Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0196/2026-RCA Sucre, 7 de mayo de 2026
Expediente: 83844-2026-168-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 017/2026 de 24 de marzo, cursante a fs. 119, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dora Valencia Miranda y Romualdo Yampa Arana contra Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; María Eugenia Machaca Calsina, Secretaria; Glisseth Noelia Charcas Espinoza, Oficial de Diligencias, ambas funcionarias del referido juzgado; Juan Antonio Gutiérrez Vacaflor y Basilia del Carmen Herrera Cabrera.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 27 de febrero y 23 de marzo de 2026, cursantes de fs. 99 a 109; y, 116 a 118 vta., los impetrantes de tutela manifestaron que, en su condición de demandados dentro del proceso civil de cumplimiento de la obligación de entrega de bien inmueble de propiedad de Juan Antonio Gutiérrez Vacaflor registrado con número de Folio Real 2.01.0.99.0113115, seguida por el prenombrado y Basilia del Carmen Herrera Cabrera -ahora codemandados-, habiéndoles conculcado, mediante una demanda ilegal, una supuesta deuda de compra y venta de una maquinaria obsoleta e incompleta que "...hasta la fecha no se puede trabajar con esa herramienta destruida que fueron engañados por los actores y ahora accionados, declarando mediante auto de admisión de fecha 29 de septiembre del 2024, sobre deuda de 140.000 $us. y haberse cancelado al banco la suma de 27.600 $us. la misma se demuestra según Testimonio No. 1813/2021 de fecha 24 de julio del 2024, sobre compra y venta y préstamo de dinero, que suscriben el banco bisa s.a. representado por la señora DIRZA ALEUIDA CASAPIA URQUIOLA en calidad gerente regional microfinanzas y PAOLA VERONICA ALMANZA PEREZ, en calidad de sub gerente de agencia por otra como compradores, deudores y/propietarios los señores JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ VACAFLOR, EN RERPRESENTACION DEL SEÑOR ROMUALDO YAMPA ARANA, AHORA ACCIONANTE dentro la causa, para que se cancele el adeudo y la entrega del bien en litigio, en su caso se perfeccione con ejecución de desapoderamiento tales como se tiene subsanada bajo esos argumentos viciados e ilegales." (sic).
Ahora bien, mediante Sentencia Inicial 381/2024 de 16 de septiembre, se intimó la cancelación de $us140 000.-(ciento cuarenta mil dólares estadounidenses) con un anticipo de $us27 600.-(veintisiete mil seiscientos dólares estadounidenses) cuando nunca se dio cumplimiento a los compromisos efectuados para la entrega de la maquinaria y del bien inmueble, pese a que se entregó $us136 244.-(ciento treinta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro dólares estadounidenses); asimismo, una vez citados con dicha Resolución, respondieron con el planteamiento de las excepciones de incompetencia, falta de fuerza ejecutiva, falsedad o inhabilidad del título, pago documentado total o parcial y conciliación, que fueron rechazados por la Jueza ahora demandada sin que se hayan resuelto las excepciones planteadas; pese a que, se realizaron los pagos parciales, más al contrario, se ordenó el desapoderamiento; emitiéndose en consecuencia, el Mandamiento de Desapoderamiento de 4 de febrero de 2026; ante lo cual, plantearon recurso de reposición pidiendo se revoque el mismo; empero, sin que sea resuelto, la Oficial de Diligencias ejecutó dicho mandamiento, en flagrante vulneración de derechos, en la que los ahora codemandados, activando medidas o vías de hecho, lograron desalojarlos de su vivienda junto a los anticresistas; además de, sustraerles joyas, dinero y artefactos electrónicos.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte impetrante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la defensa, sin citar norma constitucional alguna.
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