Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0196/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 49937-2022-100-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 82/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 105 a 109, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Mallea Chávez contra Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Freddy Gonzalo Álvarez Condori, ex Fiscal Departamental ambos del departamento de Oruro; y, Lourdes Rivera Aguilar, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 3 y 5 de agosto de 2022, cursantes a fs. 1 y 59 a 61 vta.; y, 65, el accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que sigue a David Oviedo Rodríguez -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa previsto en el art. 335 del Código Penal (CP), señala que se evidenciaron graves vulneraciones al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y prohibición de la arbitrariedad, atribuibles tanto al Fiscal Departamental de Oruro -demandado- como a la Fiscal de Materia -codemandada-.
Respecto al ex Fiscal Departamental de Oruro codemandado, afirma que al ratificar la Resolución Fundamentada de Rechazo -de 26 de mayo de 2017-, incurrió en incongruencia y falta de motivación, basando su decisión en argumentos retóricos y valoraciones arbitrarias, sin que se hubiera iniciado una investigación efectiva; omitió deliberadamente la prueba documental presentada; no analizó adecuadamente la posible configuración de los delitos de estafa y estelionato, pese a que el tercero interesado habría vendido un bien ajeno, vulnerando así el debido proceso.
En cuanto a la Fiscal de Materia codemandada, sostiene que emitió la referida Resolución de Rechazo con incongruencia y sin una valoración integral de los elementos probatorios recolectados; afirmando que, del análisis del cuaderno de investigaciones, se advirtió la existencia de un autor plenamente identificado, así como informes de la unidad de sistemas del Ministerio Público, que dieron cuenta de que el tercero interesado registraba cuatro denuncias adicionales por la presunta autoría del delito de estafa, las cuales fueron formuladas por otras personas, además de contar con elementos objetivos, como la disposición de dinero por parte de las víctimas y las boletas de pagos parciales efectuados al nombrado, todos ellos bajo un mismo modus operandi, que pese a existir suficientes elementos probatorios que evidenciaban la reiteración de la actividad delictiva, la Fiscal de Materia codemandada emitió una resolución de rechazo incoherente y sin respaldo en el cuaderno de investigaciones, afirmando erróneamente la insuficiencia de pruebas, que se sustentó en un rechazo previo, el cual era inexistente en el expediente de su caso, y aunque esas irregularidades fueron objetadas, el ex Fiscal Departamental codemandado concluyó arbitrariamente que no se podía probar la comisión del delito de estafa, ignorando la prueba existente.
Asimismo, cuestionó la actuación del Ministerio Público en el marco del modelo de fiscalías especializadas en procesos por estafa, los fiscales omitieron dictar resoluciones debidamente fundamentadas y valorar objetivamente las pruebas, dejando en indefensión a las víctimas; pese a la existencia de daño económico y elementos probatorios suficientes, las investigaciones no fueron adecuadamente reconducidas ni se atribuyeron responsabilidades penales, incurriéndose en arbitrariedad e incongruencia que vulnera el derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia.
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