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TCP

0195/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0195/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0195/2026-S3 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 58976-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 275 vta. a 279 vta.; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bernabé Aguilar Coragua, Plácida Choque Herrera y Policarpia Aguilar Choque contra Ángela Sánchez Panozo, Magistrada de la Sala Segunda y Rufo Vásquez Mercado, Magistrado de la Sala Primera, ambos del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 18 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 201 a 207 vta.; y, 209 a 210 vta., respectivamente, los accionantes señalaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la acción de reivindicación de 30 de noviembre de 2022, interpuesta en su contra por Eusebia Paniagua y Julián Puyal -terceros interesados-, alegaron que el predio en cuestión, tendría una extensión superficial de 11.5808 ha., formulando reivindicación de 8.4630 ha., y que se encontrarían en posesión de 2.6107 ha., sin precisar de qué manera estarían en esa fracción; respecto a la función social, indicaron que fue acreditada al haber sido verificada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); y, en cuanto a la pérdida de posesión, manifestaron que los entonces demandados -ahora accionantes- aludieron tener autorización del Sindicato; empero, sería ilegítima la ocupación sobre esa fracción de 8.4630 ha., existiendo la compra de ese predio desde el 7 de diciembre de 2016.

En conocimiento de esa acción, opusieron excepciones de falta de legitimación, emplazamiento de terceros y cosa juzgada, señalando que los demandantes nunca estuvieron en posesión de la fracción reclamada, olvidando mencionar que la verdadera data de su posesión es desde el 2005; debido a que, Feliciano Coragua al no poder trabajar por su ceguera, fue abandonado por Calixta Barja Meras y José Santos Coragua Barja en ese año, haciéndose cargo de toda su manutención, así como del predio motivo de la demanda, trabajando y cumpliendo las funciones económicas y sociales del mismo, existiendo por ello pérdida de posesión por parte de los ahora terceros interesados. En ese sentido, el Juez agroambiental dictó la Sentencia 02/2023 de 5 de mayo, declarando improbada en parte; ante dicha decisión judicial, los impetrantes de tutela recurrieron a un recurso de casación ante los Magistrados hoy demandados, quienes emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 080/2023 de 26 de julio, casando la Sentencia y declarando probada la demanda.

Si bien, dicho fallo reconoció que la casación no cumplió con los requisitos para la interposición del recurso; sin embargo, ingresó al análisis de fondo señalando que en materia agraria existe una diferencia en cuanto a la posesión y el cumplimiento efectivo de la función social y/o función económica; y, que para la procedencia de la reivindicación, la parte demandante debe acreditar la calidad de propietario, el haber estado en posesión real y efectiva del inmueble, sino también el haber perdido la posesión a consecuencia de un despojo cometido por el demandado, que la persona lo posea o detente arbitrariamente o en forma ilegítima sin título, o que el poseedor sea ilegítimo; es decir que no cuente con justo título; además, las autoridades demandadas manifestaron que para la procedencia de la reivindicación se requiere la titularidad de la posesión, y que el predio esté en poder del demandado de manera ilegítima.

En ese sentido, las autoridades demandadas manifestaron que para casar la Sentencia de primera instancia, el Juez incurrió en una errónea interpretación del art. 309.III del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 -Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria-; toda vez que, señaló que para acreditar la posesión, se retrotraerá la fecha de antigüedad de la misma al primer ocupante acreditado en documentos de transferencia de mejoras o asentamientos acreditados por autoridades naturales o colindantes, y no como entiende el mencionado Juez, que solo es válido el documento de transferencia de mejoras o certificaciones de autoridades naturales, siendo estas últimas válidas solo para determinar la antigüedad de asentamientos, evidenciándose un error de derecho en la interpretación de dicho articulado.

De igual forma, los Magistrados -ahora demandados- manifestaron sobre el título ejecutorial que, el mismo fue adquirido a través del proceso de saneamiento, previa verificación de cumplimiento de función social por Calixta Barja Meras y Feliciano Coragua, siendo este último quien ejerció posesión hasta la fecha de su fallecimiento, posesión transmitida a sus herederos Calixta Barja Meras vda. de Coragua y José Santos Coragua Barja y, posteriormente el 7 de diciembre de 2016, transferida a Eusebia Paniagua, donde se infiere que la posesión agraria se encuentra demostrada al constituirse en subadquirientes de buena fe y adquirir por imperio legal y conjunción de posesión; asimismo, se pronunciaron sobre el hecho posterior al fallecimiento de Feliciano Coragua, mencionando que no pudieron ingresar al área en conflicto y de esa manera dar cumplimiento a la Función Social, siendo ese hecho atribuible a terceros quienes ocupan la totalidad del área objeto de la disputa, impidiendo el ingreso a los propietarios.

Lo expuesto precedentemente, denota la valoración defectuosa de la prueba y una evidente parcialidad, dejando de lado hechos y pruebas necesarios para la dictación de una resolución justa, estando completamente descontextualizado de la realidad; toda vez que, Eusebia Paniagua y Julián Puyal, ya estaban en posesión de una fracción del predio, tal como ellos mismos reconocieron señalando que, mediante contrato de 18 de julio de 2008, adquirieron mediante contrato con reconocimiento de firmas, una fracción de 3 ha., y conforme a mensura 2.608 ha. de la totalidad del terreno; es decir, adquieren ese derecho de su único poseedor y propietario Feliciano Coragua, a quien abandonaron el 2005, tanto Calixta Barja Meras como Jose Santos Coragua Meras -esposa y supuesto hijo-.

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