salarios devengados y otros derechos colaterales. Contra dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación, alegando la falta de fundamentos en la determinación de la autoridad judicial, la errónea valoración de las pruebas de descargo, la vulneración de normas y principios previstos en el Código Procesal del Trabajo y la Constitución Política del Estado, así como la falta de aplicación de la jurisprudencia constitucional vinculante.

Dicho recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 67/2020 de 5 de noviembre, emitido por la Sala Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmó la Sentencia de primera instancia, pese a los agravios expresamente formulados contra dicho fallo. Ante esta determinación, se interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, denunciando que el referido Auto de Vista no consideró todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, además de haber omitido el diligenciamiento de prueba oportunamente solicitado -lo que, incluso, tornaba anulable dicha resolución-; asimismo, sostuvo que se eludió el análisis de la prueba y la normativa laboral aplicable, particularmente en relación con los criterios que limitan la aplicación de la inamovilidad laboral en contratos temporales de trabajo, la naturaleza de la relación laboral con el tercero interesado y su falta de interés real en ser reincorporado, dado que este ya no residía en el país.

Como resultado, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- emitieron el , declarando infundado el recurso de casación, sin considerar que:

  1. a)Aglomeraron los puntos 6, 7 y 8 del recurso de apelación en un solo reclamo, bajo el argumento de que habrían sido resueltos en torno al punto central relativo a la reincorporación laboral y que no constituían aspectos con trascendencia suficiente para generar nulidad;
  2. b)Omitieron pronunciarse sobre la solicitud de diligenciamiento de prueba en segunda instancia -previsto en el art. 261.III.3 del Código Procesal Civil (CPC)-, ofreciendo una respuesta incongruente al ampararse en el principio de preclusión procesal;
  3. c)Realizaron una interpretación errónea de las disposiciones normativas en materia laboral para determinar la naturaleza del contrato de trabajo, sustentando su decisión en afirmaciones genéricas sobre la valoración integral de la prueba;
  4. d)Debían hacer una "revalorización" la prueba aportada, la cual demostraba la inviabilidad de la reincorporación laboral; y,
  5. e)Se apartaron de los estándares jurisprudenciales que establecen la inaplicabilidad de la inamovilidad laboral a trabajadores que desempeñan actividades eventuales.
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, aplicación correcta de la norma, "predictibilidad de la resolución judicial", "igualdad ante la ley" y "aplicación objetiva del ordenamiento jurídico"; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).

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