0194/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo:

1. a)Se deje sin efecto o anule el Auto de Vista de 18 de enero de 2021, emitido por la autoridad ahora demandada, debiendo dictarse uno nuevo debidamente fundamentado y motivado, bajo el entendimiento del derecho a la libertad y los nuevos postulados establecidos por las Leyes de Abreviación Procesal Penal y la 1226 de 23 de septiembre de 2019;
2. b)Su inmediata libertad, debido a que no procede la detención preventiva para delitos cuya pena sean de cuatro años, más aun cuando no se cumplieron los requisitos previstos por el art. 233 del CPP;
3. c)Se establezca responsabilidad civil con monto indemnizable a su favor en calidad de víctima, porque existe una detención indebida y arbitraria; y,
4. d)El pago de costas judiciales contra el demandado.

La parte accionante a través de su abogado se ratificó los argumentos expuestos en su acción tutelar y los amplió indicando que:

1. 1)Existe una lesión al debido proceso y a la legalidad establecido en el art. 180 de la CPE; este último relacionado con la "SCP 770/2012" que refiere que los nuevos paradigmas de las políticas criminales por el Código de Procedimiento Penal han sido modificadas por las Leyes de Abreviación Procesal Penal y 1226 de 23 de septiembre de 2019, sustentándose estas nuevas políticas criminales sobre pilares fundamentales, entre ellos "...basta de abuso de la prisión preventiva..." (sic), aspecto que debe cumplir el Ministerio Público, cuya legalidad debe ser controlada por el Juez que ejerce el control jurisdiccional;
2. 2)El art. 233 del CPP, modificado por la Ley 1173, prevé tres requisitos para determinar la privación de libertad, entre ellos, señalar los plazos y que actos investigativos se realizarían en los mismos; sin embargo, la imputación formal solo contiene dos requisitos, lo que fue denunciado ante el Vocal ahora demandado, quien mediante el Auto de Vista de 18 de enero de 2021, "nos dice que en esta apelación incidental tenemos que contextualizar el marco normativo en el art. 298 del procedimiento de la materia, vale decir que esta resolución debe circunscribirse únicamente en los elementos cuestionados en la resolución de la cesación de la detención preventiva de fecha 30 de diciembre de 2020" (sic), expresando que no se retrotraerían los actos investigativos;
3. 3)Conforme a la "SC 0848/2017-S2 de 21 de agosto", los jueces cautelares y tribunales de apelación están obligados a analizar los elementos de convicción que determinaron la imposición de una medida cautelar, debiendo verificar que la detención preventiva fue impuesta con la acreditación objetiva de los riesgos procesales por parte del Ministerio Público;
4. 4)Los arts. 233 y 234 de la norma adjetiva penal, modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal, sostienen que las resoluciones no se deben fundamentar en meras presunciones abstractas, "porque en audiencia de 24 de diciembre ha sido completamente abstracta por el Juez Aquo al señalar que concurren los riesgos procesales, según la nueva ley indica que el MP debe demostrar que no tiene domicilio, familia, trabajo, la ley dice que no es obligación del imputado..." (sic), lo que fue obviado por la autoridad de primera instancia;
5. 5)De acuerdo al Informe de la autoridad demanda, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por los hechos de relevancia social, sin considerar que la jurisprudencia constitucional refiere que nadie puede estar detenido por la gravedad de un hecho o por la sociedad;
6. 6)Se cuestionó que no hubiera acreditado elemento domicilio, sin tomar en cuenta que para ello adjuntó declaración notarial voluntaria de su concubina, certificación de la Comunidad de Palca, por las cuales demostró que vive y habita juntamente con su familia y sus tres hijos en dicha Comunidad; no obstante, la autoridad demandada rechazó las mismas indicando que, para que esta prueba sea útil debió haber sido requerida por requerimiento fiscal, lo que no ocurrió en su caso; por lo que, no son útiles ni pertinentes, siendo que la propia Norma Suprema y el "Acuerdo 169 de la OIT" reconocen las competencias y atribuciones de las autoridades indígena originario campesinas;
7. 7)La valoración efectuada a la prueba referida se realizó cuestionando el por qué no fue obtenida con la formalidad de un requerimiento fiscal, por tanto no tendría utilidad ni pertinencia, sin explicar las razones;
8. 8)El Auto de Vista de 18 de enero de 2021, no tiene fundamentación, motivación ni congruencia; por el contrario, la autoridad demandada realizó una interpretación sesgada, abusiva y arbitraria, apartándose de los marcos de legalidad y razonabilidad;
9. 9)El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitió certificaciones refiriendo que si hubiera estado ebrio al momento del hecho, el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) no se hubiera activado para cubrir los gastos de seguro, porque está dentro de la prohibición, "pero hoy nos vemos con la grata sorpresa de un informe que nos dice aparente" (sic), lo cual es una probabilidad; sin embargo, se debió demostrar de manera objetiva ese estado de ebriedad; y,
10. 10)El Auto de Vista cuestionado refiere que se encontraría dentro de los parámetros previstos por el art. 233 del CPP.

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe de 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 59 a 61, expresó que:

1. i)La situación procesal del accionante fue resuelta con base en una imputación formal emitida por el Ministerio Público, que solicitaba la detención preventiva del impetrante de tutela, acreditando al efecto los requisitos de validez de esta medida cautelar;
2. ii)El hecho que generó el inicio del proceso penal fue el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Uncía - Sucre, protagonizado por el solicitante de tutela, en aparente estado de ebriedad, que luego de dicho accidente se dio a la fuga sin prestar auxilio alguno, como consecuencia de este accidente resultaron ocho personas fallecidas y treinta y ocho heridos que fueron evacuados a diferentes hospitales, siendo el imputado aprehendido en la ciudad de Sucre;
3. iii)El Juez de primera instancia fundamentó su resolución no solo en la probabilidad de autoría del imputado sino también en la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del CPP, determinación que no fue apelada, entendiendo así que los argumentos expuestos por esa autoridad judicial fueron tácitamente aceptados y consentidos por las partes;
4. iv)El accionante señaló que la Resolución recurrida en apelación fue emitida el 30 de diciembre de 2020, en ocasión de resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, en cuya audiencia expuso como agravios la mala valoración de los elementos probatorios, la falta de fundamentación, motivación y congruencia, dado que contradicen los elementos de lógica y experiencia, indicando que en relación al elemento domicilio (234.1 del CPP), se realizó una mala valoración, al indicar que al ser conductor de flota no tendría domicilio fijo; además, que existirían dos domicilios contradictorios; por otro lado, en cuanto al riesgo establecido en el art. 234.7 del citado Código, porque no socorrió a los heridos, arguyó que no podía hacerlo porque también tenía esa condición; por lo que, no puede ser considerado como un peligro efectivo para la sociedad; sin embargo, estos aspectos cuestionados en apelación se circunscribieron a la fundamentación de los agravios señalados, la mala valoración de elementos probatorios y la falta de fundamentación, motivación en la resolución; por lo que, se hizo la revisión del fallo de primera instancia sobre los puntos cuestionados, evidenciándose la errónea valoración de la prueba ofrecida y la falta de fundamentación y motivación sobre los riesgos procesales, admitiendo el recurso y declarándolo parcialmente procedente, dando por desvirtuado el art. 234.7 del CPP;
5. v)En cuanto a la procedencia de la detención preventiva, se explicó que el objeto del proceso penal son los hechos de relevancia penal, no los delitos; en este caso, existe un concurso real de delitos; toda vez que, con designios independientes se cometió dos o más delitos; por lo que, se sanciona con la pena más grave, pudiendo la autoridad judicial aumentar el máximo hasta la mitad; en este caso, ya no sería cuatro años sino seis años, lo que hizo viable la aplicación de esa medida cautelar;
6. vi)El imputado no observó la clasificación provisional en la imputación formal de ambos delitos ni la solicitud de la detención preventiva, consintiendo tácitamente esa imputación;
7. vii)Al momento del hecho el imputado se encontraba en aparente estado de ebriedad, circunstancia agravante que fue demostrada por el Fiscal con declaraciones uniformes de los pasajeros que vieron al chofer beber durante el viaje, frente a estos hechos se debe aplicar el derecho, un razonamiento contrario sería lesivo a los principios de legalidad y razonabilidad;
8. viii)En ningún momento el ahora accionante estuvo en indefensión, pues durante la investigación no se limitó la realización de ningún acto investigativo ni se restringió el acceso al cuaderno de investigaciones;
9. ix)El impetrante de tutela actúa con temeridad, ya que, en la audiencia de cesación a su detención preventiva cuestionó el plazo de aplicación de la detención preventiva de seis meses, pidiendo su reducción a tres meses, debido a que no se establecieron que actos concretos debían realizarse, evidenciándose que la medida cautelar no fue cuestionada; y,
10. x)No mencionó de qué forma se lesionó su derecho a la defensa, siendo su acción de defensa contradictoria; tampoco, acreditó ninguna de las causales de procedencia de esta acción tutelar, ni acreditó qué derechos fueron vulnerados, ni mencionó como debió resolver y con base en que elementos probatorios su solicitud.

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 64 a 69 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos:

1. a)Por Auto Interlocutorio de 24 de diciembre de 2020, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva, determinación que no fue cuestionada por el accionante;
2. b)El 30 de ese mes y año, el impetrante de tutela formuló cesación a la detención preventiva, siendo rechazada por Auto Interlocutorio de esa fecha, contra la cual planteó recurso de apelación, sin mencionar respecto a la improcedencia de la medida cautelar, refiriéndose únicamente a los agravios cuestionados sobre la concurrencia de motivos que fundaron las medidas cautelares;
3. c)El Auto de Vista de 18 de enero de 2021, indicó que únicamente se resolverían los aspectos cuestionados en el recurso de apelación;
4. d)Existe una contradicción por parte del solicitante de tutela en su memorial de apelación, al pretender desvirtuar los riesgos procesales que hubieran fundado su detención preventiva y conjuntamente cuestionar que no procede la misma conforme a lo previsto por el art. 232 del CPP modificado por la Ley 1173, siendo dicho recurso declarado parcialmente procedente por el Vocal ahora demandado, revocando en parte la resolución cuestionada;
5. e)La autoridad ahora demandada realizó una fundamentación y motivación de acuerdo al art. 124 del CPP, obrando conforme a sus atribuciones jurisdiccionales, realizando la ponderación de los diferentes elementos del proceso;
6. f)El accionante no reclamó de manera oportuna, pues no presentó apelación contra el Auto Interlocutorio de 24 de diciembre de 2020, causándose indefensión propia;
7. g)Si bien la autoridad demandada refirió que no se pueden retrotraer los actos, empero solo se abocó a las reglas de competencias establecidas por el art. 398 del citado Código;
8. h)La parte impetrante de tutela tiene que desvirtuar los riesgos procesales existentes; además, la aplicación de medidas cautelares son variables, modificables aún de oficio;
9. i)La autoridad demandada no afectó los derechos ni garantías del accionante, pues actuó dentro del marco legal, existiendo una debida fundamentación; y,
10. j)La cesación a la detención preventiva es un incidente que se puede plantear las veces necesarias para modificar su situación procesal, no tiene carácter definitivo.