Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0195/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 25805-2018-52-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 436/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 1273 a 1278, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Ulloa Rosso y Luis Felipe Hartmann Luzio en representación legal de la Empresa Minera San Lucas Sociedad Anónima (S.A.) contra Mario Gustavo Rocha Castro, Fiscal Departamental de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 12 y 18 de septiembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 1086 a 1100 vta. y 1144 a 1148, el accionante manifestó los siguientes fundamentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 13 de noviembre de 2013, la Empresa Minera San Lucas S.A., y el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral del departamento de Oruro, suscribieron un contrato complementario en el marco del convenio original de 23 de diciembre de 2008, de asociación para la producción y comercialización de minerales; empero, a pocos días de promulgarse la nueva Ley de Minería y Metalurgia -Ley 535 de 28 de mayo de 2014-, el referido sindicato, mediante Resolución de su Asamblea General de 31 del mismo mes y año, adoptó determinaciones de forma unilateral; por lo que, a través de carta SL. 024/2014 de 12 de junio, la Empresa Minera San Lucas S.A., suspendió de manera inmediata el contrato de asociación y ordenó la paralización de labores mineras hasta la verificación in situ de los límites de las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE's) Mineras correspondientes a la misma por autoridad competente, debido a demás a que el Sindicato usó los equipos y materiales de la empresa para realizar trabajos en áreas no autorizadas y por haber comercializado la producción de áreas no contempladas en dicho contrato.
Agrega, que el 18 de junio de 2014, mediante carta SL. 028/2014 de 17 de junio, puso en conocimiento del Ministerio de Minería y Metalurgia tanto la Resolución de 31 de mayo del citado año, asumida por la Asamblea General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral del departamento de Oruro, como la orden de suspensión del contrato de asociación y paralización de actividades mineras hasta la verificación de límites y por carta SL. 035/2014 de 14 de julio, comunicó el 15 de igual mes de 2014 al sindicato la aplicación de la segunda sanción dispuesta en la cláusula décima, inciso b) del contrato, que dispone la ampliación de la suspensión de labores mineras por el lapso de dos semanas, en mérito a que habiéndose dispuesto la suspensión del contrato de asociación que conllevaba la paralización de actividades, miembros del sindicato habrían continuado realizando trabajos sin autorización.
Señala también que, mediante carta SL. 040/2014 de 1 de septiembre, se comunicó al Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral del departamento de Oruro, que algunos de sus miembros seguían invadiendo -desde el 24 de junio de 2014- las ATE's en la Mina Totoral de titularidad de la Empresa Minera San Lucas S.A. pese a la suspensión expresa de labores mineras, realizando movimientos no autorizadas de explotación de minerales, el bloqueo de acceso a las referidas ATE's, obstruyendo los caminos de acceso, perturbando actividades y trabajos mineros de dicha empresa. De igual forma, se informó que el 29 de agosto de igual año, miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral cometieron actos ilícitos contra los empleados de la Empresa Minera San Lucas S.A. y causaron daños materiales de consideración a los activos fijos de la misma; por lo que, iniciarían las acciones legales correspondientes.
Indica que, por los hechos descritos precedentemente, ante la Fiscalía de Huanuni, el 29 de agosto de 2014 y posterior ampliación de 24 de septiembre de igual año, presentó querella contra Rufino Puquimia Rafael, Delfín Roque Gutiérrez, David Choque Cruz y Jorge Iván Condori Pablo -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, secuestro, lesiones graves y gravísimas y amenazas, debido a que, los antes mencionados junto a otras personas no identificadas, el 29 de agosto del citado año, en la localidad de Totoral Provincia Poopó del departamento de Oruro, -lugar donde la Empresa Minera San Lucas S.A.-, tendría sus concesiones mineras y donde el personal cumplía sus labores, de manera hostil, amenazando con dinamitas en las manos, secuestraron trabajadores agrediéndolos verbal y físicamente, los llevaron a dependencias de la empresa ingresando a la misma por la fuerza, arrancaron los planos de la pared, para luego expulsarlos y echar a los trabajadores, impidiendo desde entonces realizar actividades laborales en dicho lugar.
Refiere que, pese a haberse realizado diversas actividades investigativas, tales como el registro del lugar del hecho, aportación de prueba documental como el acta de intervención notarial de 4 de julio de 2014, declaración testifical, reconocimiento de personas y la existencia de suficientes elementos probatorios para la acusación, el Fiscal de Materia, emitió Resolución de Sobreseimiento de 25 de septiembre de 2017, sin considerar la conducta de cada uno de los imputados de manera individual, omitiendo valorar y referirse a la prueba de cargo ofrecida, tampoco describió los elementos constitutivos del delito; por cuanto, ninguna de las modalidades previstas en el art. 232 bis del Código Penal (CP) fueron analizadas y subsumidas a la conducta de los imputados -ahora terceros interesados- no se las individualizó vinculándolas al hecho investigativo para establecer el nexo de causalidad y el argumento central para declarar el sobreseimiento, se basó en la supuesta vigencia del convenio suscrito el 7 de abril de 2009, entre el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral del departamento de Oruro y la Empresa Minera San Lucas S.A., sin tomar en cuenta que fue sustituido por el contrato de Asociación de 13 de noviembre de 2013 y luego resuelto.
Señala, que impugnó la Resolución de Sobreseimiento de 25 de septiembre de 2017, emitida por el Fiscal de Materia; a cuyo efecto, el Fiscal Departamental de Oruro -hoy demandado- pronunció la Resolución Jerárquica 3/2018 de 16 de febrero, que les fue notificada el "18" de marzo de 2018, ratificando la antes referida Resolución, incurriendo de ésta manera en incongruencia omisiva, pues no atendió todos los aspectos cuestionados en su refutación, desconoció las reglas fundamentales sobre la valoración de la prueba al omitir expresar de manera razonada las convicciones determinativas que la llevaron a emitir el fallo pronunciado y aplicó de manera incorrecta la legalidad ordinaria; por cuanto, pretende justificar los ilícitos ocurridos con una supuesta posesión sin considerar que los convenios y contratos, fueron resueltos de acuerdo al art. 569 del Código Civil (CC).
Extremos que se evidencian del análisis de la Resolución Jerárquica 3/2018, emitida por el Fiscal Departamental de Oruro; por cuanto, se limita a trascribir sesgados y parciales fundamentos de elementos probatorios inconexos que no guardan ninguna relación ni coherencia con lo que se ha impugnado, pues en el punto tres de dicha resolución se alentaba la posibilidad de obtener una respuesta clara y concreta respecto al hecho antijurídico del avasallamiento de la concesión minera que fue materialmente consumada por los imputados -ahora terceros interesados- y de lo cual, existe abundante prueba que debía ser valorada de manera objetiva e integral, satisfaciendo además, todos los puntos objetados, lo que no aconteció.
Así también, en el punto cinco la autoridad ahora demandada hace una transcripción literal de la prueba de descargo, sin realizar ninguna valoración ni la contrapone con la de cargo, omitiendo de ésta manera una exigencia fundamental; y en igual sentido, en el punto seis, solo realiza una trascripción ampulosa de la referida prueba -contrato de asociación para la producción y comercialización de minerales complementario de 13 de noviembre de 2013- sin valorarla jurídicamente de manera positiva o negativa contrastándola con las cartas de suspensión y resolución del contrato de la asociación efectuadas por la Empresa Minera San Lucas S.A. y dirigidas expresamente al Sindicato de Trabajadores Mineros de Totoral del departamento de Oruro.
En el punto siete, el Fiscal Departamental de Oruro -autoridad ahora demandada- no fundamento debidamente; por qué razón, resulta irrelevante la prueba relativa a la verificación notarial que acredita el impedimento arbitrario para ingresar a la ATE's, hecho que inició el conflicto y que luego derivó en el avasallamiento denunciado.
En igual sentido, en el punto ocho, la autoridad ahora demandada confiesa y reconoce que no realizó la labor valorativa como premisa esencial de toda resolución, pues describe: "...entrevista (referida a Ramiro Simón Bejarano Mamani) que permite colegir que el testigo no identifica a los imputados..." (sic) Rufino Puquimia Rafael, Delfín Roque Gutiérrez, David Choque Cruz y Jorge Iván Condori Pablo, como los autores del avasallamiento en área minera, más bien habrían sido ocasionado por setenta y cinco personas, impresiones que generan duda, reconociendo de ésta manera que el hecho existió y que se encuentra acreditado por medio de la prueba testifical y documental para finalmente no efectuar la labor de contrastación con los formularios de pagos de patentes mineras a nombre de la Empresa Minera San Lucas S.A.; actas de entrevistas informativas policiales ampliatorias de Ramiro Simón Bejarano Mamani, Bladimir Miguel Humerez Mendoza, Jhonny Copa Ramos, Rubén Hurtado Veliz, Abdías Humerez Sequeiros, todos identificando plenamente a los autores de los delitos querellados; acta de audiencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos; acta de registro del lugar del hecho, donde Juan Carlos Cueto Gonzales, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), sostiene: "...Placa fotográfica fijada en detalle en fecha 15 de marzo de 2016, donde se puede observar al fondo de la tranca de paso de vehículos en donde fue tomada por trabajadores de la Cooperativa Minera "Totoral" siendo el mismo custodiada por personas no dejando pasar cualquier vehículo encontrándose en una actitud prepotente..." (sic) informe preliminar de 25 de marzo de 2016, entrevista informativa policial ampliatoria de Abdías Humerez Sequeiros, trabajador que de igual forma fue afectado al perpetrarse el delito de avasallamiento del área minera de Totoral de 18 del citado mes y año; y, Rubén Hurtado Veliz, obrero que también fue agredido; asimismo, se tiene resolución de imputación formal de 9 de septiembre del aludido año, certificados de vigencia de concesiones mineras, emitidas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), carta SL. 035/2014 de 14 de julio, pronunciada por la Empresa Minera San Lucas S.A., dirigida al Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral del departamento de Oruro, suspendiendo la relación contractual por el incumplimiento al contrato de asociación de 13 de noviembre de 2013 y carta SL. 040/2014 de 1 de septiembre, de la misma manera enviado al sindicato por medio de la cual se comunica la resolución del mencionado contrato.
Agrega, que ante la existencia de prueba documental, testifical y material, el Fiscal Departamental de Oruro -autoridad ahora demandada- incurrió en infracción y vulneración de las garantías constitucionales reconocidas a la víctima de un ilícito pues pasó por alto que existe elementos probatorios que acredita el uso de violencia; sin embargo de ello, alega que no resulta suficiente cuando sostiene de manera errónea que existieron golpes y contusiones, extremos acreditados por los certificados médico forenses, pero ese hecho genera duda razonable respecto a la autoría de los actos delictuosos, sin establecer en que consiste la misma y porque razón jurídica es aplicable en el presente caso tal institución, cuando reconoce que el acto si existió a pesar de que no se identificaron de manera clara a los responsables de la agresión y consiguiente avasallamiento.
Refiere, que de la lectura de la Resolución Jerárquica no se expresa ni se cumple una labor de subsunción de los hechos, no se personaliza a los querellados, ni su participación, cuando constan declaraciones que conducen a identificar plenamente a los autores; es decir, no se hizo ninguna valoración jurídico penal, ni una debida fundamentación, que permita generar seguridad jurídica, pues debió considerase que al tratarse de una persecución penal debía previamente contextualizarse los elementos nucleares del tipo penal inserto en el art. 232 bis del CP; empero, justificó el accionar de los mismos manifestando que éstos acreditaron la existencia de convenios y que habría el consentimiento del titular para ejercer actividad minera, ocultando la resolución de tales contratos por la consumación de los delitos y de manera inexplicable la autoridad ahora demandada confirmó un fallo absolutamente carente de todo sentido lógico, favoreciendo "descaradamente" a la parte demandada, cuando existe norma expresa que obliga a valorar integralmente la prueba.
Indica que, la autoridad ahora demandada inobservó la aplicación del principio de objetividad que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales y en especial al Ministerio Público, a pronunciarse respecto de todos los delitos denunciados, pues lo contrario significa incumplir sus propios deberes, puesto que en el presente caso no solo se formuló denuncia penal y querella por los delitos de avasallamiento de área minera, sino también por lesiones graves y gravísimas, secuestro, amenazas entre otros, asimismo se aportó suficiente prueba de cargo que no fue considerada ni valorada por las autoridades fiscales a su turno.
Finalmente, refiere que tanto el Fiscal Departamental de Oruro como el Fiscal de Materia -autoridades ahora demandadas- incurrieron en inobservancia de la norma, degenerando el concepto del debido proceso, vulnerando las normas contenidas en los arts. 73 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y las normas adjetivas que necesariamente deben ser aplicadas al momento de la resolución definitiva del conflicto penal; pues, no se contextualizó el concepto de víctima prevista en el art. 76. 3) del mismo cuerpo legal, ni su rol; mucho menos, las secuelas y consecuencia del hecho antijurídico denunciado, tomando en cuenta que la víctima es la Empresa Minera San Lucas S.A., cuya actividad principal es precisamente la minería y por lo mismo, las personas denunciadas y querelladas estaban identificadas por el delito de avasallamiento en área minera, previsto y sancionado por el art. 232 bis del CP, afectando la titularidad de derechos mineros y su actividad principal; por lo que, correspondía que el representante fiscal agote todos los medios de investigación y el Fiscal Departamental del mencionado departamento, en su calidad de instancia de revisión y en cumplimiento de su rol de contralor de derechos y garantías de las partes, debió atender todos los aspectos cuestionados en la impugnación, corrigiendo los errores y omisiones refutados, máxime si los contratos suscritos con el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral del referido departamento, fueron resueltos de forma unilateral por la Empresa Minera San Lucas S.A. y dejaron de surtir efectos conforme previene el art. 571 del CC.
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