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TCP

0193/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0193/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0193/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 46609-2022-94-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 022/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 2008 a 2019, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Mendoza Gonzales en representación legal de Cristóbal Aquino Aguirre; y, Efrén y Wuiber, ambos Aquino García contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 24 de enero de 2022, cursantes a fs. 1 y 204 a 233 vta.; y, 1598 a 1599 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tramitó el proceso de saneamiento agrario del área denominada '"Áreas Nuevas de San Andrés XIX"' (sic), en el departamento de Beni, comprendiendo, entre otros, los predios "Valeria Sebastián" y "El Progreso". Respecto al primero, en 2017 se declaró ilegal la posesión; sin embargo, en 2018 se anuló dicha determinación por irregularidades advertidas en los actuados y se ordenó una nueva verificación de mejoras, que posteriormente derivó en la adjudicación del predio a favor de Elsa Carmen Abidar Gil Vda. de Murillo -tercera interesada-. En cuanto al predio "El Progreso", el INRA declaró ilegal la posesión por incumplimiento de la Función Social y por superposición con otros predios y tierra fiscal; posteriormente, la Dirección Nacional del INRA emitió el Informe Técnico Legal JRLL-USB-INF-SAN 247/2020 de 1 de octubre, en el marco del control de calidad previsto por los arts. 266 y 267 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, ratificando el Informe de Conclusiones y el Informe de Cierre de 2018, rechazando la desacumulación física de los predios "Valeria Sebastián", "Cayuhu" y "El Progreso", y estableciendo que la verificación en campo constituía el principal medio probatorio para acreditar la posesión legal y el cumplimiento de la Función Económica Social (FES), considerando al análisis multitemporal únicamente como instrumento complementario; con base en dicho informe, se emitió la Resolución Administrativa RA-SS 0194/2020 de 8 de octubre, que dispuso la ilegalidad de la posesión y el desalojo del predio "El Progreso", resolución posteriormente impugnada mediante demanda contencioso-administrativa agraria.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 31/2021 de 9 de julio, declaró improbada la demanda. En el Fundamento Jurídico III.1 concluyó que no existió vulneración del derecho a la defensa por falta de notificación del Informe Técnico Legal JRLL-USB-INF-SAN 247/2020, señalando que dicho informe constituía un acto emergente del control de calidad previsto en el art. 267 del DS 29215 y que, además, fue notificado personalmente a uno de los beneficiarios del predio "El Progreso"; en el Fundamento Jurídico III.2, determinó que la Resolución Administrativa UDSAB-N-052/2018 de 30 de julio, relativa a la verificación de mejoras antiguas en el predio "Valeria Sebastián", tenía carácter general y fue válidamente publicada mediante edicto agrario, conforme al art. 70 inc. c) del DS 29215, operando, además, el principio de convalidación al no haber sido impugnada oportunamente.

Asimismo, en el Fundamento Jurídico III.3 rechazó la denuncia de fraude en la posesión legal y en el cumplimiento de la FES del predio "Valeria Sebastián", señalando que los certificados de posesión, fichas catastrales, formularios de verificación de la FES y registros de mejoras acreditaban una posesión legal y continua desde 1990, anterior a la vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, concluyendo, además, que no existía fraude ni incumplimiento de la FES; también sostuvo que el predio "El Progreso" no acreditó posesión legal anterior al 18 de octubre de 1996, debido a que las mejoras registradas eran posteriores al año 2000 y recaían sobre tierra fiscal; finalmente, en el Fundamento Jurídico III.4 concluyó que los demandantes no demostraron posesión legal ni cumplimiento de la FES respecto del predio "El Progreso", al evidenciarse, mediante verificaciones de campo, encuestas catastrales y registros técnicos, que la posesión era posterior a la vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y, por tanto, ilegal conforme al art. 310 del DS 29215.

No obstante, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 31/2021 vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación suficiente, congruencia y prohibición de arbitrariedad judicial, ya que el Tribunal Agroambiental desarrolló un razonamiento predominantemente abstracto sobre el control de calidad ejercido por el INRA, sin resolver de manera concreta los agravios formulados en la demanda contencioso-administrativa; en particular, la falta de una respuesta suficiente respecto a la notificación del Informe Técnico Legal JRLL-USB-INF-SAN 247/2020 y la compatibilidad de su notificación conjunta con la Resolución Administrativa RA-SS 0194/2020 con el derecho a la defensa; asimismo, la Sentencia no desarrolló una fundamentación suficiente sobre la legalidad de la posesión y el cumplimiento de la FES del predio "Valeria Sebastián", ni valoró integralmente informes técnicos, antecedentes administrativos y análisis multitemporales que cuestionaban la antigüedad de la posesión y la existencia de actividad productiva; finalmente, respecto al predio "El Progreso", el Tribunal Agroambiental se limitó a reiterar conclusiones generales basadas en la verificación en campo, sin explicar de manera específica por qué desestimó los cuestionamientos técnicos y probatorios formulados en la demanda contencioso-administrativa.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

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