0194/2023-CA

Sobre la supuesta inconstitucionalidad en la forma de la Ley impugnada, señala que:

1. a)El procedimiento legislativo fue arbitrariamente incumplido por la Asamblea Legislativa Departamental, tanto en la elaboración como en la aprobación y promulgación de la Ley Departamental 518; no obstante que se trataba de leyes que comprometen recursos económicos para el departamento, lo cual implica la vulneración del principio de reserva legal, en su dimensión sustantiva, y peor aún, por contrariar la base constitucional en cuanto a las funciones, coordinación y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado; y,
2. b)No fue contemplado por la Asamblea Legislativa Departamental la socialización, porque no se cuentan con las actas, de ahí la disconformidad, siendo acordado únicamente con la FUTPOCH y AGANDECH, tratando con desigualdad a las organizaciones como la "Federación departamental de juntas vecinales chuquisa fedjuve-ch; Zona media asociación de juntas vecinales; Contralia de comunidades originarias quechuas de thaq'os c.c.o.q.th. y Distritos 2 y 9 de Sucre" (sic); siendo que la Ley Fundamental y el propio Reglamento General de la Asamblea Legislativa, reconocen de forma expresa los derechos políticos y el control social, y específicamente se refieren a la obligación de las entidades públicas de generar espacios de participación; y, al no haberse permitido la participación ciudadana en la formación de la norma cuestionada se atenta contra el principio democrático de soberanía popular previsto en el art. 7 de la CPE, por lo que la -Ley Departamental 518-, resulta contraria a su propio Reglamento y principalmente carente de legitimidad.

En relación a la inconstitucionalidad en el fondo, refiere que la facultad legislativa como la reglamentaria emiten normas, en el caso de las ETAs, la reglamentaria es ejercida por el Órgano Ejecutivo con relación a las leyes que emita el Órgano Legislativo, en virtud del mandato constitucional -reserva de ley-; sin embargo:

1. 1)El Legislador Departamental al promulgar la Ley cuestionada, contrapone la categoría departamental por encima de la normas ya establecidas por el nivel central del Estado que regulan la asignación de recursos, en estricta sujeción a la Constitución Política del Estado; lo cual transgrede los principios de jerárquica normativa y supremacía constitucional, que imponen al legislador la obligación de preservar, en el proceso de elaboración de las normas, que estas guarden sujeción a la graduación de las leyes teniendo como cúspide a la Norma Suprema; empero, la Asamblea Legislativa Departamental, procedió por una parte a aplicar como proyectos en el ámbito de las competencias concurrentes y exclusivas del nivel central del Estado en virtud de los arts. 298.II y 299.II de la CPE y por otra dejó en manos de las ETAs asignar programas de caminos, electrificación y vivienda, conforme a la competencia de dicho nivel territorial; es decir, inobservó que los recursos de coparticipación tributaria, IDH, Fondo de Compensación Departamental y Regalías, ya están destinados a proyectos previstos en el plan de desarrollo departamental; lo que hace deducir que el legislativo departamental desconoce de la normativa en actual vigencia y jerárquicamente superiores;
2. 2)Generó tambien inseguridad jurídica al omitir la existencia de normas emitidas por el nivel central del Estado, que regulan los ingresos adicionales provenientes de las regalías hidrocarburiferas mediante un plan de inversión pública departamental, que la Gobernación de Chuquisaca ya elaboró en el marco del Presupuesto General del Estado, y se encuentra en vigencia plena, a efecto del Sistema de Planificación del Estado (SPIE); por consiguiente, resulta clara la transgresión del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 178 de la CPE concordante con el art. 306:II Constitucional, ya que la aplicación de la norma impugnada generará un conflicto con las anteriores en vigencia y emitida por el nivel central del Estado; en suma no solo atenta contra la organización y estructura del poder público, la separación orgánica de funciones y el ejercicio racional de potestades, sino que además trastoca en un instrumento vulnerador de derechos, garantias, fines, principios y valores, pues pretende la concentración del poder en un solo órgano del Gobierno Departamental como es el Legislativo, disponiendo arbitrariamente de recursos económicos del departamento de Chuquisaca; y,
3. 3)Al ser una competencia privativa del nivel central del Estado el tema hidrocarburífero, le compete legislar sobre las regalías y lo hace a través del PGE; y, para el nivel departamental la competencia de administrar, que le compete únicamente al Ejecutivo Departamental; empero, el Gobernador del departamento de Chuquisaca no podría ejercer sus facultades reglamentaria y ejecutiva, porque la Ley Departamental 518 impugnada, pretende desconocer sus competencias; quedando en evidencia que la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, carece de sustento constitucional competencial para emitir leyes en temas referidos a la administración de recursos económicos provenientes de hidrocarburos, que corresponde al nivel central del Estado.