0196/2023-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)La anulación del Memorándum de suspensión 27 de enero de 2022, el oficio de 2 de febrero del citado año y cualquier otra determinación asumida en su contra a raíz de la denuncia interpuesta por Lourdes Gonzales Polo;
2. b)La inmediata restitución a su fuente laboral;
3. c)La imposición de costas; y ,
4. d)Se disponga la apertura de proceso contra el Directorio de la Asociación de Transporte Mixto 1° de mayo línea 104, conforme estable el Capítulo IV inc. b) de su Reglamento Interno.

Mario Ponce, Presidente; Eugenio Arano, Vicepresidente; Luis Fernández, Secretario de Transporte; Jhonny Vigabriel, Secretario de conflictos; Félix Mamani, Secretario de actas; Germán Clemente, Secretario de Prensa y Propaganda; y, Fabián Felipe, Vocal; todos de la Asociación de Transporte Mixto 1° de mayo línea 104, en audiencia mediante su abogado manifestaron lo siguiente:

1. 1)Según lo previsto en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que la acción de amparo constitucional no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que puedan ser modificadas por cualquier recurso del cual no se hizo uso oportuno; en el mismo sentido el art. 54 del mismo cuerpo legal establece el principio de subsidiariedad;
2. 2)La parte accionante señaló que hizo uso de un recurso idóneo -específicamente la carta de 1 de febrero de 2022-; sin embargo, el art. 9 del Estatuto de la Asociación determina que los miembros pueden presentar queja ante la Asamblea por irregularidades cometidas frente a sus intereses, en ese entendido en ningún momento la parte interesada presentó recurso de queja a tiempo de denunciar las supuestas irregularidades cometidas por la Directiva; en otras palabras, al no ser las cartas remitidas un medio idóneo de impugnación sobrevino una causal de improcedencia reglada;
3. 3)El art. 53.2 del CPCo dispone que la presente demanda tutelar no procede contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que la doctrina y jurisprudencia denominan la teoría del hecho superado por sustracción de materia, en el caso concreto se adjuntó un acta de Asamblea de la Asociación de Transporte Mixto 1° de mayo línea 104, en formato de documentos portátiles (PDF) y un aviso de 20 de febrero de 2022; elementos que acreditaron que dicha Asamblea determinó que Javier Rodríguez Choquetopa podía retornar a su fuente laboral y volver a trabajar;
4. 4)El impetrante de tutela denunció que dicha Acta no tenía firma y no fue puesta en su conocimiento; al respecto, la jurisprudencia constitucional dispuso para que proceda la referida teoría era necesario el acto de comunicación a quien presuntamente fue víctima de un hecho lesivo a sus derechos constitucionales; en ese orden, una hora y media atrás se acompañó el libro de actas incluyendo la labrada el 20 de febrero de 2022, motivo por el cual no se podría alegar que la referida acta no era creíble, más si se toma en cuenta que se deben considerar ciertos parámetros para valorar y dar viabilidad a dicha prueba documental;
5. 5)Respecto a la nota donde se determinó que el accionante vuelva a su fuente de trabajo, la cual cursa en el expediente, no se podía exigir que se proceda a la notificación de la misma como si se estuviera en un estrado judicial; más si en estas circunstancias se acostumbra a dar publicidad de estos actos pegando la respectiva copia en el tablero de la sede del Sindicato lo cual constituye un acto oficial de comunicación;
6. 6)El demandante de tutela conocía desde el 20 de febrero de 2022, que podía retornar a su fuente laboral; los demandados fueron notificados el 23 del citado mes y año, eso quería decir que el prenombrado "...fue reincorporado en su trabajo 3 días antes de ser notificados lo que claramente denota qué existe sustracción de materia..." (sic); y,
7. 7)La SCP "1025/2021", establece que antes de procederse con la citación de la acción de amparo constitucional debe emanarse con la restitución del presunto acontecimiento, como ocurrió en el caso objeto de la presente demanda tutelar; lo que supone, que se reparó el supuesto acto lesivo si es que este existió en algún momento.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 031/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 104 a 106 vta., denegó la tutela conforme a los siguientes argumentos:

1. i)La SCP 0002/2012 de 13 del mismo mes, señala que: "La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela" (sic);
2. ii)Según lo previsto en la SCP 0642/2014 de 25 de marzo, existe sustracción de materia cuando el petitorio se convierte en infundado o vano, o en caso de concederse la tutela sus efectos son estériles o inútiles; extremo que concurre cuando la norma individual o acto administrativo lesivo dejaron de existir;
3. iii)En antecedentes cursa libro de actas donde evidencia que el 20 de febrero de 2020, se llevó a cabo una Asamblea General, y un aviso de misma data dirigido a Javier Rodríguez Choquetopa, mediante el cual se le comunicó que podía ir a trabajar con normalidad, oficio suscrito por Mario Ponce, Presidente de la Asociación de Transporte Mixto 1° de mayo;
4. iv)Si bien el impetrante de tutela fue suspendido el 27 de enero del 2022; sin embargo, ello no le impedía acudir a la Asamblea llevada a cabo el 20 de febrero del citado año, donde se determinó que vuelva a ejercer la actividad laboral que venía desarrollando;
5. v)La documental adjunta demostró en el caso concreto, que concurría la sustracción de materia o del objeto procesal, consistente en la desaparición de los supuestos hechos denunciados; es decir, la suspensión de su fuente laboral si un proceso previo y de forma unilateral; y,
6. vi)"...no se puede decidir o pronunciar sobre algo que no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale decir que, el petitorio del que ha devenido en insubsistente; por lo que, por simple lógica una vez identificado el acto lesivo denunciado y contando con la certeza de que dicho acto y sus consecuencias ya no existen..." (sic).