0194/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0194/2022-S1 Sucre, 6 de mayo de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 39779-2021-80-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 219/2020 de 6 de noviembre, cursante de fs. 840 a 848 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Virginia Regina Santa Cruz Silva contra Omar Michel Duran, Dolka Vanessa Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga, Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 17 de marzo y 5 de octubre de 2020, cursantes de fs. 48 a 61; y, 67 y vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra a instancia del ahora tercero interesado Héctor Marcos Quispe Silva (imputado dentro de un proceso penal cuyo control jurisdiccional se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, en el cual, el 3 de abril de 2017, se dispuso su detención domiciliaria, que al ser impugnada no fue remitida por más de dos meses), por la presunta comisión de faltas disciplinarias establecidas en el art. 187.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)1; posterior a la admisión de la denuncia (12 de marzo de 2019), el Juez Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de Magistratura emitió la Sentencia Disciplinaria 43/2019 de 25 de junio, resolviendo declarar probada la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la citada Ley, sancionándole con la suspensión de funciones por el lapso de un mes sin goce de haberes.

Así, bajo tales vulneraciones solicitó complementación y enmienda de la Resolución SP-D-AP 344/2019 de 28 de agosto, que mereció el Auto de 28 de enero de 2020 que dispuso no ha lugar a su solicitud.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación, valoración de la prueba y defensa, citando al efecto, los arts. 115.II, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución SP-D-A 344/2019 de 28 de agosto, así como el Auto de 28 de enero de 2020.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública 6 de noviembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 833 a 839, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliándolos señaló que el ahora tercero interesado planteó una acción de libertad en su contra, y la Secretaria del Juzgado a su cargo (reclamando que en el proceso penal que le seguía el Ministerio Público, concluida la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, tras haberse interpuesto recurso de apelación, su impugnación no habría sido remitida dentro del plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal [CPP]); así, una vez notificada con dicha acción de libertad, presentó su informe aclarando que la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se desarrolló el 3 de abril de 2017; no obstante, su persona fue posesionada como Jueza del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, recién el 1 de junio de ese año; asimismo señaló que, hasta la indicada notificación, desconocía totalmente que el proceso penal estaba pendiente para remisión, pues su persona pidió un informe a la Secretaria del Juzgado a su cargo, a fin de que informe los pendientes existentes, solicitud que no cumplió dentro de plazo; por lo que, reiteró su petición de informe; en tal sentido, de ninguna manera podía atribuírsele responsabilidad; aspecto que fue considerado por el Juez de garantías al momento de conceder la tutela al ser evidente la demora en la remisión; posteriormente, mediante la SCP "779/2017-S2" el Tribunal Constitucional Plurinacional, confirmó la concesión de tutela, empero, dispuso "...que se debe efectuar la revisión de antecedentes ante la instancia administrativa del órgano judicial para la investigación de la conducta tanto de las autoridades judiciales, como de la secretaria demandada..." (sic). Bajo ese antecedente, el ahora tercero interesado presentó una denuncia disciplinaria en su contra, que fue admitida por el Juez Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura; por lo que, su persona también presentó informe, haciendo referencia a la fecha de su posesión y los informes que pidió a su personal subalterno (Secretaria y auxiliar); sin embargo, el citado Juez Disciplinario refiriendo que los actuados que se hubieran realizado fueron posteriores a la acción de libertad, emitió la Sentencia Disciplinaria 43/2019 que no consideró ninguno de los elementos de prueba aportados, siendo dicho fallo confuso, contradictorio e incongruente, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba y motivación; fallo que al ser objeto de impugnación fue de conocimiento de los Consejeros del Consejo de la Magistratura quienes al momento de proferir la Resolución SP-D-AP 344/2019 no valoraron ni consideraron sus agravios, siendo inclusive que presentó prueba y recalcó que la misma fue ofrecida en su momento y que tampoco fue valorada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Intervención del tercero interesado

I.2.4. Resolución

En respuesta a dicha solicitud de aclaración, complementación y enmienda, la Sala Constitucional manifestó: i) En cuanto a la aplicación de los fallos jurisprudenciales a una u otra situación; a partir de la "SC 2548/2012" se estableció los efectos, reglas y presupuestos para establecer la aplicación del precedente vinculante; en tal sentido "...la SC 1232/2017 ha sido considerada (...) y en su mérito hecho determinado que ha sido el Tribunal Constitucional Plurinacional que ha sistematizado cuales son los tres criterio o tres presupuestos a efector de abordar la interpretación desarrollada por las autoridades y lo hemos señalado en el contexto de a), b) y c) por vulneración de una resolución congruente, motivada, por una valoración probatoria que se aparte a los marcos de razonabilidad y por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico. Esta Sala entiende y ha concluido que en el caso concreto se ha generado una Resolución que ha inobservado el principio de congruencia y el elemento de la motivación como componente del derecho al debido proceso, en consecuencia y respecto a esta primera petición del tercero interesado, esta Sala determina sin lugar a su pedido de complementación y aclaración, reiterándole que la SC 1232/2017 contiene los argumentos que han sido ya desarrollados por los fallos que han sido citados..." (sic); ii) En cuanto a la legitimación pasiva, en la Resolución 219/2020 se aclaró que por el principio subsidiariedad de ningún modo puede referirse a lo manifestado por el Juez de primera instancia; por lo que, se mantiene lo dispuesto sin lugar a consideración de complementación y/o aclaración; iii) En relación a la distinción entre motivación y fundamentación "...el análisis que se han realizado a partir del numeral 5 vincula a la Resolución SP-D-AP No. 344/2019, a la inobservancia del derecho al debido proceso en su componente de motivación, en consecuencia esta Sala y conforme así lo hemos dictado enmienda en la parte pertinente de la Resolución que se acaba de dictar, respecto al argumento de haberse empleado el término de fundamentación, aclara asimismo está Sala que el elemento que ha sido objeto de análisis a partir del recurso de apelación vincula al elemento de la motivación como componente del derecho al debido proceso" (sic); iv) En lo concerniente a la congruencia externa, no se suplió la falencia advertida en criterio del tercero interesado; por lo que, no corresponde la complementación y/o aclaración; y, v) Sobre el nexo de causalidad "...esta Sala Constitucional, complementa la Resolución que se acaba de emitir en el entendido de que el nexo de causalidad entre la Resolución SP-D-AP No. 344/2019 y la omisión de motivación y la omisión de observar el principio de congruencia externa, como elemento al debido proceso ha decantado precisamente en un elemento sancionatorio en contra de la accionante, en consecuencia, la omisión de motivación, la inobservancia del elemento de congruencia externa como componente del debido proceso en cuanto a su nexo de causalidad se vincula precisamente a la sanción asumida en contra de la accionante; en consecuencia, esta Sala, en esta parte de la Resolución advierte que los aspectos que han sido extrañados por esta jurisdicción tienen la necesaria relevancia constitucional, pues el acto que ha sido identificado como lesivo por esta Sala ha decantado precisamente en la sanción disciplinaria, en consecuencia, no resulta ser evidente la inobservancia del nexo de causalidad y esta Sala conforme la complementación que se acaba de emitir advierte la relevancia constitucional de los cargos en han postulados por la accionante" (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memoriales presentados el 27 de febrero y 11 de marzo de 2019, Héctor Marcos Quispe Silva -ahora tercero interesado- interpone denuncia contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionante- por la presunta comisión de faltas graves previstas en el art. 187.9 y 14 de la LOJ, debido a que la misma demoró dolosamente en la tramitación del proceso penal que se le sigue, al no remitir el recurso de apelación planteado (fs. 3 a 7 vta.; y, 8 a 12 vta.). Denuncia que fue admitida a través de Auto de 12 de marzo del citado año, emitido por Luis Gualberto Fernández Ramos, Juez Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura (fs. 13 a 14). II.2. A través de la Sentencia Disciplinaria 43/2019 de 25 de junio, el indicado Juez Disciplinario, resolvió declarar probada la denuncia interpuesta por el tercero interesado contra la impetrante de tutela por la comisión de la falta disciplinaria grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ, pues "...la Juez denunciada a omitido prestar el servicio al que está obligado de forma adecuada, toda vez que teniendo conocimiento de las obligaciones y deberes que debe cumplir en el cargo que asumió, no ha ejercicio sus potestades para que su personal de apoyo judicial cumpla con las disposiciones emitidas por la autoridad jurisdiccional dentro del proceso MP/Héctor Marcos Quispe Silva, toda vez que en fecha 03/04/2017, la defensa del imputado, ahora denunciante: Héctor Marcos Quispe silva ha interpuesto apelación contra la Resolución 176B/2017 de 03/04/2017, apelación que no fue remitida ante el superior en grado dentro el plazo legal otorgado para tal efecto..." (sic); y en consecuencia, se dispuso la suspensión del ejercicio de funciones por un mes sin goce de haberes (fs. 15 a 25 vta.).

II.3. Por memorial presentado el 9 de julio de 2019, la peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Disciplinaria 43/2019, solicitando sea revocada; y en consecuencia, se declare improbada la denuncia, alegando al efecto:

II.4. Mediante Resolución SP-D-AP 344/2019 de 28 de agosto, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, compuesta por los Consejeros Omar Michel Duran y Dolka Vanessa Gómez Espada -ahora demandados-, resolvieron confirmar totalmente la Sentencia Disciplinaria 43/2019 que declaró probada la denuncia interpuesta contra la solicitante de tutela, por la falta grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ, bajo los siguientes fundamentos:

...la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 43/2019 de 25 de junio, hoy apelada, en cuanto a las pruebas que extraña la apelante y que indica que no habrían sido consideradas por la Autoridad Disciplinaria no son ciertas; toda vez que, de la lectura minuciosa efectuada a la misma, se tiene que sí las consideró al momento de pronunciar la citada Sentencia Disciplinaria, cuando en el último CONSIDERANDO de manera cuidadosa y prolija transcribe las citas y normas aplicables al caso en concreto; por ejemplo, a fs. 488 y ss. Del presente cuaderno disciplinario, hace mención así: '...Ahora bien, del memorando y acta de juramento de posesión del cargo, se tiene que la Dra. V. Regina Santa Cruz Silva asume la función de Juez 9° de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz desde fecha 01/06/2017; en ese entendido, estando en ejercicio de Juez, la Dra. V. Regina Santa Cruz silva, se evidencia los siguientes actos procesales, en fecha 27/06/2017, Héctor Marcos Quispe silva interpone Acción de Libertad contra la Dra. V. Regina Santa Cruz silva-Juez 9° de Instrucción en lo Penal Cautelar de La paz y Dra. Anghela Fernandez Lozada-Secretaria del Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz...', no siendo evidente lo aseverado por la apelante cuando ésta manifiesta en su memorial de Apelación, que las pruebas no han sido valoradas por el Juez Disciplinario, conforme el art. 74 del Acuerdo 20/2018, como ser su Designación como Juez del Juzgado de Instrucción en lo Penal Noveno y el acta de posesión respectiva (...), pruebas que acreditan que fue posesionada como Juez del Juzgado Noveno de Instrucción Penal el 1 de junio de 2017.

Continuando con el análisis, en relación a que no se habría considerado la solicitud de informe (...) mediante el cual pidió a Anghela Fernandez Lozada, Secretaria del Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal, donde le solicitaba la existencia de asuntos pendientes, vencimiento de plazos y sobre el desenvolvimiento del Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal, y sobre la prueba referida al Informe 01/2017 de 27 de junio, emitido por su persona a Williams Dávila, entonces Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz (...) tampoco son evidentes; toda vez que, en el contenido de la Sentencia Disciplinaria, estos aspectos extrañados fueron considerados en los hechos probados (sic).

...la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 43/2019, al haber asumido que si existe responsabilidad y que su conducta se adecúa a la falta disciplinaria contenida en el art. 187. Num. 14) de la ley 025, al igual que en la SCP 0779/2017-S2, al señalar: "...En el caso que se examina, tal como se evidencia de los antecedentes, el Auto interlocutorio 176 b/2017 de aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, fue emitido en audiencia celebrada el 3 de abril del mismo año; y esa ocasión, el imputado Héctor Marcos Quispe Silva, hoy accionante, a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental contra la mencionada Resolución cautelar; sin embargo, la autoridad judicial que entonces estaba a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, que no fue demandado, ni la Jueza que asumió funciones el 1 de julio de 2017, hoy demandada, remitieron la apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz oportunamente, es más hasta la fecha de la celebración de la audiencia de la presente acción tutelar la alzada no fue remitida; es decir, existe una demora superior a tres meses en la remisión de apelación incidental interpuesta contra el mencionado Auto interlocutorio. Esta dilación no se encuentra justificada por ningún motivo ni siquiera por las circunstancias del cambio del Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de La Paz, puesto que en mérito a los principios de celeridad y eficiencia sobre los que se halla fundamentada la función de la jurisdicción ordinaria, la autoridad judicial demandada, asumiendo la dirección del proceso y en el ejercicio de las potestades tanto jurisdiccionales cuanto administrativas que tiene para supervigilar que sus órdenes sean cumplidas por el propio personal de apoyo jurisdiccional, estaba compelida a obtener información efectiva inmediatamente que asumió funciones sobre los trámites de urgencia de su despacho y en ese marco a materializar la remisión de la apelación ya indebidamente demorada...", como se podrá observar, se estableció que la Jueza denunciada al asumir el cargo el 1 de junio de 2017, tenía la obligación de asumir la dirección de los procesos radicados en su juzgado y ejercer su potestad tanto jurisdiccional como administrativa de supervigilar que sus órdenes sean cumplidas por el personal de apoyo judicial.

Consiguientemente, lo vertido por la apelante en el segundo agravio, sí se adecúa a su conducta con relación a la falta disciplinaria prevista en el art. 187 num.14) de la Ley 025, cuando señala expresamente: "omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligado", comprometiéndose a cumplir con la CPE, la Ley y los Reglamentos que rigen a la función que desempeñará. Así lo ha reconocido este Consejo de la Magistratura a través de su Sala Disciplinaria de Segunda Instancia con las innumerables Resoluciones Disciplinarias aplicables al caso en particular.

Como se podrá advertir, la Jueza hoy disciplinada, omitió prestar servicio al que estaba obligada de una forma adecuada, referida a la apelación deducida contra la Resolución 176B/2017 de 3 de abril de 2017, cuya apelación no fue remitida ante el superior en grado dentro del plazo asignado para el efecto; toda vez que, se tiene de su memorando de designación, esta asumió el cargo el 1 de junio de 2017, como Jueza Novena de Instrucción en lo Penal de La Paz.

En el caso en particular, de conformidad a lo previsto por el num.1) parágrafo I del art. 94 de la Ley 025, tenía la obligación de actuar conforme a la normativa, evidenciase con esta actitud de la disciplinada la conculcación a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 115.I del art. 180 de la CPE, respecto a una justicia pronta, oportuna, sin dilaciones y con celeridad, así como dispuesto por los num.3) y 8) del art. 30 de la Ley 025, que señalan que los procesos deben sustanciarse con agilidad, evitando la demora procesal; accionar que se subsume a la falta disciplinaria prevista por el un.14) del art. 187 de la Ley 025, en su elemento "retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo y la prestación del servicio al que estaba obligada", respecto a los elementos constitutivos que deben concurrir para la comisión de la mencionada falta disciplinaria, al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0060/2015 de 16 de julio, ha señalado: "El art. 187.14 de la LOJ, que manifiesta: "Son faltas graves y causales de suspensión: Omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligados', cuenta con los elementos básicos de preexistencia de la normativa sancionatoria; es decir, observa el principio de legalidad, siendo dicha norma cierta y precisa, pues cumpliendo con el principio de tipicidad y de taxatividad; por ende, sobre la base de tales componentes es posible realizar un debido proceso, ya que es justiciable al saber exactamente qué acciones atribuidas como suyas por el juez disciplinario serán juzgadas (...). Ello en mérito a que los términos "omitir, negar o retardar" tienen un claro concepto, de no hacer, de rechazar o de demorar en el tiempo, respectivamente (...). Por otra parte, en cuanto a la palabra "indebidamente" esta apunta a aquellas situaciones en las que el sujeto denunciado no tenía fundamento legal para incurrir en las omisiones, negaciones o retardaciones mencionadas".

Por lo previamente desarrollado, se concluye que el plazo de veinticuatro horas para la remisión del recurso de apelación, no fue cumplido por la autoridad judicial demanda; situación, que provocó una demora excesiva e injustificada en la tramitación de un recurso directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física del impetrante; incurriendo de esta manera, en una dilación indebida; por ello, corresponde la aplicación del entendimiento establecido en la jurisprudencia glosada en los Fundamentos de la Resolución de la presente Sentencia Disciplinaria, siendo que en el caso el plazo de veinticuatro horas para la remisión del recurso de apelación fue sobrepasado superabundamente, situación que permitió y contribuyó a la demora excesiva e injustificada en la tramitación del recurso de apelación, incurriendo en una clara dilación indebida.

En la causa hoy cuestionada, la disciplinada incumplió la normativa aplicable al caso, como se acredita de la documentación adjunta en el cuaderno disciplinario, que da cuenta que evidentemente existió un retraso indebido en el que incurrió la denunciada, actos que han generado un daño no solo a la imagen del Órgano Judicial, sino también a la administración de justicia (sic [fs. 35 a 40]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando2.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto3; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión4. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables5, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

...el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela6, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

...(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...".

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo7, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas..."

...en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final... (las negrillas nos pertenecen)

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020⁴-S18 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo10, moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

...explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (...) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional...

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

...se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020⁴-S111, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

III.4. Análisis del caso concreto