Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0194/2020-S1 Sucre, 29 de julio 2020
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 31341-2019-63-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 2 de octubre 2019, cursante de fs. 55 vta. a 57, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana en representación sin mandato de Venerable Huanca Gutiérrez en contra de Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El representante sin mandato del accionante, mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2019, cursante de fs. 18 a 24, expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 25 de junio de 2019, Irene Bustamante Mérida, presentó liquidación de asistencia familiar, manifestando que su persona adeudaba la suma de Bs22 308,06.- (veintidós mil trescientos ocho 06/100 bolivianos), a lo cual, el Juez Público de Familia Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- mediante decreto de la misma fecha, corrió en traslado dicha liquidación; posteriormente, el 30 de julio de idéntico año, la demandante de asistencia, expresando que se cumplió con la notificación correspondiente, el 18 de igual mes y año, solicitó la aprobación de la liquidación; por ello, la referida autoridad judicial demandada, en la indicada fecha, aprobó la liquidación y dispuso se intime a su persona para su pago dentro el tercer día.
El 8 y 20 de agosto de 2019, el abogado Álvaro Rocha Quispe, con el fin de no vulnerar derechos y causar indefensión a las partes, presentó memoriales devolviendo las notificaciones efectuadas en su oficina jurídica, el primero con la solicitud de liquidación y el segundo con su aprobación, refiriendo que "...tendría su oficina en la Av. Beni 678 edificio Gabriela primer piso Of. 8 hace meses atrás..." (sic), adjuntando para ello su tarjeta personal donde está consignado su domicilio procesal; escritos que, por disposición de la autoridad judicial ahora demandada, pasó a conocimiento de las partes. Ante tal situación, la demandante de asistencia familiar, solicitó se practique su notificación en su domicilio real, ubicado en "...el Barrio Libertad, Final asfalto de la Avenida Montecristo, entrando a la izquierda por el colegio libertad, tres cuadras la última casa de color verde" (sic), a lo cual, el Juez ahora demandado, decretó que se tome en cuenta a efecto de los actos de comunicación; en ese entendido, el 28 de agosto de 2019, se procedió a su notificación; no obstante, su persona devolvió dicha diligencia, pues no era posible que se le notifique con la aprobación de liquidación sin antes diligenciarse la liquidación presentada conforme dispone el art. 415.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; a cuyo efecto, el 11 de septiembre del mismo año, fue notificado en su domicilio real con la indicada liquidación; por lo que, en tiempo oportuno el 16 de igual mes y año, objetó la misma; posteriormente, el 1 de octubre de 2019, se apersonó al Juzgado donde se encuentra radicada la causa, para preguntar sobre la respuesta a su memorial de objeción, empero, grande fue su sorpresa al saber que el Juez ahora demandado había librado mandamiento de apremio en su contra.
En ese sentido, la mencionada autoridad judicial, no resolvió su objeción a la liquidación de pago de la asistencia devengada, y tampoco le notificó con la aprobación e intimación de pago, incumpliendo su deber previsto en el art. 232 inc. c) del CFPF; además, al librar mandamiento de apremio de forma ilegal y arbitraria, se vulneró sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, y se transgredió lo establecido en el art. 415.II de la mencionada Ley; apartándose de la jurisprudencia constitucional que sostuvo que previamente se debe practicar la notificación con la liquidación solicitada y posteriormente notificar con la aprobación de la liquidación intimando a su pago, para luego después de constatar la no cancelación, recién librar el mandamiento de apremio corporal.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto, los arts. 22, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1, 2 inc. h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela; y, se disponga dejar sin efecto el mandamiento de apremio, ordenando a la autoridad jurisdiccional demandada se pronuncie respecto a la observación de liquidación, dando estricto cumplimiento al art. 415 del CFPF. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 55, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando el mismo, refirió lo siguiente:
- a)La , estableció la aplicación de la inversión de la prueba cuando la parte demandada no presenta su informe y no asiste a la audiencia de consideración de acción tutelar, tal como ocurrió en el caso concreto; en ese entendido, bajo el principio de la presunción de veracidad, solicitó se conceda la tutela;
- b)El abogado Álvaro Rocha Quispe, devolvió dos notificaciones, una con la solicitud de liquidación y otra con la aprobación de liquidación, manifestando que, esa es su oficina y que su persona no es cliente o patrocinado; por ello, la demandante de asistencia familiar, pidió se practique la notificación en su domicilio real; en ese sentido, mediante memorial devolvió la notificación efectuada el "28/08/2019" con la aprobación de liquidación, expresando que previamente se le debía notificar con la solicitud de liquidación conforme establece el art. 415.I de la Ley 603; por lo que, el Juez demandado dispuso que pase a conocimiento de las partes;
- c)Al haber sido notificado con la solicitud de liquidación, el 11 de septiembre de 2019; cumpliendo con el citado art. 415.I de la Ley 603, dentro los tres días planteó objeción de la liquidación que "...por decreto del 16 de septiembre a fojas 151 vuelta que establece la autoridad accionada, en lo principal se tiene presente la objeción planteada (...) traslado a la parte demandante..." (sic); sin embargo, mediante Resolución de "27/09/2019", directamente emitió mandamiento de apremio en su contra "...así como también cursa el respectivo mandamiento de apremio y recogido por la abogada de la parte demandante..."(sic); consecuentemente, se libró dicho mandamiento sin notificarle con la aprobación e intimación de pago, vulnerando sus derechos al debido proceso y a la libertad, impidiendo que pueda hacer una complementación o realizar el pago de la asistencia familiar devengada conforme dispone el art. 415 I y II del CFPF; y,
- d)El Fundamento Jurídico III.2 de la , en un caso similar y ante una acción de libertad interpuesta contra dicha autoridad demandada que incurrió en la misma situación, se da un amplio parámetro sobre la asistencia familiar y el mandamiento de apremio, refiriendo que el mencionado mandamiento solo podrá ser librado, previa notificación con la liquidación y absuelta las observaciones planteadas por las partes, para luego aprobar la liquidación y una vez intimado al obligado, sin que este hubiera cancelado dentro el tercer día; extremo, que no ocurrió en el caso concreto, ya que se presentó objeción a la liquidación; empero, la autoridad judicial demandada, directamente libró el mandamiento de apremio sin haberse aprobado la liquidación; por lo que, al encontrarse perseguido con el mandamiento de apremio librado por la autoridad judicial demandada, interpuso la acción de libertad, pidiendo se conceda la tutela y se deje sin efecto el mandamiento de apremio "librado el 01/10/2019" (sic), restableciendo las formalidades legales.
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